Guillermo Schweinheim es doctor en Sociología y director del Centro de Estudios La Piedad de la Asociación del Personal de Organismos de Control. Es un experto en auditoría gubernamental y gestión pública, y forma parte del grupo promotor del “Consenso por una función pública profesional para la Argentina del Siglo XXI”.

- ¿Cómo se origina el “Consenso por una función pública profesional”?

Los que nos dedicamos a los temas de la administración pública somos conscientes de que la falta de funcionarios públicos de carrera es un problema de larguísima data. Nuestro país, como la mayoría de los latinoamericanos, no tiene resueltos los criterios de acceso al Estado. Normalmente siguen un patrón clientelar, por amistad, familiar, vínculo político o relaciones sindicales. No hay un mecanismo de elección por exámenes, concurso, antecedentes o cualquier prueba fehaciente de que la persona que está ingresando cumpla con ciertos requisitos mínimos para el cargo que va a ocupar.

En el Congreso de Administración Pública del año pasado, en Rosario, hubo un grupo de 3 ó 4 miembros que nos juntamos y pensamos en armar un manifiesto que llame la atención sobre la necesidad de que la Argentina empiece a resolver de alguna manera este tema. Esto coincidió con otro conjunto de personas que estaba en la misma sintonía, entonces nos pusimos de acuerdo en que hubiera un solo documento. Así, en noviembre sentamos las bases de la modalidad de trabajo y para febrero ya teníamos armado el Consenso. Lo firmaron desde profesores de políticas públicas y carreras afines hasta intelectuales y políticos de distintos partidos alcanzando las 800 adhesiones. Tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible para instalarlo aunque no tuvimos la capacidad de que estuviera en los debates presidenciales.

- ¿Hubo intentos anteriores de resolver la problemática de la profesionalización del Estado?

 La conciencia de esto es de tiempos remotos. Desde la década del 60 hubo varios intentos pero de escasa fuerza. Raúl Alfonsín creó el Cuerpo de Administradores Gubernamentales que tenía un alto nivel y llegaron a ser casi 250. Hoy quedan solamente 70 y son mayores de 50 años.

- ¿Hay alguna institución del país que funcione como propone el “Consenso…”?

La respuesta general es no. La regla de ingreso a la administración pública es discrecional. Lo más parecido a lo que planteamos es el cuerpo diplomático argentino que tiene un régimen de exámenes muy rigurosos. En el caso del Banco Nación Argentina las incorporaciones pueden ser por contacto pero hay que pasar una prueba que evalúa ciertas habilidades mínimas. Suele haber concursos para ascender, pero no necesariamente para entrar, por ejemplo, en la Auditoría General de la Nación y en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires hubo procesos selectivos especiales para ocupar posiciones en las delegaciones fiscales que controlan municipios a lo largo de todo el territorio bonaerense y algunos mecanismos en los ascensos.

Hay procesos virtuosos de selección en la AFIP, sobre todo en la DGI. Hubo experiencias provinciales positivas como la de Santa Fe y su Cuerpo de Administradores Provinciales que creó Carlos Reutemann o el Cuerpo de Gestores Provinciales que instauró Daniel Scioli, que no tuvieron una continuidad importante.

De todas formas, hay que diferenciar entre las gerencias y la alta dirección. Lo que nosotros postulamos en el Consenso es que la gerencia tiene que ser el último escalón de la carrera administrativa. Tomemos el caso del PAMI como ejemplo. Uno debiera decir que el jefe de una regional tiene que ser de carrera y no designado desde afuera. Lo mismo con cualquier jefe de departamento de la AGN. Otra cosa es quién ejerce el cargo de Presidente del PAMI o de Auditor General de la Nación.

Se entiende que si uno entra por examen tiene una alta garantía de independencia. Por supuesto que puede haber casos de corrupción o malas prácticas, pero normalmente sucede que el que ingresa mediante esa modalidad tiene un mayor compromiso con los valores del sector público y con las leyes que regulan la administración, que los que entran a dedo.

- ¿Se puede capacitar a quien ya está dentro de la administración?

Sí, de hecho fue posible entre los años 1993 y 1999, con algunos problemas ya que las personas tomaban cualquier curso aunque no le sirviera para su puesto de trabajo con tal de reunir los créditos. Había ciertos vicios en el sistema que se tenían que corregir.

El tema no es solamente que no haya tradición ni cultura de la capacitación continua, sino que organizarla no es tan sencillo. La mayor parte de los empleados del Estado federal están concentrados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Los municipios pequeños, por ejemplo, no tienen la capacidad para convocar instructores por falta de presupuesto. Hay veces que los gobiernos provinciales se hacen cargo y arman redes de capacitación o cursos en universidades. Esto último también tiene sus bemoles porque lo que se necesita es enseñar procesos de trabajo y a veces las universidades no saben de esto.

Acá aparece otra cuestión: ¿cómo se forman a los capacitadores? Cuesta mucho tiempo. Entre los años 70 y los 90, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) lo hizo. Todo es construible si hay vocación de hacerlo. Tampoco hay que creer que la tecnología va a resolver todo. Se puede poner un curso en línea pero con el tiempo la gente se desmotiva y se pierde.

- En el sexto punto del Consenso se habla sobre la inversión en tecnología, ¿qué le pareció el plan de modernización del Estado?

No hablamos ahí de tecnología en el sentido estricto de las TICs, lo hacemos en el marco de la actualización tecnológica. Los procesos de transformación del Estado siempre son necesarios porque hay nuevas demandas sociales, cambios en las regulaciones públicas, nuevos desarrollos de procesos. Pensar que cualquier Estado puede funcionar con expediente en papel me parece una locura. En términos personales, y muchos colegas coinciden, creo que la Gestión Documental Electrónica (GDE) es un avance en materia de digitalización de la tarea administrativa.

Hay un problema, un “sesgo TIC”, que es creer que la mejora del aparato estatal pasa casi exclusivamente por la implementación de sistemas informáticos y que la capacitación solo tiene que ser de esa manera. No se moderniza al Estado por dar cuatro horas de capacitación sobre GDE a 20 mil personas. Eso es presentar un sistema.

- ¿Cómo ves el futuro de la administración pública?

No tengo muchas expectativas de que las cosas vayan a cambiar de manera significativa a corto plazo. Entre otras razones porque el problema macroeconómico y fiscal de la Argentina hace una agenda tan enorme que no sé qué espacio va a haber para incluir esta temática.

Por ahí es mejor que la próxima gestión vaya por cuestiones más específicas y no tan generales: restablecer  la carrera administrativa en el Palacio de Hacienda o en el INDEC, la AFIP, Desarrollo Social y Salud. Marcar una tendencia.