Publicado en el suplemento 

Acciones para la Participación Ciudadana de Diario Perfil

En el segundo semestre de 2019, se estimaba que el 53% de las niñas y niños del país se encontraba en situación de pobreza. Las últimas proyecciones de UNICEF indican que ese valor podría escalar al 58,6% hacia fines de este año. El punto de partida ya era crítico. Pospandemia, se espera que empeoren todos los indicadores en materia de equidad. 

La educación es, precisamente, uno de ellos. Las diferencias entre jurisdicciones, niveles educativos, sector estatal y privado y ámbito rural y urbano son algunas de las problemáticas pre Covid-19 que se verán profundizadas. A su vez, y a partir del cierre de las instituciones educativas, estas desigualdades se vinculan aún más con aquellas propias de los hogares como las condiciones habitacionales, el acceso a dispositivos electrónicos y el capital educativo de los adultos responsables para acompañar las tareas escolares. 

A poco más de un mes del inicio de la cuarentena, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advertía: “La escuela es irremplazable, como también el rol del maestro y la maestra”. Atravesada la barrera de los 100 días de práctica virtual, la advertencia se sostiene.

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Desafíos nuevos, problemas viejos. El aislamiento visibilizó el rol social de la institución escolar y su participación en la protección, alimentación y socialización de los y las estudiantes. De acuerdo a un relevamiento de UNICEF, el cuidado de niños y niñas y la ayuda en las tareas escolares se encuentran entre las actividades con mayor sobrecarga a raíz del aislamiento. “En casi siete de cada 10 familias, son las madres las que apoyan a sus hijos e hijas para realizar los deberes escolares. En la población de menores ingresos, esta función recae aún más en ellas, en el 76% de los casos”, indica el informe.

Al mismo tiempo, los resultados de la encuesta evidencian que en el 50% de los hogares se perciben mayores momentos de discusiones y enojos entre adultos y en el 30%, de adultos con hijos e hijas. En la misma línea, preocupa el descenso en la cantidad de denuncias por abusos y violencias hacia niños, niñas y adolescentes. La escuela es, la mayoría de las veces, la institución que detecta y canaliza este tipo de situaciones.

Según otro informe, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que se analiza el impacto del Covid-19 en Argentina, el 80% de las escuelas de gestión estatal ofrecen desayuno, almuerzo o refrigerio. Al respecto, un análisis del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) sobre las respuestas educativas a nivel jurisdiccional frente a la pandemia sostiene que “las escuelas de todas las provincias reforzaron sus esfuerzos para garantizar que los estudiantes accedan a alimentos”. Se mantuvo la distribución de viandas y luego se avanzó hacia la entrega de módulos alimentarios.

Según un informe de UNICEF,el 37% de los adolescentes del país no tiene computadora  disponible para poder llevar a cabo los trabajos escolares.

La conectividad se convirtió en una pieza fundamental para sostener la continuidad pedagógica y visibilizó de manera exponencial la brecha digital en los hogares del país. Como indica el relevamiento de UNICEF, el 37% de los adolescentes del país no tiene una computadora disponible para hacer trabajos escolares. Entre las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las diferencias se profundizan aún más: el 28% no tiene internet y el 53% estudia sin computadora. La elaboración y entrega de cuadernillos fue la estrategia elegida por las autoridades para alcanzar a esta población.

Una novedad fue el desarrollo de plataformas educativas. A la propuesta nacional del portal “Seguimos Educando”, las provincias acompañaron con el desarrollo de iniciativas propias. Los buenos resultados del Plan Ceibal (proyecto uruguayo creado en 2007, que busca apoyar con tecnología las políticas educativas) refuerzan la importancia de continuar apostando a este tipo de herramientas de planificación, coordinación y capacitación alrededor del uso de las llamadas nuevas tecnologías.

Pero la conexión y el acceso a dispositivos tampoco garantizan aprendizajes. A las limitaciones técnicas del pasaje a la virtualidad, se suman las pedagógicas y didácticas. Las posibilidades de aprender varían de acuerdo al nivel, la asignatura, la edad de los estudiantes y la capacitación de los docentes, sin olvidar el impacto de las desigualdades de los hogares. Apostar a la consolidación del Programa Nacional de Cédula Escolar, vigente desde 2018, aparece como una alternativa vital para identificar y asistir a los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan.

En una situación de emergencia, la variable emocional cobra otra dimensión. La encuesta de UNICEF señala que el 36% de los adolescentes manifestó estar preocupado o angustiado. Asimismo, un relevamiento del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), indicó que el 43% de los docentes bonaerenses se mostró estresado y que el 57% refiere un aumento de más de seis horas en la carga de trabajo semanal. Este último dato da cuenta de la importancia que adquiere la valoración del tiempo de planificación, coordinación e intercambio como parte esencial de las tareas docentes, como así también de la relevancia de una remuneración acorde.

A pesar del escenario crítico, el esfuerzo vale y algunos datos son alentadores: el 81% de los hogares con niños, niñas y adolescentes está en contacto con el sistema educativo y recibe actividades escolares para realizar durante el aislamiento. “Las familias también resaltan el contacto que las escuelas mantienen con ellas no solo para el seguimiento de las tareas escolares, sino también para interiorizarse de la situación del hogar y de los niños, niñas y adolescentes que residen en ellos”, destaca el informe de la ONU.

Vuelta a clases. La sistematización de las respuestas, ajustes y estrategias desplegadas tanto por los diferentes niveles de gobierno como por las escuelas e instituciones educativas, docentes, adultos responsables y estudiantes es uno de los desafíos de la educación pospandemia.

En este sentido, el Ministerio de Educación prepara una Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica. Se trata de una encuesta federal a una muestra representativa de directivos, docentes y familias para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes a escala nacional.

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