De los 26 senadores obligados a presentar su Declaración Jurada 14 cumplieron (54%) y 12 no lo hicieron (46%). Los datos se desprenden de un informe de la Auditoría General de la provincia de Salta en el que se evaluó a la Escribanía de Gobierno en torno a la presentación de la documentación patrimonial de los legisladores entrantes y salientes a partir de las elecciones de 2015.

Por ley, los diputados y senadores provinciales “tienen la obligación de presentar las Declaraciones Juradas dentro de los 30 días de asumir sus funciones o de cesar en las mismas”. Es la Escribanía la que “debe recibir, protocolizar, conservar y custodiar las DDJJ; pero también, tomar las medidas necesarias para que quienes tengan que presentarla conozcan esa obligación”.

De los 13 representantes salientes de la cámara alta “solo seis, el 46%, presentaron su situación patrimonial, mientras que siete, el 54%, incumplieron con la documentación”.

De los ingresantes en la cámara alta, 11 electos y dos por reemplazos, solo 8 presentaron la DDJJ, mientras que “los representantes de Iruya, Santa Victoria, La Viña, Orán y Cafayate no lo hicieron”.

En cuanto a los diputados, el porcentaje de cumplidores fue mayor: “el 76% realizó correctamente la presentación de la declaración jurada y solo el 24% no lo hizo”.

De los 32 ingresantes, “27 rindieron cuentas de su patrimonio, mientras que tres representantes de Salta capital, uno del departamento de Orán y uno de Rivadavia no cumplieron”.

Sobre los 32 salientes, “el 69% presentó correctamente su declaración jurada mientras que 10, que representan el 31%, no”. De ellos, tres eran de Salta Capital, dos de Orán, uno de Cerrillos, General Güemes, Metán, Molinos y San Carlos.

Según consta en el informe, aprobado en abril de 2017, la Escribanía “invitó dos veces al mismo lote de legisladores a presentar la declaración jurada en un lapso de 15 días, pese a tener constancia de que el primer envío fue recibido con conformidad”.

Además de los legisladores, también estaban obligados a presentar su declaración patrimonial el gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo, magistrados judiciales, miembros del Tribunal de Cuentas, secretarios y subsecretarios del Estado, sus hijos y cónyuges, solo por mencionar algunos. No obstante, “con ocho meses de demora, en el Boletín Oficial solo se publicaron los nombres de los diputados y legisladores que incumplieron, omitiendo la publicidad del resto de los funcionarios obligados”.

Finalmente, el informe señaló como un punto débil en el control interno de la Escribanía de Gobierno que “todo el proceso de carga en la base de datos de quienes tienen que presentar las declaraciones depende de una sola persona”.