Violencia doméstica: crecieron un 36% las denuncias en el segundo trimestre del año
Entre abril y junio, se recibieron 2.415 denuncias. El informe fue elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de la Nación.
Entre abril y junio de este año, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibió 2.415 denuncias en total, que involucraron a 3.154 personas afectadas por hechos de violencia intrafamiliar, según lo especificó en el informe estadístico presentado en octubre.
En respuesta a esta situación, la Justicia Civil dictó 8.453 medidas de protección, entre las que se encuentran la entrega de 769 botones antipánico. Los niños, niñas y adolescentes representaron el 32% de las personas afectadas.
El 33% de los casos fueron evaluados como de riesgo altísimo y alto.
Los equipos interdisciplinarios de la oficina, compuestos por médicos, psicólogos, abogados y trabajadores sociales, fueron los encargados de evaluar el riesgo de las personas afectadas. Así determinaron la presencia de distintos tipos de violencia: psicológica (96%), simbólica (51%), física (49%), ambiental (30%), económica y patrimonial (27%), social (11%) y sexual (11%).
El 33% de los casos fueron evaluados como de riesgo altísimo y alto. Las denuncias recibidas fueron derivadas a la Justicia Nacional en lo Civil (99,5%), a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (17%), al fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires (67%) y al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (39%). Se derivaron 175 casos al Programa Proteger (GCBA).
La Justicia Civil ordenó la prohibición de acercamiento a la persona denunciante en el 71% de los casos; prohibición de contacto telefónico o por correo (66%); ordenó otorgar dispositivos antipánico en el 32%; el cese de los actos de perturbación e intimidación (28%) y la prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes (23%), entre otras medidas.
En comunicación con El Auditor.info, desde la Oficina de Violencia Doméstica indicaron que tienen un equipo especializado en la temática que cuenta con herramientas teóricas y estrategias de abordaje para contrarrestar el inmediato impacto emocional que surge del encuentro con las personas que padecen violencia. Además, indicaron que la premisa que guía a la intervención de la oficina es “la conciencia de la importancia en la restitución de derechos y la contribución para que las personas vivan una vida sin violencia”.
"Cuantas más instituciones y/o políticas públicas puedan intervenir en las distintas etapas en que se presente el problema, se constituye una acción eficaz para su prevención y tratamiento”, afirmaron desde la OVD.
Asesoramiento Jurídico
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) fue creada en 2006 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia doméstica.
La OVD trabaja en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de manera interdisciplinaria durante las 24 horas, todos los días del año. Recibe denuncias de violencia doméstica y trata de personas con fines de explotación sexual y de prostitución. Además, la oficina recibe casos derivados de comisarías, hospitales y de organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires.
La organización cumple con lo establecido en el artículo N°37 de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La norma compromete a la Corte a elaborar estadísticas que permitan conocer las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, entre otras.
La OVD elaboró un sistema informático de gestión -validado por Naciones Unidas- que facilita la obtención de datos para la elaboración de informes estadísticos. Esta herramienta resulta un aporte fundamental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la elaboración de políticas públicas en la materia.
Incorporación al PMO
El Plan Médico Obligatorio (PMO) se estableció en 2003 como una resolución del Ministerio de Salud y determina qué prestaciones básicas y esenciales deberían brindar las obras sociales y empresas de medicina prepaga, de manera obligatoria y garantizada, en todos sus planes, desde el más caro al más económico. A su vez, asegura un mecanismo integrado de atención y brinda cobertura en las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto médico como odontológico.
El 27 de octubre pasado, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por la representante de Córdoba, Alejandra Vigo, para incorporar prestaciones asociadas al abordaje integral de la violencia intrafamiliar y de género al PMO. Y, a su vez, pretende adherir los mecanismos necesarios para que las víctimas de género e intrafamiliar puedan recibir la atención adecuada.
En lo que va del año se registró un asesinato cada 29 horas por violencia de género.
“En lo que va del año, se registraron 247 femicidios y 7 transtravesticidios, lo cual refleja un promedio de un asesinato cada 29 horas”, especificó María Eugenia Catalfamo, senadora por la provincia de San Luis y presidenta de la Comisión Banca de la Mujer en diálogo con El Auditor.info. A su vez, aclaró que el fin “no es sólo acompañar a las víctimas, sino prevenir la violencia contra las mismas”.
La senadora aclaró que hasta que la ley entre en vigor, a partir de los 90 días de su promulgación, “todos los agentes involucrados que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados deberán adecuarse para que las victimas reciban la atención requerida”.
“En el último informe del Observatorio Marisel Zambrano, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, se registró que los femicidios cometidos en octubre aumentaron casi un 50% respecto de septiembre”, puntualizó la senadora.
¿Cómo actuar ante un hecho de violencia doméstica?
El trámite se inicia en la oficina de Lavalle 1250, CABA. Los profesionales reciben el relato sobre los acontecimientos y formulan las actas correspondientes. Se realiza una revisión médica y si se encuentran rastros de violencia física, el equipo elabora un informe para evaluar el nivel del riesgo y así, disponer las medidas de protección necesarias. En ese mismo momento, el caso se deriva a los organismos judiciales y administrativos para que se inicie el procedimiento correspondiente.