A raíz de informes de la Auditoría General de la Provincia de Salta (AGPS), imputaron al ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza. Sucedió a mediados de junio y los delitos que se le atribuyen son de fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.

Desde hace años extremamos las medidas para hacer llegar las conclusiones administrativas a juicio penal, solo cuando entendemos que hay elementos constitutivos de algún delito. Hasta el momento iniciamos más de 23 denuncias penales a distintos intendentes”, expresó el Dr. Gustavo Ferraris, presidente del organismo de control salteño, en comunicación con El Auditor.info.

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En el caso de la gestión de Gonza, de 2015 a 2019, desde el organismo realizaron dos denuncias, según Ferraris: “La primera, por omisión de acompañar documentación y la segunda, vinculada a vales para retiros de dinero que no habían sido emitidos, facturas adulteradas y situaciones irregulares”. El informe sobre la localidad de San Lorenzo está disponible en la página web del organismo

Ferraris es auditor desde 2016 y fue elegido presidente del organismo en 2019. “Entendemos que las responsabilidades administrativas que tienen algún tipo de sustancia penal deben ser giradas a la Justicia para que allí se defina. Lo tomamos como una norma esencial, en virtud de que en la medida que eso no se cumpla, siempre queda la sospecha de parcialidad de parte de la auditoría. Observamos una actitud receptiva y rápida por parte de la justicia”, aseguró.

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Funcionamiento en pandemia

Actualmente Salta tiene más de 110 contagiados de coronavirus, y desde la AGPS trabajan en dos turnos. “Tratamos de hacer el trabajo residual que existía y todo lo que se pueda hacer a distancia. Hay muchas tareas de requerimientos y envío de documentación al poder Ejecutivo o a municipios que estamos haciendo. Pero no estamos realizando auditorías de campo y las visitas de momento están frenadas”, informó Ferraris.

Entre los avances realizados por el ente de control en este tiempo, el abogado destacó el progreso con la el sistema Firma Digital. “Pudimos validar firmas electrónicas. El próximo desafío es poder concluir la incorporación de expedientes digitales. También tuvimos encuentros virtuales muy productivos con autoridades de diferentes provincias y nacionales donde tratamos de compartir experiencias de nuevas modalidades de auditorías en tiempos de Covid”.

"Es fundamental que los municipios cuenten con desarrollos informáticos confiables y seguros"

Para Ferraris, "muchas de estas herramientas van a quedar después de la pandemia” y agregó que “es necesario que los municipios tengan los mismos sistemas informáticos financieros que la provincia, de manera que se pueda acceder a una plataforma online para ver cómo va el presupuesto. Los beneficios serían muchísimos para Salta y para la AGPS, ya que se ahorraría mucho tiempo y costos de comisiones”.

La provincia tiene 60 municipios y lo que se nota "cuando se hacen las auditorías es que tienen diferentes sistemas, hay algunas llevan su contabilidad en un Excel". Frente a esta situación, Ferretis arremetió: "Es fundamental que los municipios cuenten con desarrollos informáticos confiables y seguros. A eso tenemos que apuntar. La única manera de hacerlo es en conjunto”.

En medio de la cuarentena, los trabajadores de la Auditoría salteña participaron aportando dinero en el Fondo Solidario de Covid. Los empleados hicieron aportes en dos cuotas y las cifras, según Ferreris “superaron el millón de pesos". "Asimismo vamos a auditar la totalidad de la ejecución de estos gastos, la idea es poder ver qué se hizo con ese dinero. Nos comprometimos a hacerlo este año”, concluyó.