La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó un informe sobre la Secretaría de Comunicación Pública (SCP) de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objetivo de analizar la gestión en la asignación de la publicidad oficial para el año 2017 y el primer trimestre de 2018. El documento fue aprobado en julio de este año por el Colegio de Auditores y en la reunión se remarcaron varios hallazgos así como la continua aparición de las mismas observaciones que años anteriores. 

Durante el debate, el auditor general Alejandro Nieva explicó que existen dos informes anteriores sobre el mismo programa. Ambos tienen “un detallado conjunto de observaciones que son realmente muy similares a las que estamos consignando en este informe que vamos a aprobar”, manifestó. 

Sobre las similitudes, Nieva consideró “muy interesante señalar esto, toda vez que hay una continuidad de nuestro trabajo en la Auditoría”. Además, explicó que le parecía llamativo que en 10 años “tengamos tres informes sobre el mismo programa, pero lo interesante de destacar es que, efectivamente, hay áreas de la administración en donde cambian los gobiernos, y los problemas que nosotros observamos son los mismos”. 

A su turno el auditor Gabriel Mihura Estrada destacó y calificó al informe como “muy bueno”, ya que las observaciones advierten “que se dictó una resolución muy ambiciosa, en el año 2016, que buscó reglamentar el gasto en publicidad y la propia resolución invoca precedentes de la Corte Suprema que han establecido que debe asignarse la publicidad de una manera igualitaria y transparente, pero que después, en la realidad, no se cumple”, sostuvo.

El último informe

Puntualmente sobre el último informe sobre publicidad oficial, Juan Forlón destacó que durante 2017 hubo 14.067 órdenes de publicidad que no se registraron en el presupuesto correspondiente al ejercicio que pertenecían, pero sí durante ese período se emitió la orden de publicidad, ejecutó el servicio y facturó. “Se sobreejecutó el presupuesto", aseguró el auditor. 

Para Forlón, “lo expuesto resulta un hallazgo significativo”, ya que se constató que el auditado emitió órdenes de publicidad sin contar con crédito disponible en el presupuesto del organismo, “vulnerando principios de orden financiero, incumpliendo la ley de presupuesto y la ley 24.156, de Administración Financiera”, indicó.

"Si bien no se afirma que se hayan detectado pagos sin causa, sí es una situación de alto riesgo y hace bien el informe en subrayarlo", afirmó Forlón.

El auditor general enumeró los desvíos que se detectaron respecto al procedimiento y se detuvo en un hallazgo: “No se constata que efectivamente los servicios y la publicidad se hayan emitido, sino que se ordena el pago en base a la declaración que hace el propio proveedor”. Sobre esto, explico que el informe dice que existe un alto riesgo de realizar pagos de publicidad que no haya sido emitida, porque no hay ninguna verificación real. “Ese es un riesgo. Si bien no se afirma que se hayan detectado pagos sin causa, sí es una situación de alto riesgo y hace bien el informe en subrayarlo”, concluyó. 

En esa misma línea, la auditora general Graciela de la Rosa habló sobre una “transgresión de normas básicas de contabilidad pública” ya que consideró al hallazgo como “una ejecución de gastos sin partidas presupuestarias autorizadas”. Sobre aquellas 14.067 órdenes de publicidad emitidas y ejecutadas consideró que, según la cotización de la cuenta de inversión 2017, “fue una sobreejecución por 30 millones de dólares sin partidas presupuestarias autorizadas”. 

“A mí me parece que realmente es de gravedad este tema y no solamente se transgreden normas básicas de la Ley de Administración Financiera, sino que también tenemos que decir que el inciso 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece el carácter anual de la periodicidad del presupuesto”, concluyó de la Rosa.