El Registro No llame nació en 2014 con el objetivo de proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados.

Sin embargo, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó, tras hacer una encuesta vía mail, que tres de cada cuatro personas inscriptas continúan recibiendo llamados. También se observaron falencias en la difusión de la iniciativa, la tramitación de denuncias y la aplicación de sanciones.

La Agencia de Acceso a la Información Pública es la autoridad de aplicación de la Ley 26.951 de creación del Registro Nacional No Llame. Ante denuncias de la ciudadanía, inician las actuaciones administrativas correspondientes y verifican la existencia de infracciones a la normativa.

Del mismo modo, se encargan de realizar relevamientos con el fin de poner esa información a disposición en la web para que puedan acceder los ciudadanos. ¿Cómo es el proceso? La persona se anota en el Registro No Llame a través de la web o del 146. Pasados los 30 días, si de una empresa siguen llamando, se puede hacer una denuncia a través de la misma vía. De esta manera, desde la Agencia van abriendo expedientes y si se comprueba la infracción, se aplican penalidades.

“Las sanciones que les pueden caber a las compañías son apercibimiento, suspensión, multa, clausura o cancelación de archivo, registro o banco de datos. Las multas pueden graduarse en leves, graves y muy graves, y los montos a aplicar oscilan entre los $ 1.000 a los $ 100.000 por infracción. Todo dependerá de cada caso en particular”, explicó Eduardo Cimato, Director Nacional de Protección de Datos Personales.

“Durante 2018 –completó-, la Agencia aplicó multas por un total de casi 72 millones de pesos, que se concentran principalmente en las cinco empresas más denunciadas: Movistar, Personal, Claro, DirecTV y Telefónica Argentina”.

El ente tiene en su web un listado con las compañías infractoras. Allí aparece un gran número, aunque las que más se repiten son aquellas que fueron multadas por el organismo. De hecho, las que fueron sancionadas volvieron a infringir la norma.

Según la AGN, hasta marzo de 2017 la cantidad de líneas anotadas era de 803.055. Lo que en su informe consideró una “baja adhesión” se debió, en palabras de los investigadores, a que “las acciones de difusión fueron insuficientes para lograr la meta”.