Dentro de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires existe la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. La misma tiene como objetivo garantizar, promover y difundir los Derechos Humanos, sus valores y principios, y el pluralismo social y cultural, a través de programas y políticas tendientes a valorizar el respeto por la diversidad.

En línea con esos fines, se creó el Programa Integral de Promoción de los Derechos LGBTIQ+, que busca desarrollar políticas públicas con el fin de asegurar a las personas de este colectivo el ejercicio pleno, y en condiciones de igualdad, de sus derechos y libertades, el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social, económico-laboral, en el ámbito de la salud y educación, así como en cualquier otro ámbito de la cotidianeidad.

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) relevó la normativa de creación, organigrama, manuales de organización y de procedimientos del programa en cuestión, con el fin de identificar debilidades, fortalezas y áreas críticas.

El principal hallazgo del período auditado, la gestión del 2021, fue que, si bien el programa realizó varias actividades con diferentes propósitos de prevención, promoción y protección para un abordaje integral del colectivo LGTBIQ+, su deficiencia es con respecto a los aspectos normativos: la ausencia de norma específica del programa y de las actividades, la existencia de normas de menor rango que no contemplan lo emanado de normas de mayor jerarquía, y la ausencia de principios para la rendición de cuentas.

Debilidades de normativa

En el programa se incluyeron talleres de diversidad dictados en entidades públicas y privadas, y actividades de prevención, que involucran acompañamiento asistencial y acciones específicas, enmarcadas en el Plan Integral de acceso al Trabajo para personas Trans (PITT), la Red Diversa, la Casa Trans y la Casa Orgullo.

Las falencias en normativa implican el riesgo de la continuidad de las actividades ante un cambio de gestión.

Estas iniciativas abordan las problemáticas del colectivo de manera integral, ya sea desde la inserción laboral, el aprendizaje de oficios, el acceso a la salud, y la participación y disfrute de actividades culturales.

Según el informe de la AGCBA estas iniciativas no cuentan con normativas, manuales y/o lineamientos operativos, lo que constituye una debilidad del control interno.

Además, la norma que establece requisitos y circuitos para la tramitación de subsidios por parte de las organizaciones del colectivo LGTBIQ+ carece de principios básicos para la rendición de cuentas de los mismos, y no explicita la forma en que una ONG pueda solicitar ser acreedora de este beneficio.

Aspectos a mejorar

La AGCBA detalla también en su informe que las falencias en normativa implican el impedimento de determinar la dinámica de las actividades, los procesos implicados en las gestiones de los programas, la medición de estándares, la detección de desvíos o acciones de mejora y, sobre todo, el riesgo de la continuidad de dichas actividades ante un cambio de gestión.

Por último, en cuanto a los recursos humanos, la auditoría señala que la cantidad de personas implicadas en las actividades es limitada, ya que, al momento de la revisión, había sólo 12 personas realizando 9 actividades. En línea con esto, tampoco existe un servicio legal específico para el abordaje de la ley antidiscriminación, tal como está dispuesto.

La AGCBA concluye que se deberá reforzar el control interno, modificar el dictado de normas, circuitos y/o manuales de procedimiento, y revisar  aquellos que requieren modificaciones, para lograr así la disminución de los riesgos, el fortalecimiento de la gestión y la rendición de cuentas del programa auditado.