El camino hacia la igualdad: instituciones y leyes de género en Argentina desde el retorno a la democracia

En las últimas décadas, Argentina se ha posicionado como uno de los países más avanzados de América Latina en la implementación de políticas públicas a favor de la equidad de género y los derechos de las mujeres y minorías. Desde la vuelta a la democracia, se han desarrollado iniciativas trascendentales que sentaron las bases para la promoción de la igualdad y la inclusión. 

Para diciembre de 1983, el país comenzó un camino de revalorización y ampliación de los derechos humanos que se oficializó en marzo de 1984 con la Ley 23.054 de aprobación al Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional que prevé derechos y libertades que deben ser respetados por los Estados parte. De esta manera se inaugura una etapa de ampliación de derechos.

Durante el período de 1984 a 1989 se aprobaron e implementaron normas significativas vinculadas a género. En 1987, el presidente Raúl Alfonsín creó la Subsecretaría de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, convirtiéndose así en la primera institución de género del país con estructura, presupuesto, encargada de promover la igualdad para las mujeres. 

Entre 2019 y 2023, se asistió de manera directa a 1,6 millones de personas en situación de violencia de género, y se fortaleció la red de hogares y refugios en todo el país.

En 1991, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, se dio otro paso formal hacia la institucionalización de políticas de esta índole: se creó el Consejo Nacional de la Mujer, organismo que sentó las bases en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y la modificación sociocultural que supuso el crecimiento de la participación y la visibilidad de las mujeres en espacios públicos y políticos.

En 2006, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se creó la Oficina de Violencia Doméstica, dentro del ámbito de la Corte Suprema de Justicia, para atender casos de violencia familiar, y el Observatorio de la Discriminación, encargado de monitorear y prevenir prácticas discriminatorias por género u otras causas.

Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner aumentaron medidas para avanzar en materia de género. Dos cuestiones se posicionaron en estos períodos: por un lado, la creación del Consejo Federal contra la Trata de Personas y la línea 145 gratuita para recibir denuncias desde cualquier punto del territorio nacional las 24 horas del día. Con esta normativa se rescataron 8.325 víctimas; por otro, se aumentaron las penas para homicidios motivados por cuestiones de género. También se erradicó la oferta sexual en medios de comunicación por medio del Decreto 936.

Para 2017, con la presidencia de Mauricio Macri, se reemplazó al Consejo Nacional de la Mujer por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). El organismo funcionó como un ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Salud y Desarrollo Social encargado de elaborar políticas, programas e iniciativas destinados a la empoderación femenina y a la reducción de la brecha de género. 

El INAM fue la autoridad de aplicación de la Ley 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”. En 2019, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se reemplazó al INAM por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. El organismo fue creado para abordar toda la problemática relativa a las violencias de género, femicidio, diversidad sexual y de género, participación política y trabajo de cuidados. Entre 2019 y 2023, se asistió de manera directa a 1,6 millones de personas en situación de violencia de género y se fortaleció la red de hogares y refugios en todo el país.

Asimismo, más de 300 mil mujeres y personas trans fueron asistidas mediante el Programa Acompañar, que brinda apoyo económico y psicosocial. La Línea 144 también vio incrementados sus servicios. Con el cupo laboral trans se garantizaron 700 inserciones laborales en el Estado, facilitando el acceso al empleo formal para esta población.

Si bien el gobierno actual de Javier Milei lleva solamente tres meses de gestión, una de las primeras medidas tomadas fue prescindir del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para crear una Subsecretaría de Políticas de Igualdad, dentro del área del Ministerio de Capital Humano. Además, se suspendió por el plazo de 180 días al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y se prohibió la utilización del Lenguaje Inclusivo dentro de la administración pública.

“Un salto en la importancia”

La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad significó un hito no solo para la Argentina, sino para todo Latinoamérica. El Auditor.info se contactó con la última ministra que estuvo a cargo de la institución antes del cierre, Ayelén Mazzina quien repasó los logros del país en materia de derechos durante los últimos años.

Mazzina destacó el marco normativo e institucional que sitúa a “Argentina como líder de género a nivel internacional”, gracias a la ratificación de convenciones como la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

"Nuestro país ha implementado políticas muy significativas para promover la igualdad y proteger los derechos", enfatizó la exfuncionaria, quien enumeró leyes claves como la de Educación Sexual Integral (2006), Protección Integral contra la Violencia de Género (2009), Matrimonio Igualitario (2010), Identidad de Género (2012), Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (2017), Cupo Laboral Travesti Trans, DNI No Binario y la emblemática Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020) que vino acompañada de la Ley de los 1000 Días.

"Logramos romper varias estructuras al interior del ámbito público, aunque el Poder Judicial siempre fue un obstáculo", lamentó Mazzina sobre la implementación de la capacitación obligatoria en género para la administración pública que establece la Ley Micaela de 2018. Esta norma fue calificada como "sumamente transformadora en lo social y cultural" por la exministra.

Mazzina también valoró la creación en 2019 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que consolidó "un compromiso histórico con los movimientos feministas". Además, resaltó el Gabinete de Transversalización que buscaba dar continuidad a las políticas de género en todo el Ejecutivo Nacional.

No obstante, la ex funcionaria advirtió que estamos asistiendo a “momentos de retroceso” con el actual gobierno y llamó a no dejar que “nos roben todos los derechos adquiridos, que tanto nos costó”. La ex ministra pronosticó que "desde las calles, vamos a poner en tensión aún con miedo todo lo que sea un retroceso para nuestra Patria".

"Estamos ante un gobierno que desprecia al pueblo pero sobre todo a las mujeres y las diversidades. Por eso este 8M, vamos a avanzar con fuerza y resaltar el concepto de unidad para no dejar que el enemigo nos destruya", enfatizó Mazzina.

Mazzina también subrayó que, pese a los avances normativos nacionales, hubo provincias que fueron vanguardia en temáticas como la gestión menstrual, lo que "es válido reconocer" como logros de "compañeras y compañeros que desde las periferias vienen luchando por la real igualdad".

"Tenemos la potencia para transformar esto desde afuera, desde las calles", sentenció Mazzina, de cara a las movilizaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Controles hechos por la AGN

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó distintos controles sobre políticas vinculadas a cuestiones de género. Uno de los informes estuvo vinculado al Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ+ donde detalla falencias de carácter administrativo. Asimismo, propuso mejoras para el control interno del programa y el orden de los procesos.

En cuanto a los recursos humanos, la Auditoría señaló que la cantidad de personas implicadas en las actividades fue limitada, ya que al momento de revisión solo había 12 personas realizando 9 actividades.

Otro informe estuvo relacionado con las acciones dirigidas a la prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia de género durante el período 2019-2021. Allí se destaca “un marco normativo sólido” y se observó que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019 marcó un “salto en la importancia” asignada por el Estado Nacional a la reducción de las brechas de género estructurales y en el incremento de los recursos asignados a las políticas de género fueron calificados como “significativas”. 

En cuanto a la suba del presupuesto, la AGN detalló que en 2021 se destinó 29 veces más del total de los recursos asignados al Instituto Nacional de las Mujeres en 2019. El presupuesto de 2021 fue el único del periodo auditado en el que existió consistencia entre el diseño y los programas implementados por el organismo.

Cronología de normativas en materia de género:

• 1985 - Se sanciona la Ley 23.179 de aprobación de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Además, la Ley 23.226 otorga el derecho a pensión del cónyuge en las uniones de hecho. La equidad entre la patria potestad compartida entre el padre y la madre en relación a los hijos se hace presente con la Ley 23.264.

• 1986 - Por medio del Decreto 2274/1986 se establece el derecho a decidir sobre la propia reproducción. La igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadoras y trabajadores queda establecida por la Ley 23.451.

• 1987 - Se sanciona la Ley 23.515 que otorga el derecho al divorcio vincular y a volver a contraer matrimonio. Además, quita la obligación para las mujeres de establecer el domicilio en el del cónyuge y de llevar la preposición “de” y el apellido del esposo.

• 1990 - Mediante la Ley 23.798 se declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, se establece el requisito del consentimiento informado y reitera la confidencialidad frente al test y sus resultados. Con la Ley 24.012 de Cupo Femenino se determinó que al menos el 30% de las listas electorales de los partidos políticos estuviera ocupado por mujeres. Esta fue la primer normativa de esta índole sancionada en todo Latinoamérica.

• 1994 - Con la incorporación de la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar se empezó a cuestionar la naturalización de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. La Ley 24.429 habilitó a las mujeres a ingresar al Servicio Militar Voluntario. La Reforma Constitucional de ese año le dio rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y al Pacto de San José de Costa Rica.

• 1995 - La Ley 24.453 elimina el delito de adulterio del Código Penal y por medio de la Ley 24.515 se crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) para combatir todas las prácticas discriminatorias. Con la normativa 24.660 se estableció que las penas de privación de la libertad deben ser cumplidas en establecimientos según el sexo, a cargo del personal femenino y debe brindar atenciones específicas para las internas embarazadas y con hijos o hijas lactantes.

• 2000 - La Ley 25.273 garantizó un Régimen Especial de Inasistencias Justificadas para alumnas que estén embarazadas y cursen en todos los niveles en todas las jurisdicciones. Por otro lado, se sumó la Ley 25.674 de Asociaciones Sindicales donde se establece que la participación femenina en las unidades de negociación colectiva de las condiciones laborales tiene que ser representativa de la cantidad de trabajadoras en la rama o actividad de que se trate.

• 2003 - Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

• 2004 - Ley 25.929 de parto respetado y las obras sociales que deben brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en la normativa respetando el proceso de embarazo y de parto.

• 2005 - Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la eliminación de la discriminación de género.

• 2006 - Ley 26.130 que regula el acceso a la contracepción quirúrgica para toda persona mayor de 18 años con el sólo consentimiento informado. Ley 26.150 que establece el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todas las jurisdicciones, y crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

• 2007 - El Ministerio de Salud de la Nación impulsó una serie de protocolos de garantía para la atención humanitaria del postaborto y los abortos no punibles de acuerdo con el Código Penal. Así surge el primer “Protocolo de atención de aborto no punible” base de las modificaciones que se fueron dando en 2010 y 2015, hasta llegar a 2019 al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.

• 2008 - Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

• 2009 - Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La ley 26.485 marca un hito a nivel de defensa del derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, la nueva década de 2010 abre con una ampliación de derechos para los colectivos de diversidad sexual vanguardista a nivel mundial.

• 2010 - Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, que permite contraer matrimonio civil a personas del mismo sexo.

• 2012 - Ley 26.738 de delitos contra la integridad sexual, que quita la figura del avenimiento para exculpar al violador. Ley 26.743 de Identidad de género, que reconoce el derecho de las personas a ser tratadas y registradas legalmente con la identidad genérica autopercibida y al acceso a tratamientos médicos para la adecuación a dicha identidad. Asimismo, la Ley 26.791 agravó los homicidios relacionados con la violencia de género en el Código Penal. Se modifica la Ley 26.364 por 26.842 para Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. 

• 2013 - Ley 26.862 que garantiza de forma gratuita el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, a toda persona mayor de edad, independiente del estado civil u orientación sexual.

• 2015 - Primer Ni Una Menos. Una multitudinaria marcha el 3 de junio impactó en los modos en que los ámbitos de decisión política verían al sujeto político “las mujeres” y cambiaría el abordaje de la cuestión de la violencia y los femicidios, dirigiendo recursos a estas problemáticas. 

• 2017 - Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo descentralizado en la órbita del ministerio de Desarrollo Social, cuya función consistió en diseñar políticas para la implementación de la Ley 26.485. También se lanza el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres. Otro hito importante fue la sanción de la Ley 24.412 de Paridad de Género en ámbitos de representación política para garantizar el cupo femenino en las listas.

• 2018 - Obtiene media sanción el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Fue rechazada en el Senado, pero dejó sentadas las bases de la legitimidad del reclamo. También se promulgó la Ley Brisa que estipula un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuya madre, padre o afín haya muerto a causa de violencia de género o dentro de la familia.

• 2019 - Se reabre la oficina de ONU Mujeres en Argentina. Se aprueba la normativa 27.499 conocida como Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles, jerarquías y poderes del Estado. A la vez, se incorporó la Ley 27.521 de Sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria, impulsado por organizaciones que promueven la diversidad de cuerpos.

• 2020 - Decreto 721/2020 de cupo laboral para personas trans en el Sector Público Nacional, que establece que los cargos deberán ser ocupados por personas trans en una proporción no inferior al 1%. Nuevamente pasa por el Legislativo la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se suma además, la Ley 27.610 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. También, el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social recomendó, por medio de una resolución, la utilización del lenguaje inclusivo con el fin de evitar expresiones sexistas y migrar de la masculinización sin discriminación interpelando todos los géneros.

• 2021 - Se presenta el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo por medio de la resolución ministerial 1531/2021. Asimismo, a la Ley de Cupo Laboral Trans se le agrega, por medio del Decreto 476/21 la nomenclatura “X” en el DNI y pasaporte para quien no se identifique ni con el sexo femenino, ni con el masculino.

• 2023 - El 23 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la Ley Olimpia, norma que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, además de incluir los discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje, entre otros. 

• 2024 - Por medio del Decreto 11/2023, el Ejecutivo ordena el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Se oficializa a Claudia Barcia como titular de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género dentro del ministerio de Capital Humano.