La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el “Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022”. La investigación reveló que hay más de 4.000 millones de personas desprotegidas y que la pandemia amplió la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos. 

El documento muestra cómo fueron evolucionando los sistemas de protección social en los distintos países, identifica los déficits y recomienda políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Según el informe, el 47% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación social. Sin embargo, unas 4.100 millones de personas (53%) no se benefician de ninguna seguridad. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas con el 84%, en América la cifra llega al 64,3%, mientras que el resto del mundo se encuentra muy por debajo: Asia y el Pacífico 44%, los Estados Árabes 40% y África 17,4%.

Solo uno de cada 4 niños recibe alguna ayuda (26,4%) y en el caso de las madres con recién nacidos, el 45% percibe algún ingreso de este tipo.

Otro de los problemas registrados es que la gran mayoría de niños se encuentran desprotegidos. Solo uno de cada 4 recibe alguna ayuda (26,4%) y en el caso de las madres con recién nacidos, el 45% percibe algún ingreso de este tipo. 

Las personas con discapacidades graves pasan por lo mismo, ya que solo el 33,5% recibe una prestación por invalidez. Con el desempleo el problema se profundiza: el 18,6% de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Por último, si bien 77,5% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

El gasto público en protección social también varía de manera significativa. En promedio, los países destinan 12,8% de su PBI a la protección social (excluyendo la salud), sin embargo los países de altos ingresos invierten 16,4% del producto bruto en protección social y los de bajos ingresos sólo 1,1%. No obstante, el informe señala que el déficit de financiación -el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos- aumentó alrededor del 30% desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

En consecuencia y como conclusión del trabajo, la OIT aseguró que para garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año (15,9% del PBI), los de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares (5,1%), los que tienen ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares (3,1%). 

Nuevos sistemas de protección social

El Director General de la OIT, Guy Ryder, sostuvo que “los países se encuentran en una encrucijada” y que este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos.

“Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”, aseguró.

Hay una gran presión para que los países alcancen una consolidación fiscal, después de los gastos públicos relacionados con la pandemia.

Por su parte la Directora del Departamento de Protección Social de la OIT, Shahra Razavi, consideró que “hay una enorme presión para que los países alcancen una consolidación fiscal, después de los gastos públicos enormes relacionados con sus medidas de respuesta a la crisis, pero sería sumamente perjudicial reducir los gastos en protección social; es necesario invertir en ello ahora”. 

Para Razavi la protección social es una herramienta importante que puede generar beneficios económicos y sociales de gran alcance para los países en todos los niveles de desarrollo. “Puede favorecer una mejor sanidad y educación, una mayor igualdad, sistemas económicos más sostenibles, una mejor gestión de la migración y el respeto de los derechos fundamentales”, agregó y explicó que, para construir sistemas capaces de obtener resultados positivos, “será necesario combinar los recursos financieros y una mayor solidaridad internacional, sobre todo en apoyo de los países más pobres”.