“Hay un cumplimiento muy bajo de los estándares de transparencia en los gobiernos locales chilenos”

Paulette Desormeaux es periodista en Chile, cofundadora del medio digital La Pública y vicepresidenta de América Transparente. En diálogo con El Auditor.info contó cómo es hacer periodismo de datos en Chile, cuáles son los obstáculos y cómo utilizan los informes de la Contraloría chilena. Además, repasó algunas de sus trabajos de investigación más importantes en el país vecino.

-¿Cómo es hacer periodismo de datos en Chile?

Como periodista de datos puedo decir que en Chile hay un acceso amplio a información gracias a la Ley de Transparencia e Información Pública, pero también a otros cuerpos legales, como las normas de compras públicas o, incluso, de constitución de empresas. En el país contamos con muchas “fuentes abiertas” para reportear. Su arquetipo es una biblioteca, un lugar donde cualquier persona puede ir y obtener información. Por ejemplo, a través de solicitudes de acceso a información pública hemos obtenido información de reclamos de mujeres esterilizadas en hospitales públicos contra su voluntad, cifras de policías encubiertos en labores de control del orden público o incluso contratos de farmacéuticas con el Estado. Por transparencia activa, encontramos información en los sitios web de organismos públicos referente al personal que contratan, su salario, datos de subvenciones, declaraciones de patrimonio e intereses, entre otros. En el Registro Civil, obtener certificados de nacimiento o matrimonio y así armar mapas de relaciones familiares al investigar la corrupción.

Al conocer todas las fuentes de información oficial es posible encontrar historias periodísticas de forma independiente.

En el Servicio de Impuestos Internos podemos encontrar datos como las fechas de inicio de actividades comerciales o el giro tributario de una persona, así como la valuación fiscal de una propiedad, entre otros. En el Diario Oficial, información de constitución y modificación de empresas, lo que nos permite armar mallas societarias para ver quiénes son los beneficiarios finales de ciertas organizaciones, así como datos de patentes comerciales, derechos de agua y otras cosas. Mercado Público permite descargar información de las adquisiciones de bienes y servicios del Estado, sus órdenes de compra, ver si hay licitaciones o si son contratos por trato directo, etc.

En Infolobby podemos obtener datos de las reuniones que han sido reportadas entre los funcionarios de organismos públicos y lobbistas o gestores de interés, así como el detalle de regalos que han recibido o viajes que han realizado. En la Comisión para el Mercado Financiero obtenemos datos de empresas que transan en la bolsa de comercio y sus hechos esenciales, así como datos de accionistas, memorias, etc. En el Congreso hay datos de gastos operacionales de los congresistas, su asistencia a votaciones y sesiones, sus mociones parlamentarias, entre otra información, como actas de comisiones específicas o actividades legislativas.

También hay sitios como el de la Contraloría que cuenta con un observatorio municipal, donde se pueden encontrar informes de auditoría, de ejecución presupuestaria, o el Registro Central de Colaboradores del Estado, que tiene datos de las transferencias que hacen organismos públicos a instituciones privadas como fundaciones, corporaciones y entidades sin fines de lucro.

Al conocer todas estas fuentes de información oficial es posible encontrar historias periodísticas de forma independiente. Por ejemplo, junto a mi colega Juan José Lyon, hicimos un reportaje en la pandemia sobre más de 100 empresas exprés que se habían creado para proveer productos para combatir el covid y que a los pocos días de constituidas se habían ganado contratos millonarios por trato directo con organismos públicos. Al comparar todas las órdenes de compra de productos para el Covid-19 publicadas en el portal de compras del Estado, con aquellas recibidas por las 100 empresas exprés, descubrimos que en estas había adquisiciones con sobreprecios y contratos con empresarios vinculados a funcionarios públicos. Eso daba indicios alarmantes de cómo se negociaban primero los productos y luego se creaban las empresas. En uno de los casos, la empresa había vendido a un hospital público miles de mascarillas con un sobreprecio escandaloso, al día siguiente de haberse constituido. En 45 días, esa empresa le vendió USD$1,5 millones al hospital y nunca hizo ninguna otra venta a ningún otro organismo público.

¿Cómo lo descubrimos? Trabajando con datos de fuentes abiertas a los que accedimos gracias a la transparencia y que nos permitió construir una base de datos de todas las compras públicas relativas a la pandemia entre enero y diciembre de 2020. Para este trabajo construimos un robot que extrajo información pública comercial y tributaria de ellos desde la web del Servicio de Impuestos Internos y el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía. Así, hicimos una segunda base de datos con las fechas de creación y de inicio de actividades comerciales.

- ¿Qué obstáculos encontrás a la hora de acceder a la información?

Creo que uno de los obstáculos para el periodismo de datos en Chile es que muchos periodistas no están familiarizados sobre cómo funciona el Estado: con quién le reporta a quién y de qué modo. Sin conocer a cabalidad cómo operan los organismos públicos, es muy difícil saber qué documentos o datos podemos conseguir.

Por otro lado, hay un cumplimiento muy bajo de los estándares de Transparencia en los gobiernos locales. Esto implica que muchas veces no respondan a solicitudes de acceso a información pública, o que no cumplan con la norma de transparencia activa que exige la ley y no publiquen datos en sus portales que debieran estar siempre de libre acceso al público.

Otro obstáculo es cuando uno sí encuentra información, pero el formato de los datos es tan distinto que dificulta enormemente trabajarlos. Una misma variable, como los sueldos en personal de gobiernos locales por ejemplo, puede estar en un municipio en PDF, en otro en Excel, en otro en la web, sin un estándar único. Así, para analizar los sueldos del personal de organismos públicos en las distintas regiones del país, es probable que primero debamos sortear la barrera de encontrarnos con una decena de formatos distintos y, además, de presentar amparos ante el Consejo para la Transparencia por información no publicada.

Por otra parte, la calidad de la información muchas veces deja mucho que desear. Por ejemplo, al analizar datos de compras públicas, todo va a depender del nivel de digitación de quienes se encargan de registrar las transacciones. Recuerdo que hicimos un reportaje en pandemia sobre las compras de test rápidos para identificar contagios de Covid-19 y habían compras que no aparecían por haber estado mal escritas las palabras claves, como “covid” o “test”. A veces, también los datos oficiales están mal informados y eso nos obliga siempre a chequear todo, pese a que sean fuentes oficiales. Por ejemplo, el año pasado hice un reportaje sobre transferencias millonarias en convenios entre la intendencia de la región de Los Lagos y unas fundaciones que no tenían experiencia en el rubro para el cual firmaban los convenios. Una de esas entidades aparecía con dos convenios: uno por cerca de 1,2 millones de dólares y el otro por 1.200 dólares. Al verificar la información quedó claro que no eran dos convenios, sino un problema de digitación y en vez de eliminar el registro equivocado, se volvió a subir el dato corregido duplicando el número de convenios.

Otro obstáculo que percibo es que, a diferencia de otros países de la región, en Chile no hay una plataforma única con información sistematizada de proyectos de inversión pública y ejecución presupuestaria de fácil acceso a la ciudadanía y con la posibilidad de descargar los datos oficiales. En Panamá, Argentina, Costa Rica, Honduras, Perú, y muchos otros países de la región, hay distintas versiones de la plataforma MapaInversiones, que georreferencia justamente estos datos y otorga información actualizada de la ejecución de los proyectos y el gasto público. Esa sería una iniciativa extremadamente útil y relevante para Chile, sobre todo en un contexto donde hay cada vez más desconfianza sobre cómo se reparten los recursos públicos. Poder descargar las bases de datos oficiales potenciaría enormemente el trabajo periodístico y la posibilidad de fiscalización ciudadana y disminuiría el tiempo que el Estado utiliza en buscar información que es solicitada por particulares, aumentando la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.

- A la hora de utilizar informes de la Contraloría de Chile, ¿qué cambiarías para que sean más comprensibles y qué partes destacás?

Lo que destaco de los informes de Contraloría es la rigurosidad y el gran detalle de la información que se presenta. Destaco que muestran la metodología con la cual llegaron a las conclusiones, presentan el marco jurídico, con quiénes hablaron, qué documentos pidieron, en qué tiempo, cuáles son las observaciones que hicieron y cómo cambiaron esas observaciones luego de la auditoría.

Es muy importante analizar en detalle todo lo que dicen los informes de Contraloría.

Si bien puede ser tedioso, y está escrito para que un abogado lo entienda, aún así al poder leer el informe, que muchas veces tienen hasta 300 páginas, lo que podemos ver es una identificación del problema, de cómo se investigó, si fue una denuncia lo que le dio origen o si forma parte del programa de fiscalización de la Contraloría, qué antecedentes se tuvo a la vista, qué respondió el organismo investigado ante las observaciones y cuáles son las recomendaciones, las acciones que pide o si es que deriva aquella información al Ministerio Público, ahí sabemos que lo que allí se dice puede ser constitutivo de delito.

Por lo tanto, es muy importante analizar en detalle todo lo que dicen esos informes de Contraloría. Trabajando para Meganoticias, que es el noticiero más visto de la televisión chilena, revisábamos la página de la Contraloría todos los días para ver qué informes y qué dictámenes nuevos habían. Y algunos tienen un lenguaje muy técnico, quizás sería bueno que estos tuviesen una sección donde se explique a la ciudadanía, pero en el fondo son una fuente muy importante de información. A veces pasa que hay periodistas que tienen acceso a informes relevantes de la Contraloría antes de que estén en el sitio web y eso para nosotros es un problema.

La Contraloría en Chile tiene un observatorio municipal, donde podemos encontrar informes de hospitales públicos, subvenciones escolares. Todo aquello que afecta la vida de las personas, que tiene dinero público, probablemente lo fiscalizó la Contraloría. Por eso, destaco el nivel de detalle que nos permite contar una historia y lo que cambiaría sería sumar al resumen ejecutivo una ficha para que la ciudadanía lo entienda.

-¿Qué es la Fundación América Transparente y qué objetivo tiene?

Somos una Fundación que cree que la transparencia en la sociedad civil y en el Gobierno, y la posibilidad real de las personas de fiscalizar a las instituciones a su servicio, son claves para el desarrollo de democracias estables y mercados libres y competitivos. Los países latinoamericanos han experimentado avances notables en transparencia en los últimos diez años. Sin embargo, ha aumentado la opacidad. Hoy hay más información disponible en las páginas web acerca de gasto público y privado, contrataciones, sueldos de funcionarios o actas de instituciones privadas o de gobierno.

Sin embargo, dicho acceso sigue siendo limitado por barreras tecnológicas, que impiden que una persona sin mayores conocimientos de informática pueda responder en forma simple la pregunta que desea hacer. Formatos de archivos que dificultan la búsqueda, pero intencionalmente colocados en lugares donde su acceso es más difícil, hacen que las preguntas de los ciudadanos rara vez tengan respuesta y la transparencia parezca en Latinoamérica estar sólo al servicio del periodismo investigativo.

Por eso, nos hemos concentrado en usar la tecnología para acercar la transparencia a las personas, creando un buscador de sueldos públicos, uno de beneficiarios directos de empresas y uno de relaciones familiares entre notarios y los miembros de organismos encargados de legislar sobre su actividad y de designar a los abogados que utilizan el cargo, además de otras esferas de poder.

La información con la que se construyen nuestros buscadores proviene de fuentes abiertas. Dueños Directos, el buscador de beneficiarios directos de empresas, se alimenta de los datos obtenidos del Diario Oficial de Chile y del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía. Reguleque sistematiza los datos de los distintos portales de transparencia activa de diversas entidades públicas, como ministerios, municipalidades, hospitales, etc. Y Poder Notarial se construyó con la información de las notarías disponible en el Poder Judicial, más un cruce de relaciones familiares, utilizando fuentes abiertas como el Registro Civil.

En los últimos años nos hemos dedicado a publicar investigaciones sobre conflictos de interés y potencial corrupción en gobiernos locales. Hemos empujado la barrera de lo posible en términos de transparencia al litigar para que las corporaciones municipales, que son entidades privadas pero que operan con dineros públicos, también estén sujetas a la Ley de Transparencia. Nuestras investigaciones han tardado más de tres años y dos juicios de por medio para lograr sentar jurisprudencia respecto a la publicidad de la que deben ser objeto estas entidades que, más allá de la figura legal con la que fueron constituidas –como corporaciones u organizaciones funcionales – cumplen una función pública con dinero público y por ende, a nuestro juicio, debemos poder conocer el destino y uso de esos recursos. De otro modo, fácilmente pueden convertirse en las cajas negras pagadoras de favores políticos municipales.

-¿Qué es La Pública y a qué se dedican?

La Pública es un medio digital independiente que hace investigaciones de temas de derechos humanos en base a la Ley de Transparencia. Hacemos un uso sistemático y estratégico de la Ley, probando y empujando los límites del sistema de acceso a la información en Chile. 

Solicitamos y ganamos, por primera vez en Chile, acceso al número de funcionarios policiales encubiertos durante los días más álgidos del estallido social; obtuvimos acceso a los informes de uso de la plataforma de videoconferencia Zoom de funcionarios del gobierno durante la pandemia, en donde se registraron reuniones no reportadas por Ley de lobby; abrimos la discusión pública sobre el acceso a los cuadernos y manuscritos de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, liberamos por primera vez en Chile imágenes grabadas por cámaras corporales de Carabineros, entre otros datos.

Para contar nuestras historias, creamos a una extraterrestre llamada Amparo que está inserta en los distintos contextos sociales y políticos de Chile y se hace preguntas que busca responder a través de solicitudes de Transparencia. Así, si hablamos de policías encubiertos, usamos de referencia gráfica el videojuego Among Us, si hablamos de las reuniones por zoom, usamos la Matrix, etc. Además, cuando hacemos una investigación publicamos el resultado y todos los documentos que sirvieron de base e incluso el modelo de cómo solicitar la información.

Mientras más ojos haya sobre las acciones de un funcionario, menores son las posibilidades de que se atreva a hacer algo en contra del interés público. 

Si se compara con otros sistemas de transparencia en el mundo, el chileno es un sistema bueno y eficiente. Los tiempos de respuesta en general se respetan y los organismos responden a las solicitudes que hace la ciudadanía o los medios de comunicación, como La Pública. La denegación del organismo público siempre debe ser fundamentada en alguna de las causales que considera la ley y el proceso de amparo ante el Consejo para la Transparencia es muy sencillo.

De todas formas, hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, en el mundo municipal, se han destapado casos de corrupción, pero muchas veces los organismos simplemente no responden a las solicitudes de acceso y eso queda sin sanción.

La transparencia y el acceso a la información son realmente importantes en Chile. Los periodistas y medios de comunicación utilizan mucho la ley para encontrar pistas sobre temas para reportear e, incluso, situaciones irregulares o fallas en las políticas públicas se han descubierto a través de información obtenida por transparencia o en los repositorios de transparencia activa. Por ejemplo, con La Pública hemos logrado acceso a documentos y material inédito a través de transparencia, como los registros de las cámaras corporales de Carabineros durante el estallido social de 2019, que mostraban violaciones a los protocolos del uso de la fuerza de la policía, o las actas de reuniones secretas que se hacían al final de la dictadura entre Pinochet y los civiles.

Lo mejor es que esta información que hemos conseguido no sólo queda en reportajes, sino que la ciudadanía la utiliza de forma activa. Desde La Pública creamos un repositorio de respuestas a solicitudes de acceso a la información, que se llama Archivo Ciudadano, que se ha convertido en un recurso de acceso a la información único en Chile. Con ese repositorio queremos responder justamente a una de las tareas pendientes de la Ley de Transparencia chilena, que es hacer que la información que se entrega vía transparencia, sea efectivamente pública y accesible para todos y todas.

Hoy, cuando una persona pide una información por Transparencia, el organismo público le responde a quien solicita, pero esa respuesta no queda a disposición del público en ninguna parte. Eso conlleva a que si alguien más quiere preguntar lo mismo, deba ingresar una nueva solicitud de acceso, volver a esperar un mes a que respondan, quizás enfrentarse a una nueva negativa y presentar un amparo ante el Consejo para la Transparencia, esperar los meses que tomé la resolución del consejo, etc. En La Pública, en cambio, hemos indexado las respuestas de transparencia que recibimos para que si alguien busca la misma información no deba solicitarla de nuevo y pueda descargarla fácilmente de nuestro sitio.

Por ejemplo, los videos de las cámaras corporales de Carabineros están disponibles en el Archivo Ciudadano y, desde ahí, se han descargado y utilizado de diferentes formas, desde pruebas en causas judiciales de derechos humanos, hasta como material audiovisual en documentales. Asimismo, hemos subido documentos que hemos conseguido para nuestros reportajes, como una base de datos de los parques eólicos de Chile que pedimos al Ministerio de Energía y que es información inédita. Hoy, si googleas cuántos parques eólicos hay en Chile, el primer resultado será el Archivo Ciudadano de La Pública, con información oficial del Ministerio obtenida por Transparencia.

- En materia de transparencia y acceso a la información, ¿Qué desafíos quedan en Chile?

Uno de los desafíos es el de igualar la cancha entre los organismos públicos y aquellos que, sin ser estatales, reciben fondos públicos. Por ejemplo, las corporaciones municipales y asociaciones funcionales. Estos últimos no han tenido el mismo estándar de transparencia que los municipios, por ser entidades privadas, pero reciben recursos públicos y ejercen funciones propias de los municipios, por lo que actualmente la jurisprudencia ha determinado que deben entregar información de esos dineros cuando es solicitada vía Ley de Transparencia.

El objetivo es poder fiscalizar cómo y dónde se gastan nuestros recursos. Por otra parte, hoy el Consejo para la Transparencia no da abasto. Creo que si la ley de Transparencia incluyera de forma expresa a las corporaciones y asociaciones municipales, el Consejo se evitaría estar dirimiendo sobre ello cuando estas entidades se niegan a entregar información sobre sus recursos aduciendo que son privadas. Tener la publicidad definida por ley, ayudaría a descomprimir la cantidad de casos que hoy deben dirimir los consejeros del Consejo para la Transparencia. El estándar debiese ser que todos los fondos públicos, independientemente del tipo de entidad que los reciba, son públicos y por ende lo que ocurra con ellos debe ser de conocimiento público.

Por otra parte, con la digitalización de la administración pública, sabemos que la información que contiene un correo es tanto o más importante que una resolución o un oficio. Por eso, el acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos es indispensable para la transparencia y la probidad. Además, es necesario avanzar hacia otras plataformas de comunicación, como mensajería instantánea de Whatsapp o Telegram, los que ya son material al que se puede acceder vía Ley de Transparencia en muchos otros países. Mientras más ojos haya sobre las acciones de un funcionario, menores son las posibilidades de que se atreva a hacer algo en contra el interés público.