Las leyes ambientales más importantes de Argentina
A partir de la reforma constitucional de 1994 se elevó la protección ambiental al rango de derecho fundamental. Así se dio origen a muchas leyes ambientales para el resguardo y protección de la biodiversidad.
En las últimas dos décadas, Argentina avanzó en la protección de la naturaleza. El país, con ecosistemas desde la Puna hasta la Patagonia, combina riqueza ecológica y desarrollo económico basado en recursos naturales. ¿Cuáles son las leyes ambientales más importantes?
El artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza un "ambiente sano", pero no es suficiente. La Reforma de 1994 elevó la protección ambiental a derecho fundamental, originando numerosas leyes ambientales esenciales.
Leyes ambientales
La Ley General del Ambiente 25.675 implementa los principios constitucionales, estableciendo la política ambiental nacional e incluyendo evaluación de impacto, educación, información y participación ciudadana.
Entre los puntos más destacados de la ley se encuentran:
- La creación del Sistema Federal Ambiental, que busca desarrollar la coordinación de políticas ambientales entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.
- La implementación de instrumentos de política y gestión ambiental, como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental y la educación ambiental.
- El establecimiento de principios de política ambiental, como el principio precautorio, el de equidad intergeneracional y el de responsabilidad.
- La regulación del daño ambiental y la creación de un Fondo de Compensación Ambiental para garantizar la calidad ambiental y la prevención de efectos nocivos sobre el ambiente.
- La promoción de la participación ciudadana en cuestiones ambientales, incluyendo el derecho a ser consultado en procedimientos administrativos relacionados con la preservación del ambiente.
De esta manera se ratifican los acuerdos federales importantes como el Acta Constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) y el Pacto Federal Ambiental. La Ley 25.675, sancionada en 2002, marca un hito en la legislación ambiental argentina y proporciona un marco legal integral para abordar los desafíos que enfrenta el país.
En la actualidad existen varias leyes para conservar y cuidar el ecosistema entre las que se destacan las relacionadas al manejo de los residuos, la protección de los bosques nativos, el cuidado de los glaciares, los efectos del cambio climático y la promoción de educación ambiental.
Leyes sobre residuos
La legislación relacionada con residuos se divide según el tipo de material que componga esa basura. Son varias las normativas que regulan la gestión integral de residuos:
- La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, sancionada en 1991.
- La Ley 25.018 de Gestión de Residuos Radiactivos, de 1998.
- La Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales, de 2002.
- La Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de residuos domiciliarios, de 2004.
- La Ley 27.279 de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, de 2016.
En materia de residuos sólidos urbanos, la Ley 25.916 es la más importante, ya que regula la recolección, tratamiento y disposición final de la basura que se genera a diario en los hogares. También establece sanciones para quienes incumplan dicha normativa ambiental.
Bosques Nativos
Una de las leyes ambientales más importantes del país es la de bosques. En 2007 se sancionó la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos de Argentina que tiene como objetivo proteger al ambiente, restaurar, conservar, aprovechar y manejar sosteniblemente los bosques nativos.
Con esta ley se crea el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, disposición en la cual cada jurisdicción deberá realizar un ordenamiento de sus bosques nativos clasificándolos en tres categorías de conservación: rojo, amarillo y verde según su valor ambiental.
La normativa prohíbe los desmontes en bosques clasificados como categoría 1, color rojo, y categoría 2, color amarillo, y establece que cualquier desmonte o manejo sostenible requiere autorización de la autoridad de aplicación local.
Además, obliga que las provincias realicen una Evaluación de Impacto Ambiental y establece un régimen de sanciones por incumplimiento de la Ley. Cabe destacar que también se deben proteger a las comunidades indígenas respetando sus derechos de ocupar tierra con bosques nativos.
Glaciares
El 30 de septiembre de 2010 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 26.639 de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial con el objetivo de preservar estas reservas de agua.
Esta normativa establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares, un registro para identificar todos los glaciares y formaciones periglaciares. Asimismo, designa al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como la entidad científica encargada de elaborar el inventario bajo la coordinación del ex ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La legislación busca resguardar tanto los glaciares como el ambiente periglacial. Al clasificar los glaciares como recursos públicos, la ley aspira a conservarlos, salvaguardar la diversidad biológica, preservarlos como fuente de estudio y mantener su valor como atracciones turísticas.
Esta ley prohíbe actividades de exploración, explotación minera y de hidrocarburos. Además, impide que se establezcan instalaciones industriales en la zona.
Cambio climático
En diciembre de 2019 se promulga la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Allí se establece un marco legal nacional para abordar este desafío ambiental crucial.
El objetivo principal de esta ley ambiental es garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en todo el territorio nacional.
La norma indica que el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático debe actualizarse cada cinco años e implementar medidas de adaptación como modelos hidrometeorológicos para facilitar el control, monitoreo y planificación, o la gestión del riesgo.
Este marco legal ambiental busca posicionar a Argentina a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, alineando sus esfuerzos con acuerdos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. La implementación de esta ley ambiental requiere de la coordinación entre el gobierno nacional, las provincias y diversos sectores de la sociedad.
Educación Ambiental
La Ley 27.621, que establece la educación ambiental, fue aprobada en mayo de 2021. La iniciativa busca brindar contenidos obligatorios en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
Uno de sus objetivo principales es formar una conciencia ambiental en todos los niveles educativos y sectores de la sociedad. Se basa en principios como el abordaje holístico del ambiente, el respeto por la biodiversidad, la equidad, la igualdad de género y el reconocimiento de la diversidad cultural.
Entre los puntos más destacados se encuentra la creación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI). La misma sirve como instrumento principal para implementar esta política educativa en todo el territorio nacional.
La iniciativa busca formar ciudadanos comprometidos con el cuidado del ambiente, promoviendo valores como la sustentabilidad, la justicia social y el respeto por la diversidad cultural.
El conjunto de estas leyes ambientales impactaron las políticas argentinas, promoviendo un ecosistema más sostenible. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, especialmente en asegurar su cumplimiento.