biodiversidad

La “Alianza de Alta Mar” congrega a más de 40 organizaciones y grupos. El objetivo es crear un mensaje común y generar un movimiento de apoyo para la conservación, reforzando su gobernanza y protegiendo el océano.

Ana Di Pangracio, directora de Biodiversidad y directora ejecutiva adjunta de FARN, analiza la situación actual de los ecosistemas. En qué se avanzó y qué falta aún para garantizar la preservación de las áreas protegidas.

La falta de agua en varias provincias genera tanto perjuicios económicos como ambientales por la afectación de cultivos e incendios. Por qué se produce y qué se puede hacer para mitigar el impacto.

Estos espacios tienen un enorme valor biológico, social, cultural y económico, pero en Argentina todavía no cuentan con una legislación de presupuestos mínimos que los proteja, los conserve y los regule.

El compromiso fue adoptado por los países que forman parte de la ONU y especifica que se preserve el 30% de las áreas marítimas y terrestres. Además, se distinguió el rol de las comunidades indígenas y la participación de las mujeres en el cuidado del planeta.

Abarca 508 mil hectáreas con palmerales, pastizales, ríos, arroyos y esteros que conservan su dinámica natural. Actualmente se efectúa un inventario que será clave para el ordenamiento territorial de la zona.

Las poblaciones de aves, mamíferos y peces disminuyeron un 69% en el mundo desde 1970, según reveló el Informe “Planeta Vivo 2022”. En América Latina la cifra alcanza al 94%.

En el país funcionan distintas aplicaciones para la identificación y registro de aves. Cualquier persona puede compartir sus capturas y que se conviertan en datos susceptibles de ser usados por investigadores.

Cubren más del 70% del planeta pero la gran mayoría están deteriorados, se perdieron especies y destruyeron arrecifes de coral. Cómo proteger las áreas marinas y quiénes las controlan. Qué pasa en Argentina.

El Tribunal de Cuentas Europeo determinó que en el continente se debe reforzar la lucha contra la tala ilegal y mejorar el enfoque de las medidas forestales de desarrollo rural en materia de biodiversidad y cambio climático.

La Agencia de Protección Ambiental porteña organizó un encuentro sobre género y ambiente. Se intercambiaron experiencias y propuestas entre organizaciones de mujeres para que haya más integración en el cuidado de la Ciudad. 

Naciones Unidas presentó una investigación basada en siete proyectos ambientales sostenibles en la región. El objetivo fue pensar estrategias para reducir el impacto de los cultivos en los recursos naturales y el cambio climático.

Son fundamentales para mitigar el cambio climático. La quema de 300 mil hectáreas en el Delta del Paraná movilizó fuertemente a la ciudadanía. En Mendoza, San Luis y San Juan hay lagunas que ya están secas ¿Cuál es el panorama nacional?

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano celebró su primera reunión informativa con el propósito de consensuar una norma de presupuestos mínimos que protejan estos ecosistemas. Estuvieron presentes los legisladores que presentaron proyectos de la temática y especialistas de distintos ámbitos.

Representan el 22% del territorio argentino. Son fundamentales porque ayudan a mitigar el cambio climático, depuran el agua y amortiguan inundaciones y sequías. Sin embargo, nuestro país no cuenta con una ley de presupuestos mínimos para su protección. Además, pese a ser un instrumento esencial para su conservación, según la AGN el inventario de dichos ecosistemas lleva más de 15 años.

En Argentina hay 23 Sitios Ramsar que son refugio de varias especies. Son de vital importancia porque ayudan a mitigar las crisis ambientales. Sin embargo, presentan problemáticas que varían según la región, como la sequía, la ganadería, actividades extractivistas y la falta de valoración por parte de la sociedad.

El Secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente, Diego Moreno, le aseguró a este medio que Argentina está cumpliendo el 50% de las metas y hay un 43% que están en proceso y se terminarán el año que viene según los plazos indicados.

La Secretaría de Ambiente debía ejecutar un plan entre 2016 y 2020, pero no coordinó trabajos con provincias, municipios ni con el propio Estado nacional para cumplir leyes vigentes. La Auditoría explicó: “Si no se le pone un número al indicador, no se puede evaluar ninguna acción” y advirtió un “retroceso” en materia de participación ciudadana.