La participación ciudadana en la Auditoría General de la Nación
El organismo publicó un repaso de las acciones realizadas con organizaciones de la sociedad civil y su influencia en informes aprobados. Analizaron la tasación por segundo del servicio de telefonía móvil, el programa nacional de Chagas y las garantías de servicios para personas electrodependientes.
La Auditoría General de la Nación publicó un análisis sobre la influencia de la participación ciudadana en los trabajos del organismo. La intervención se ejerce mediante sociedades civiles que proponen temas de interés para que sean incorporados en la planificación de la AGN o en el Programa de Acción Troncal.
El artículo se centró en el repaso de tres informes. Uno fue un trabajo realizado sobre los controles en la ejecución de planes de inversión 2017/2021 y cumplimiento por parte de Edenor S.A. y Edesur S.A. de los beneficios otorgados a usuarios electrodependientes. El segundo fue en el ámbito de la ex Secretaría de Comunicaciones y ex Comisión Nacional de Comunicaciones, sobre fiscalizaciones de la tasación por segundo en servicios móviles; y un tercer informe referido al seguimiento de la gestión del Programa Nacional de Chagas, del Ministerio de Salud Nacional.
En el informe publicado, la AGN se reconociò como una entidad de fiscalización superior que fomenta la participación de la ciudadanía en la tarea de auditoría gracias a una línea de trabajo que comenzó en 2002 y se indicó que en estos años se fortaleció e institucionalizó el vínculo y las dinámicas de trabajo con las organizaciones civiles.
En diálogo El Auditor.info, el auditor general Gabriel Mihura Estrada destacó que “el proyecto de electrodependientes surgió de las reuniones realizadas con las organizaciones de usuarios, en el marco de una auditoría sobre inversiones en el sector de distribución eléctrica”.
Las auditorías fueron una herramienta para que las personas electrodependientes puedan acceder a lo que la ley les garantiza.
Para la realización de ese informe, el equipo de trabajo reparó en la situación que denunciaban los familiares de personas electrodependientes por cuestiones de salud y la necesidad de auditar el cumplimiento de la Ley 27.351. En este sentido, Mihura Estrada afirmó que “si bien sabemos que detrás de cada política pública hay ciudadanos con necesidades insatisfechas, no siempre es fácil tenerlo presente cuando uno revisa asientos contables, partidas presupuestarias o expedientes".
"En esta oportunidad creo que todos tuvimos presente, desde el primer momento, de qué se trataba esta auditoría; cómo lo que pudiéramos aportar desde la AGN, significaba darles una herramienta para que sus familias puedan obtener lo más rápidamente posible lo que la ley les garantiza”, agregó el auditor.
Telefonía móvil: tarifas de minutos a segundos
En cuanto al informe de controles realizados sobre la tasación por segundo en servicios móviles, que se aprobó en 2017 y que contó con aportes de las organizaciones de la sociedad civil, el auditor Mihura Estrada recordó que se buscó atender una reiterada preocupación de los usuarios acerca de la facturación de la telefonía celular.
“En 2013 se había limitado una modalidad realmente abusiva de las empresas que facturaban las comunicaciones tomando como unidad de medida el minuto y no el tiempo de efectiva utilización de la red. También había un tratamiento muy desigual entre los usuarios de servicios prepagos y los abonados. Por eso se buscó un régimen tarifario más justo y se estableció que se debía facturar por segundo y no por minuto”, explicó Mihura.
En esa línea, el Auditor General remarcó que ese tipo de auditorías son importantes porque existe una gran asimetría en la información con que cuentan los usuarios frente a las empresas prestadoras. “Es muy difícil para el ciudadano poder desentrañar el modo en que se le facturan los servicios, y poder así controlar si la tarifa se ajusta a lo efectivamente consumido. Es allí donde un organismo de control como la AGN debe ser activo para evitar abusos”, concluyó.