Auditoría de la Provincia de Salta

Un trabajo del organismo de control local analizó la gestión 2016 del centro de salud San Vicente de Paul y detectó que "no posee un sistema integrado de información contable y presupuestaria". Incluso había créditos por $ 742.697 vencidos cuyo cobro implicaba mayor demora, costo y riesgo.

El organismo de control de provincial presenta sus informes en la justicia cuando hay elementos constitutivos de algún delito. En diálogo con este medio, el presidente del ente también contó cómo están funcionando en medio de la pandemia.

Una ley provincial obliga a los diputados a transparentar sus patrimonios al asumir y dejar sus cargos. Pero el organismo de control reveló que recién en mayo de 2018 se supo quiénes incumplieron la norma tras las elecciones de 2017. No obstante, subió el porcentaje de parlamentarios que sí mostraron sus números en relación a 2015.

Es San José de Cerrillos. Según el organismo de control, los estados contables de la Municipalidad no se encuadernan a fin de cada año, quedan sin número de folio y ni siquiera los firman. Así, la falta de “formalidades necesarias” permite que la información sea falseada o sustituida. Además no hay estadísticas sobre los gastos.

Así lo denunció un vecino que llevó a una persona para que fuera atendida. Había médico de guardia, pero no contaba con los insumos necesarios. La Auditoría de la provincia ya había alertado sobre la situación del establecimiento.

No tiene sala de espera, ginecólogos ni pediatras. Además, no hacen radiografías de columna y cráneo por deficiencias en la corriente eléctrica. De tres ambulancias sólo funciona una y se encuentra en mal estado.

Durante el 2015 el 90,7% de las quejas por la interrupción del suministro eléctrico "fue resuelto en los plazos previstos" por la Empresa Distribuidora de Energía de Salta según un informe de la Auditoría local.

Un informe de auditoría confirma serios problemas de seguridad e higiene, en una institución en la que miles de salteños concurren diariamente.

Las cartas fueron enviadas tras las elecciones de 2015 desde la Escribanía de Gobierno provincial y estaban dirigidas a quienes no informaron sus bienes antes y después de asumir cargos. Según la Auditoría local, faltó control sobre la empresa de correo que, además de perder los documentos, tampoco pudo encontrar los domicilios de varios destinatarios.

En la provincia rige una ley que obliga a los funcionarios a transparentar sus patrimonios antes y después de ejercer la función pública. Al analizar el cumplimiento de la norma, la Auditoría local detectó que hubo 17 jefes comunales que asumieron hace dos años sin dar explicaciones. Y lo mismo ocurrió con seis de cada 10 concejales salientes.

Es el municipio que se inundó por la crecida del Pilcomayo. Fue tan poca información que el gobierno local le otorgó a la Auditoría, pese a reiterados pedidos, que se imposibilitó el trabajo del organismo de control.

De una muestra de 15 empresas, el organismo provincial halló irregularidades en 13. Por ejemplo, cinco no pagaron la transferencia de sus parcelas; una fue intimada a edificar en su predio nueve años después de haberlo recibido; otra transfirió su tierra pese a que una ley no lo permitía; y seis no cumplieron con normas de higiene y seguridad.

Así se refirió la Auditoría provincial al funcionamiento de los Centros de Inclusión Transitoria. A las huidas de los y las adolescentes, se suman problemas edilicios, poco personal y presupuesto, y una “grave falla de control interno”. Atribuyen la situación a la “falta de políticas claras”. En uno de los hogares hubo que designar guardia policial permanente.

Las instituciones forman parte de un programa en el que la internación debe ser excepcional y por tiempo limitado. Solo se hace seguimiento a la mitad de los egresados; no existen controles al personal de los hogares y la iniciativa carece de un móvil, lo que dificulta el traslado de menores a las audiencias judiciales.