La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un nuevo informe sobre la aplicación de la Ley 26.331 sobre presupuestos mínimos de protección de bosques nativos. En esta oportunidad se evaluó la asistencia brindada por la Autoridad Nacional de Aplicación hacia las Autoridades Locales de Aplicación, con el objetivo de actualizar el Ordenamiento Territorial (OTBN) y el Inventario Nacional (INBN).

El informe aprobado en 2021 analizó la gestión del Ministerio de Ambiente entre enero de 2017 y mayo de 2019. La AGN manifestó que se mantienen las dificultades para la implementación de la ley de bosques, sobre todo por la falta de reglamentación de metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo para el seguimiento efectivo a las autoridades de aplicación locales sobre la actualización del ordenamiento territorial. 

Según el informe de la Auditoría, los incumplimientos de la ley impactan en la desprotección de zonas de importancia ecológica y la consecuente pérdida de bosques nativos.

El ordenamiento territorial es clave para la conservación de los bosques y, según la Auditoría, presenta debilidades que la autoridad de aplicación nacional no pudo modificar. Una de las fallas detectadas es que por no coordinar con las provincias se produjeron fallas en la coherencia ecorregional, en la definición de bosque nativo, en la aplicación de criterios de sustentabilidad ambiental y en el cumplimiento de plazos para su actualización. 

“Estos incumplimientos impactan en la política de protección ambiental originando la desprotección de zonas de importancia ecológica y servicios ambientales muy valiosos, con la consecuente pérdida y degradación de los bosques nativos”, indicó el organismo de control en el documento.

Teniendo en cuenta los informes previos de la AGN, todavía continúan las incongruencias normativas en Chaco, Córdoba, Jujuy, Misiones, Buenos Aires y Salta, territorios que admiten cambios de categoría para el uso del suelo en niveles de valor de conservación I y II (zonas altamente protegidas) permitiendo retrocesos en los grados de conservación alcanzados.

Políticas de planificación y participación ciudadana

Otra de las observaciones realizadas por la Auditoría está vinculada a la falta de reglamentación del artículo 3 de la Ley 26.331, por el cual la autoridad nacional de aplicación debe contar con metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo para realizar un seguimiento efectivo del proceso de actualización de las autoridades locales. Esta situación persiste desde el informe 2014. 

Del análisis de 2014 también se desprendió que en provincias como Santiago del Estero y Salta se desmontaba sin que haya una audiencia pública previa. En el nuevo informe se explica que la primera mejoró la situación y es de las pocas junto a Chaco, San Juan y Buenos Aires que tienen el mecanismo de participación implementado. 

En el resto de las provincias, “la falta de comunicación de las autoridades de aplicación locales informando el inicio de sus actualizaciones de OTBN obstaculiza las intervenciones oportunas de la autoridad de aplicación nacional para asegurar que los procesos participativos no sean un acto formal, sino que realmente recaben la mirada de los distintos sectores de la sociedad”, explicó la AGN. 

En los informes de la autoridad nacional aparecen diferentes debilidades que afectan a los procesos participativos, tales como conflictos con comunidades de pueblos originarios; procesos participativos inconclusos o incompletos ya que no se realizan en todas las instancias; falta de convocatorias más amplias y de análisis de partes interesadas externas; ausencia de mecanismos de difusión y de registro documental que acredite dicho proceso. 

Nuevos hallazgos

La AGN mostró en su informe que hay 16 provincias con sus ordenamientos territoriales desactualizados, la mayoría con cinco años de antigüedad. “La autoridad nacional no sólo no aseguró el cumplimiento de los plazos para la actualización, sino que tampoco pudo garantizar el cumplimiento total de las pautas establecidas como compromisos de la instancia local para futuras acreditaciones”, explicó el organismo de control. 

Se registró una falta de coherencia de criterio en las categorizaciones realizadas por las provincias. 

Esta desactualización provocó que tampoco se cumpla con la ley 26.331 sobre la definición legal de qué es un bosque nativo. La Auditoría indicó que, durante los procesos de actualización, se fueron considerando otros ecosistemas sin las características de bosques nativos o no se incluyeron zonas que sí lo eran. “Esto impacta en la política de protección ambiental, generando efectos no deseados como la desprotección de zonas de importancia ecológica y servicios ambientales”, determinaron.

“Conforme surge del mapa conjunto de OTBN realizado por las provincias, en ningún caso - con excepción de La Pampa- la autoridad nacional de aplicación logró la coherencia entre las categorizaciones realizadas entre provincias limítrofes, lo que atenta contra la conectividad entre ecorregiones”, asegura el informe. Esta situación ocurre inclusive en las cinco provincias que ya sancionaron sus nuevos ordenamientos territoriales. 

Inventario Nacional de Bosques Nativos

El primer inventario fue elaborado en 2005 y se debe actualizar cada cinco años. Sin embargo, el segundo informe se inició recién en 2016 y sus principales objetivos fueron actualizar la información de los recursos forestales nativos, reforzar el sistema nacional de monitoreo de bosques, contribuir al cumplimiento de las normativas nacionales, brindar información acorde a los convenios internacionales asumidos. 

Durante el período analizado, la autoridad de aplicación nacional no había culminado el proceso de instalación de las parcelas, restando las etapas de procesamiento y análisis de datos y difusión. 

La AGN aseguró que esta falta de actualización del inventario dificulta contar con monitoreos con datos exactos respecto de la superficie forestal nacional, impidiendo evaluar los cálculos de las zonas protegidas por las provincias en sus respectivos OTBN e imposibilitando el acceso a información necesaria para el análisis de los indicadores establecidos por el Poder Ejecutivo respecto del ODS 15. “Por lo tanto, se mantiene lo observado en los informes de auditoría aprobados en 2017 y 2014”, indicó el organismo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El ODS 15 busca que se promueva el uso sostenible de ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. El cumplimiento de estas metas queda a cargo del Ministerio de Ambiente y particularmente hay dos de ellas que se vinculan directamente con el análisis del informe.

Para la AGN, la cartera incumplió con la implementación del objetivo ya que no brindó información de los indicadores 15.2.1. (proporción de bosques que son gestionados mediante una planificación de sus actividades que están orientadas a la conservación) y 15.2.2. (porcentaje anual y valor absoluto de pérdida de bosques nativos) al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) durante los años 2017, 2018 y 2019.

Tampoco se alcanzó la meta 15.1 ya que su indicador “superficie de bosque nativo como porcentaje de la superficie total” reporta pérdida de bosque nativo: hay una tendencia decreciente respecto de la línea de base (9,80%); ya que en el 2017 fue igual a 9,68% y en el 2018 igual a 9,64%. “Esto significa pérdida de bosque nativo”, concluye la AGN.