¿Cuál es la situación de la educación inclusiva en el país?

La Dirección de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación presentó los resultados del relevamiento anual. Allí se recoge información educativa de todas las provincias y se consolida las principales variables del sistema de enseñanza.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva analizaron los datos sobre educación de personas con discapacidad en el documento oficial y de allí surgió una ficha técnica especializada. 

El Auditor.info se comunicó con Celeste Fernández, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, quien enumeró y detalló los puntos principales del documento. 

¿Qué es la educación inclusiva?

“La educación inclusiva es un derecho humano y una perspectiva pedagógica", definió Celeste Fernández.

“La educación inclusiva es un derecho humano y una perspectiva pedagógica. Propone que todas las personas se eduquen en los mismos espacios con los apoyos que cada uno necesita”, definió la abogada de la organización.

Esta reconocido como derecho humano en Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tratado reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad a estudiar en un sistema de educación inclusivo, junto a personas sin discapacidad, y prohíbe que sean excluidas de las escuelas regulares. 

Esta resolución reconoce el derecho de las personas con discapacidad a ser inscriptas y desarrollar sus trayectorias educativas en todos los niveles de la escuela común. En esta línea, Fernández afirmó que “la premisa es que educar a todos en las mismas escuelas va a conducir a la construcción de sociedades más justas e inclusivas”.

Segregación en escuela especial

Según datos del Ministerio de Educación correspondientes al 2019, en Argentina un 43,7% de las y los estudiantes con discapacidad estuvieron segregados en escuelas especiales. De ellos, el 65,3% presentó discapacidad intelectual.

El 43,7% de las y los estudiantes con discapacidad estuvieron segregados en escuelas especiales en el 2019, según información oficial. 

La coordinadora de ACIJ expuso y detalló la problemática de falta de vacantes que enfrentan las familias de niñas y niños con discapacidad, “eligen la escuela especial por no poder entrar a la escuela común. Eso es segregar un estudiante desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos”. 

El informe expuso que el porcentaje de alumnas y alumnos con discapacidad en las escuelas comunes aumentó. Sin embargo, en 2019 la proporción de personas con discapacidad en relación a la matrícula total de escuela común en todos los niveles no superó el 1,31%. En el nivel secundario esto es aún menor, representó el 0,97% del alumnado. Esta tendencia se mantiene a través de los años. 

“Todos los estudiantes tienen derecho a ir a escuelas generales”, subrayó la académica. Asimismo, comentó que mientras coexistan dos modalidades de educación para las personas con discapacidad no estará garantizando el derecho a la educación inclusiva.

Ley de Educación Nacional

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre de 2006, regula el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio nacional. “La norma habla de la modalidad especial destinada a las personas con discapacidad”, añadió la docente. 

El problema, según ACIJ, surge en la falta de adaptación de la legislación externa. Fernández puntualizó que “es una incongruencia entre el derecho interno y la convención, algo superior”. Agregó que el proceso realizado en otros países fue transformar esas escuelas, “se las cerró y se pasó a esos chicos a colegios comunes”.

Formación docente

“La formación docente es un problema. Hay que repensarla a nivel sistémico”, manifestó la Coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad. Completó su idea mencionando que se tienen dos sistemas paralelos de formación docente: uno para quien quiera estar en la educación especial y el otro para enseñar en una escuela común. 

“Hace falta una formación unificada, donde todos los docentes conozcan los derechos de las personas con discapacidad y tengan herramientas para asegurar la inclusión”, subrayó la abogada. 

En la misma línea, Fernández puso en duda los conceptos adoptados por parte de los docentes, “no reciben la preparación necesaria para generar la inclusión de los alumnos con discapacidad. La educación inclusiva profesionaliza la labor de los docentes”.

“Ninguna persona aprende igual a la otra, tengan discapacidad o no. La formación -según Celeste Fernández- debe ser igual”. Por otro lado, alertó que los niños y niñas con discapacidad que están en escuelas regulares sin los apoyos necesarios “no aprenden”.

Personal de apoyo

El 79,18% del alumnado con discapacidad que asiste a la escuela común cuenta con personal de apoyo a la inclusión. Dentro de este, el 37,69% (41.316 estudiantes) debe buscar apoyos en el sector privado. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que es una obligación del Estado prestar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del sistema general de educación.

Políticas públicas 

“Las personas con discapacidad no son prioridad en la agenda pública”, reclamó la coordinadora de ACIJ. Además, señaló que “no se debería matricular más niños y niñas en las escuelas especiales”.

Por otro lado, la información oficial indicó que 13.130 alumnos y alumnas con discapacidad asistieron a la escuela especial y común de manera simultánea, a esto se lo conoce como doble matriculación. Esta práctica además de ser una segregación parcial, puede obstaculizar la obtención de títulos primarios y secundarios.

El 70% de las escuelas privadas de educación especial reciben subvención estatal.

De acuerdo a los datos publicados, aproximadamente el 70% de las escuelas privadas de educación especial reciben subvención estatal. El 44% de ellas son subsidiadas en su totalidad. Esto muestra que el Estado destina una cantidad significativa del presupuesto de educación a sostener escuelas segregadas, cuando podría destinar ese presupuesto a su transformación.

Por otro lado, no se produce información oficial que permita evaluar la calidad de las trayectorias educativas de las personas con discapacidad. "La educación inclusiva no implica simplemente que los y las estudiantes con discapacidad estén presentes en la escuela común", aclaró la académica y sostuvo que las instituciones educativas se deben transformar para que efectivamente aprendan y participen en condiciones de igualdad.

Sobre el futuro, “el desafío es saber cómo se brinda esta educación, si están incluidos e integrados”, concluyó la colaboradora de ACIJ.