Como cada elección desde 2015, las titulares de las defensoras Públicas Curadurías, Perla Goizueta, Soledad Fernández Mele y María Adelina Navarro Lahitte, promovieron y acompañaron a las personas con discapacidad internadas en los hospitales interdisciplinarios psicoasistenciales José Tiburcio Borda y Braulio Moyano para que puedan hacer valer su derecho a sufragar. El aumento en la participación alcanzado en estos años se detuvo en este 2021 debido a los efectos de la pandemia. 

La tarea de este equipo de abogadas del Ministerio Público de la Defensa es peticionar a los jueces que tienen a cargo el expediente de los pacientes para que revisen la restricción de la capacidad jurídica. Son las que controlan la legalidad y que la voluntad de las personas llegue a los magistrados. Para esto tienen entrevistas previas con sus defendidos en donde les consultan si quieren votar, revisan si tienen multas, les consultan si quieren ser presidentes de mesa e inclusive candidatos, y con los resultados que arrojan las charlas hacen los pedidos correspondientes al caso.

En diálogo con ElAuditor.info las defensoras explicaron que con el antiguo Código civil y comercial se establecía un binomio que determinaba si una persona estaba capacitada o incapacitada para sufragar. Con la llegada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la ley del Derecho a la Protección de la Salud Mental, las abogadas pudieron comenzar a trabajar en la recuperación de algunos derechos, entre ellos el de votar. 

Despertar el interés para reconquistar derechos

Soledad Fernández Mele recordó que en 2015 -un año donde hubo seis elecciones en Capital Federal- hicieron la primera experiencia de ver qué pasaba un domingo de votación. El resultado: “no había nadie y pudimos ver la distancia entre la ley y lo que es la realidad”, explicó la defensora.

Esa primera vez, aunque burocráticamente se habían llevado a cabo todos los procedimientos previos, las defensoras notaron que los pacientes no habían sido informados, los DNI estaban guardados bajo llave, no había trabajadores que pudieran asistir a las personas y tampoco funcionaban los ascensores, vitales para la accesibilidad del edificio. 

"Nadie sabía cómo hacer las cosas y todos los organismos decían que no era su responsabilidad, entonces la gente no votaba", afirmó Perla Goizueta. 

Con esa experiencia “armamos un protocolo, que le enviamos a la Defensoría General de la Nación, para que se replique en todos los hospitales”, indicó Adelina Navarro Lahitte. Sin embargo, aun no funciona y por esto las defensoras siguen pidiendo su implementación. 

Perla Goizueta remarcó que esa primera fecha de votación los asuntos burocráticos las hicieron caer en la cuenta de que había un universo de distancia con la realidad que viven los pacientes. Registraron que nadie sabía cómo hacer las cosas y que todos los organismos "decían que no era su responsabilidad, entonces la gente no votaba”.

Gracias al trabajo realizado “promovimos que la gente que rodea al paciente entienda que es una persona con derechos y que puede manifestar su voluntad, por eso tenemos que brindarle nuestro apoyo”, argumentó la defensora Goizueta.

Más participación en 2017 y 2019

De esta manera en 2017 y 2019 aumentó no sólo la cantidad de pacientes que pudieron votar sino que además pudieron tejer redes de ayuda y colaboración con trabajadores sociales, policía de la ciudad, entre otros. Además las abogadas tuvieron que generar lazos de comunicación entre jueces y el Registro Nacional de Electores para que los pacientes habilitados aparezcan en los padrones. 

La decisión de no llevar las urnas a los hospitales y que los pacientes voten en los centros de sufragio es porque "la persona con discapacidad tiene derecho a vivir en comunidad entonces tienen que hacer lo que pueden todos los demás: ir a votar”, subrayó Fernández Mele.

Para las elecciones de 2021, según Navarro Lahitte “los pacientes ya tenían internalizado su derecho”, sabían que las defensoras irían a hacer valer sus derechos. Sin embargo, la participación cayó y las autoridades argumentaron que, entre los habilitados, había un alto porcentaje que no podían distinguir entre candidatos. Soledad Fernández aseguró que son demasiados casos como para una respuesta generalizada y que para noviembre esto debe cambiar. 

Fernandez Mele indicó que le van a solicitar a las autoridades que los equipos tratantes aborden el tema. “Cuando llegamos al hospital nos enteramos que nadie iba a acompañar a los pacientes que querían votar, vamos a tratar de gestionar esos asistentes, por lo menos una persona”, sostuvo.

"No hay garantías del Estado para que los pacientes puedan hacer efectivo el derecho al voto”, reflexionó Fernandez Mele.

Según indicaron, los pacientes del Borda que lograron votar fueron gracias a una acompañante terapéutica externa que llevó a todos los que pudo. “Si salimos del compromiso personal, no hay garantías del Estado para poder hacer efectivo este derecho”, reflexionó Fernandez Mele. 

Por su parte, Perla Goizueta sostiene que en noviembre van a poder volver a la mejoría de elecciones anteriores. “También tiene que ver con el miedo a las salidas por el COVID, pero no vamos a permitir que se generalice y en todos los casos nos den la misma respuesta”, sostuvo. 

“El domingo 12 de septiembre sentí que se perdió algo y que tenemos que recuperarlo”, amplió la defensora Fernandez Mele. Navarro Lahitte agregó: “Saben que no bajamos los brazos. En las elecciones de noviembre va a haber cambios”.