Cambios en el Potenciar Trabajo: ¿Cómo funcionaba y qué resultado tuvo en estos años?
Mediante un decreto, el plan de inclusión laboral fue reemplazado por “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. El crecimiento de la informalidad laboral, la expansión de la economía popular y la caída de los ingresos en los hogares, entre los factores que explican la vulnerabilidad social.
El gobierno nacional, mediante decreto 198/2024, decidió sustituir el programa de Inclusión Laboral (Potenciar Trabajo) por “Volver al Trabajo”, a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y, además, creó el programa de “Acompañamiento Social”, en el ámbito de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. En ambos casos, el Ministerio de Capital Humano será el encargado de gestionar y dictar las normas administrativas necesarias para la implementación y ejecución de los recursos.
Mientras que “Volver al Trabajo” tiene por finalidad desarrollar las competencias “sociolaborales de los beneficiarios que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral”, “Acompañamiento Social” busca promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares, “apuntando a fortalecer su núcleo familiar y la comunidad en donde viven.”
En el árticulo 4 del decreto se detalla que el Programa de Inclusión Socio-Productiva y desarrollo Local (Potenciar Trabajo) “mantendrá su vigencia hasta que el Ministerio de Capital Humano complete la transferencia y distribución de la totalidad de sus titulares al programa “Volver al Trabajo” o al programa de “Acompañamiento Social”.
Un repaso del “Potenciar Trabajo”
El Potenciar Trabajo fue un programa creado en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social y tenía como objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa”. A cambio de cumplir con la participación en proyectos sociales de índole productiva, laboral y comunitaria, los beneficiarios del programa recibían una remuneración equivalente al 50% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil. En enero de 2024, los beneficiarios del programa recibieron un ingreso de $78.000.
A diciembre de 2023, aproximadamente 1.2 millones de personas eran beneficiarias del Potenciar Trabajo, que tuvo el salto más importante en 2021 al pasar de 549 mil en 2020 a más de 1 millón. En 2022 se alcanzó el máximo de beneficiarios: 1.3 millones de personas.
Focalizado en las poblaciones vulnerables, el programa abarcó principalmente a mujeres entre 18 y 35 años (60%). El 48% de los beneficiarios residía en la provincia de Buenos Aires, y también el 48% declaró como ocupación “trabajadores de comedores y merenderos”.
En 2022, el Ministerio de Desarrollo Social informó que el 1,2% del padrón de beneficiarios accedió a través del programa a un empleo formal. Recientemente, el actual Ministerio de Capital Humano confirmó la cifra en el orden del 1,3%.
En el marco de las políticas sociales, principalmente del tipo de inserción socio laboral, desplegadas por el Estado Nacional, como fueron Trabajo- Argentina Trabajo (2009-2017), Hacemos Futuro (2018-2019) y Potenciar Trabajo (2020-2024), los recursos destinados se vieron incrementado año tras año. Ajustados a valores de 2023 para eliminar el efecto de la inflación sobre los valores nominales, el pico de inversión en este tipo de programas se alcanzó en 2022, $1.092.903.928.738 millones, equivalentes al 0.57% del PBI. En 2023, representó el 0,52% del PBI y en 2020, en el contexto de la crisis sanitaria un 0,52% del PBI.
La economía popular y el Potenciar Trabajo
En los últimos 15 años, la economía popular se ha consolidado como el modo de vida de millones de personas. Las profundas transformaciones del mundo laboral, la informalidad, intermitencia, precariedad salarial, entre otras situaciones son las que definen el contexto socio-económico y que explica la expansión ininterrumpida de una población expuesta a niveles cada vez mayores de vulnerabilidad social.
Recién a partir del 2020 se disponen datos unificados que intentan representar esta realidad para ser objeto de políticas de protección social. Para ello, el Estado Nacional creó Registro Nacional de la Economía Popular (ReNaTEP), un registro que tiene como meta generar datos y producir conocimiento para institucionalizar un sector socio-productivo concreto dentro del sistema económico. Según los últimos datos publicados por el ReNATEP, el número de inscriptos ascendió a 3.6 millones de personas, de las cuales el 53% son mujeres a marzo 2023.
El aumento progresivo y constante de inscritos en el ReNaTEP responde principalmente a una situación señalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se centra en el proceso acontecido durante el proceso de contracción económica dado entre 2019-2020, momento en que los empleos informales cayeron un 50.7%, para luego recuperarse en el periodo de crecimiento 2021-2022 en un 92.2%. La recuperación post pandemia implicó un crecimiento de los trabajos informales más que de empleos formales. Además, en Argentina, la informalidad laboral afecta al 50% de los/as trabajadores (principalmente a las mujeres y jóvenes). Una persona que está empleada en un trabajo informal tiene entre 2 y 5 veces más probabilidades de ser pobre.
El Potenciar Trabajo y las politicas sociales
Fundación Éforo desarrolló un informe en el que analiza datos públicos sobre las transferencias monetarias en el marco de programas sociales vigentes en Argentina. Allí se remarca que en Argentina, el gasto en Seguridad Social aumenta de forma progresiva y continua desde 2007, independientemente del contexto económico y de la gestión de gobierno, concluye el trabajo. Sin embargo, “este crecimiento de los recursos públicos asignados a la Seguridad Social es menor que el número de personas beneficiadas. Es decir, una persona recibe más de un beneficio para compensar el escaso valor monetario real de estas transferencias. El Estado argentino gasta la mitad de su presupuesto en la Seguridad Social.” Concretamente, “entre 2019 y 2020, el porcentaje de recursos asignados aumentó un 33%, pero la cantidad de beneficios otorgados aumentó un 48%, por lo que existe un desfase entre los recursos del estado y las políticas de seguridad social”.
Para profundizar aún más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.