En Salta existe un programa destinado a atender a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años en situación de vulnerabilidad. La iniciativa prevé que, solo en casos excepcionales y por tiempo limitado, los beneficiarios sean alejados de su núcleo familiar directo para ingresar a los llamados Centros de Inclusión Transitoria (CIT). No obstante, la Auditoría de la provincia (AGS) detectó casos de chicos que permanecieron en los hogares por más de tres años.

El organismo de control aprobó este año una investigación sobre la gestión de los centros durante 2014 y observó que en las ocho sedes de la capital salteña había siete chicos con menos de tres meses de alojamiento; 25 tenían hasta seis meses de estadía; 69 llevaban entre seis meses y tres años de permanencia, y 11 superaban esa marca. 

Los datos corresponden a los ocho centros de Salta capital.
Los datos corresponden a los ocho centros de Salta capital.

Según el informe, estos “períodos de permanencia contradicen el precepto de excepcionalidad de la institucionalización”, previsto en la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 41, inciso “b”). 

Por otra parte, la Auditoría remarca que el programa de los centros -que forman parte del Sistema provincial de Protección Integral de chicos- “muestra una distribución centralizada”. Es que, como ya se dijo, la ciudad capital dispone de ocho sedes, mientras que en el resto de Salta hay solo una, que está ubicada en Tartagal.

“Tal situación -dice la investigación-, vulnera el precepto de ‘arraigo’ señalado en la Ley provincial 7.039” de Protección de la Infancia (artículo 14, inciso “e”).

El informe también apunta que, si un chico sale de un Centro, “el programa debe realizar un seguimiento, ya sea con su familia de origen, guardadores judiciales o familia adoptante”, y que esos trabajos “son fundamentales para minimizar casos de reingresos”. Sin embargo, se descubrió que “las tareas posteriores al egreso del niño, niña o adolescente, solo alcanza al 50% de los casos, y aun así no tienen la periodicidad suficiente”.

Puertas adentro de los hogares, la Auditoría notó que hay menos personal del que correspondería. Tal es así, que se destaca la “escasez de relevos para cubrir todos los turnos; ausencias por situaciones de estrés; insuficiencia de equipos técnicos”, y contrataciones precarias de trabajadores sin capacitación. 

Para completar el cuadro, los investigadores destacaron la “falta de supervisión habitual y sistemática del personal de los centros”, una “carencia que fue señalada por los propios trabajadores”.

Y hablando de escasez, el informe completa que “el programa carece de movilidad propia, lo que dificulta el traslado de los menores a las audiencias judiciales en tiempo y forma”, y complica al equipo técnico encargado de articular con las familias de origen, que se encuentran en distintos lugares de la provincia. La observación coincide con el diagnóstico de otras iniciativas salteñas dedicadas a la infancia.