En la provincia de Salta rige una ley que obliga a funcionarios de distintos niveles del Estado a presentar sus declaraciones juradas dentro de los 30 días de asumido o dejado algún cargo. La norma designa a la Escribanía de Gobierno como la encargada de gestionar esa información, formular intimaciones frente a incumplimientos y, llegado el caso, publicar en el Boletín Oficial la nómina de quienes no muestren sus números. 

Sin embargo, la Auditoría local (AGPS) descubrió que la Escribanía difundió el 18 de mayo de 2018 los nombres de los diputados que no habían cumplimentado el trámite tras las elecciones de 2017, y que comenzaron o cesaron sus actividades el 24 de noviembre de ese año. Es decir, con una demora de casi seis meses.

En total, fueron 60 los parlamentarios alcanzados por la medida en cuestión: 30 diputados entrantes y la misma cantidad de salientes. 

La Auditoría salteña afirmó que, sobre ese número, 56 funcionarios presentaron sus declaraciones juradas, un 93%, y 4 no lo hicieron. 

En el desagregado, el organismo de control detalla que, de los entrantes, la proporción fue de 29 cumplidores y un incumplidor; mientras que en los salientes la relación fue de 27 a tres.

Estos números muestran una mejora con respecto a lo ocurrido tras las elecciones de 2015. En aquella oportunidad, de los 26 senadores obligados a mostrar sus declaraciones juradas, 14 lo hicieron y los otros 12, que representan el 46%, infringieron.

Al comparar los dos informes puede advertirse que este último relevamiento no aporta el dato del departamento al que representan los parlamentarios incumplidores.

Y hay otra diferencia. La investigación sobre las elecciones 2015 marcaba como “un punto débil en el control interno de la Escribanía de Gobierno que todo el proceso de carga en la base de datos de quienes tienen que presentar las declaraciones depende de una sola persona”.

Pues en el de 2017 la observación es casi idéntica, salvo por el hecho de que ahora hay dos agentes encargados de esa tarea. Igualmente, la Auditoría salteña recomendó que “se capaciten a más personas para realizar tal función”.