Un informe realizado por La Cocina de los Cuidados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que se profundizó el recorte en políticas de cuidado durante el segundo trimestre del actual gobierno nacional. De las 47 iniciativas evaluadas, 24 fueron derogadas o desmanteladas, mientras que 16 están en riesgo. Sólo siete de estas medidas permanecen vigentes, reflejando cambios significativos en su implementación.

“La desarticulación de la mesa de cuidados y el retiro del Estado del territorio generan consecuencias graves para las poblaciones más vulnerables, como la niñez, la primera infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad”, afirmó Lucía Cirmi, coordinadora del monitor que tiene como fin realizar una base de información dinámica y colaborativa para sistematizar el impacto de los cambios en las principales políticas públicas.

Según Cirmi, "es grave paralizar la obra pública, especialmente en proyectos de primera infancia y en la ampliación de infraestructura. Estas áreas son cruciales porque es donde comienzan las desigualdades entre los niños". La falta de instalaciones adecuadas afecta tanto a los niños como a las mujeres, quienes a menudo no pueden reincorporarse al trabajo por la ausencia de espacios de cuidado.

Desde el monitor, sobre el cual se realiza el informe, surge la preocupación por el contexto macroeconómico, agravado por la inflación acumulada del 72% de enero a mayo de 2024, según el INDEC, y la disminución del 15% del salario registrado privado en términos reales desde diciembre. 

Además, los gastos totales del Estado nacional disminuyeron un 27% respecto al año anterior, mientras que los pagos de intereses de la deuda aumentaron un 1.5%. "Estas medidas contribuyeron al incremento de los índices de pobreza y a una significativa reducción del empleo privado formal, con un aumento del desempleo".

X de CELS

El monitor destacó que el gobierno prioriza las transferencias de ingresos directas a las personas. Sin embargo, estas acciones no abordan de manera integral los problemas ni los efectos de la recesión en el empleo o el retiro del apoyo estatal en los territorios. Aunque ajustadas por inflación, estas ayudas no son suficientes para satisfacer las necesidades básicas de muchas familias. "Muchos no logran cubrir la cantidad de comidas del día", indicó la economista. A su vez, "los cuidados comunitarios quedaron sin recursos, no tienen los alimentos o los subsidios para gastos corrientes", completó.

Rol del Estado

Según el segundo informe de La Cocina de los Cuidados, el cierre de delegaciones provinciales de organismos como PAMI, ANDIS y Desarrollo Social afectó la entrega de alimentos, así como el funcionamiento de centros y programas de desarrollo territorial. La coordinadora subrayó que este retiro del Estado del territorio y el cierre de las delegaciones provinciales de diversos organismos “agravó las desigualdades”.

De las 47 iniciativas evaluadas, 24 fueron derogadas o desmanteladas, mientras que 16 están en riesgo. 

El documento señaló, también, que el Plan 1000 Días, diseñado para garantizar derechos y cuidados esenciales para la primera infancia, tiene la mayoría de sus acciones paralizadas. "Había tres líneas de financiamiento de infraestructura, las tres están en ejecución cero", afirmó Cirmi. Además, los programas alimentarios presentan una ejecución muy baja de los presupuestos asignados, lo que agrava la situación de inseguridad alimentaria.

“Cada vez que se achica el Estado, se agrandan las responsabilidades de cuidado en la casa. Esto recae, sobre todo, en una mayor desigualdad para la niñez y las personas mayores, y en una mayor carga de cuidados para las mujeres”, reflexionó la coordinadora de la investigación. 

En el informe también destaca que el cierre del Ministerio de las Mujeres afectó gravemente los programas y políticas contra la violencia de género. Iniciativas clave como Acompañar y Acercar Derechos fueron suspendidas, dejando a muchas mujeres y personas LGBTIQ+ en una situación de extrema vulnerabilidad. 

Programas vigentes

Entre las políticas que aún permanecen vigentes se encuentra la actualización salarial de la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares que garantiza incrementos para las trabajadoras del sector. Por otro lado, el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) continúa resguardando los derechos de las trabajadoras embarazadas y en período de lactancia.

Asimismo, la Canasta de Crianza brinda asistencia económica a familias con hijos menores, mientras que el PAMI mantiene la provisión gratuita de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados. Además, la Prestación Alimentar garantiza la nutrición de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

El informe destaca que el subsidio para auxiliares domiciliarios sigue ofreciendo apoyo financiero a quienes brindan cuidados en domicilios particulares. Finalmente, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares (AF) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) continúan proporcionando soporte económico a familias vulnerables.

En peligro

El documento informó que varias iniciativas esenciales están en peligro, lo que podría afectar gravemente a sectores vulnerables. Los planes que aseguran el acceso a medicamentos no cubiertos por el PAMI podrían ser eliminados, comprometiendo tratamientos críticos. Además, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, vital para planificar políticas de cuidado, podría ser suspendida.

La implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) corre el riesgo de sufrir retrocesos. Igualmente preocupante es la estabilidad y el monto de las jubilaciones, amenazados por posibles reformas que afectarían la sostenibilidad del sistema previsional. También, las licencias de cuidado, fundamentales para atender a familiares, podrían ser recortadas.

Asimismo, el Programa Progresar, que otorga becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad, y el Programa REMEDIAR, encargado de la distribución gratuita de medicamentos esenciales, están en riesgo. Además, el Mapa Federal del Cuidado, que mapea recursos de cuidado en todo el país, podría ser desmantelado, afectando la organización y distribución de estos servicios.

Discontinuados

Varios programas fueron discontinuados, lo que afecta directamente a sectores más necesitados. Entre ellos, se encuentra ACOMPAÑAR, así como las Áreas de Género de los Ministerios Nacionales en Provincias y Municipios, que dejaron de operar. También se eliminaron los Asistentes Domiciliarios (ex ANDIS) y las iniciativas de Capacitación en Cuidados. Además, la Cuenta Satélite Oficial y la Educación Sexual Integral (ESI) fueron descontinuadas.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), los kits de lactancia y la Ley Micaela también quedaron fuera de funcionamiento. Asimismo, la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sufrieron cierres. Otros programas, como el Plan ENIA, el Plan Mil Días y el Plan Nacional de Primera Infancia (EPI), así como las prestaciones del Plan Nacional de Primera Infancia, también fueron eliminados.

Además, el monitor señaló que se desmantelaron iniciativas relacionadas con la infraestructura del cuidado (MOP-CDIs), el Programa Generar, el Programa Igualar para Empresas y el Programa Registradas. La provisión de alimentos a comedores, el Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, la Subsecretaría de Violencia de Género y la Vivienda Activa PAMI-Ministerio de Vivienda ya no están en funcionamiento.