Un informe de la Auditoría General de Salta (AGS) recomendó “implementar un sistema de control interno formal y aplicar sanciones” a las empresas que funcionan dentro del Parque Industrial de la provincia, tras haber detectado irregularidades en 13 de las 15 compañías analizadas. 

El complejo en cuestión funciona bajo la órbita del Ministerio salteño de Ambiente y Producción Sustentable, y la investigación de la AGS, que fue aprobada este año, se hizo en base a la labor de esa cartera durante 2012.

El recorrido

Este es un repaso de las empresas examinadas y las falencias encontradas:

Gas del Norte S.A.: carece de estudio de impacto ambiental y social, “incumpliendo lo establecido en la ley 7.070”, dice el informe.

Hábitat Ecológico S.A.: faltan estudios de factibilidad, contrato de adjudicación (de la parcela), detalle de inversiones, y no se cumple con la normativa vigente en materia de higiene, seguridad industrial y medio ambiente.

Cerámica Andina S.R.L.: no se encontraron estudios de factibilidad, contratos de adjudicación, inversiones y garantías. Y también incumple lo reglamentado en higiene, seguridad industrial y medio ambiente. 

Químicos Salta S.R.L.: “No se entregó documentación (sobre) higiene, seguridad industrial y medio ambiente”, reiteró la Auditoría. 

Neumáticos San Agustín: idéntico panorama que la anterior, más la falta de Dictamen Técnico Aprobatorio para su radicación en el Parque Industrial salteño.

Varias firmas no tenían un detalle de sus planes de inversión.

Las escrituras

Por otra parte, el organismo de control enumeró las compañías que no contaban con su “escritura traslativa de dominio de las parcelas adjudicadas”, lo que significa que, al momento del informe, debían dinero por la tierra.

Esas firmas son: Alejandro Herrera, que debía $ 29.211,84 por el 90% de la parcela, más intereses al 12% anual de $ 3.505 sobre saldo financiado en 12 cuotas mensuales y consecutivas $ 2.726,44. El plazo venció en febrero 2013.

Hugo Alberto Butcovichd: “Del contrato original de adjudicación se adeuda $ 124.524 (por el 90%), más intereses al 12% anual de $ 29.885.76, sobre saldo financiado en 24 cuotas $ 6.433,75. El plazo venció el 28 de agosto de 2013”, detalla la AGN y añade: “Del Contrato complementario se adeuda $ 76.577,40 más $ 18.378,58 correspondientes al interés al 12% anual financiado en 24 cuotas de $ 3.956,50, cuyo plazo venció el 13 de septiembre 2014”.

Salta Plast S.R.L.: “Aún se adeuda el monto de venta de $ 47.250 (90%) más intereses al 12% anual de $ 11.340 sobre saldo financiado en 24 de $ 2.441,25. El plazo venció el 15 de noviembre de 2010”.

Il Cavallino S.R.L.: “Del Contrato original de adjudicación se adeuda la suma de $ 9.450 (90%) más intereses al 12% anual de $ 1.134 sobre saldo financiado en 12 cuotas de $ 882. El plazo venció el 14 de noviembre de 2009; del Contrato complementario se adeuda $ 16.566,53 más $ 1.987,98 correspondiente al interés al 12% anual financiado en 12 cuotas de $ 1.546,20. El plazo venció el 11 de noviembre 2012”.

La Casa del Carpintero: “Aún se adeuda el monto de venta de $ 54.252,02 (por el 90%) más intereses al 12% anual de $ 13.200,48 sobre saldo financiado en 24 cuotas de $ 2.803. El plazo venció el 25 de marzo de 2013”.

 

A otras les faltaba el dictamen que aprobara su radicación en el Parque Industrial.

 

Las perlas

Para completar, el organismo de control salteño narró dos casos que merecen párrafo aparte. Por un lado, está el de la empresa Hábitat Ecológico. Es que esta firma recibió la transferencia de la parcela por 50 años de parte de otra compañía, Agrotécnica Fueguina, pese a que una operación de ese tipo incumple lo establecido en una ley vigente desde 1978

Además, la AGS explicó que el Ente Autárquico Parque Industrial aprobó la cesión del predio mediante una resolución posterior a la puesta en funcionamiento de Hábitat Ecológico.

Por otro lado, la investigación vuelve sobre la historia de Neumáticos San Agustín para remarcar el incumplimiento del contrato de adjudicación, que data de marzo de 2003, en lo referente la ejecución de obras en el predio.

Es que, si bien la norma imponía un plazo de 90 días para iniciar las obras civiles y 280 días para la puesta en marcha de la producción, el mencionado Ente Autárquico debió intimar a la compañía a que ejecute trabajos en el predio, bajo pena de revocación de la adjudicación. ¿Y cuándo lo hizo?, en marzo de 2012, es decir, nueve años después.

Ante este panorama, la Auditoría concluyó que, tanto el control interno del Parque Industrial, como su grado de cumplimiento de la legislación, son “desfavorables”.

Y, por eso, el organismo recomendó “implementar un sistema de control interno formal (por escrito) a fin de garantizar la transparencia de la gestión y evitar que las empresas que no cumplen con la normativa vigente, gocen de beneficios impositivos, ocasionando un daño al Fisco”, y “aplicar las sanciones correspondientes a las compañías radicadas en el Parque industrial que incurrieron en los incumplimientos detectados en esta auditoría”.