Un informe de la Auditoría General de Salta (AGPS) reveló que existen solo seis profesionales encargados de monitorear los 38 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que funcionan en la provincia, y en los que se atiende a 4.200 niños y niñas de hasta 4 años.

Esta “insuficiente asignación de recursos humanos”, a palabras del organismo de control, se da en un “equipo técnico conformado por psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales”, y en el que se contabilizaron “20 cargos vacantes producto de bajas por jubilaciones y la no incorporación de nuevo personal”.

La investigación, aprobada este año sobre datos de 2014, añade que “un indicador de que los equipos técnicos existentes no dan abasto, es que un informe nutricional, que debía abarcar a los 4.200 niños asistentes a los Centros, solamente alcanzó a 958”. 

Y otro ejemplo es que, según observó la Auditoría, “los trabajadores sociales deben cumplir con tareas de características propias de asesores legales, como (elaborar) informes a juzgados y defensorías”.

A la falta de personal, el informe suma “la carencia de móviles para efectuar los traslados, ya que solamente cuentan con dos vehículos para recorrer toda la provincia”.

Sin embargo, pese a este panorama, los auditores salteños destacaron que “se sobrecumplió el objetivo (de los Centros), pues se está dando atención a 4.200 (chicos) sobre una meta prevista de 4 mil”, y además “se cumple puntualmente con las rendiciones de cuentas por los fondos recibidos, ya sean nacionales o provinciales”.

Los centros

Sobre los 38 Centros de Desarrollo Infantil de la provincia, la Auditoría de Salta analizó diez y, de esa muestra, obtuvo hallazgos tanto generales como particulares.

En el primer grupo, la investigación enumeró que faltan de sensores de humo; las aberturas no disponen de vidrios de seguridad; las puertas no se abren hacia adentro ni hacia afuera y no cuentan con dispositivo antipánico. 

Además, “no se efectúan periódicamente análisis físico-químico ni bacteriológico del agua potable”; no tienen planos de estructura sismo-resistente revisado por el Consejo local de Agrimensores y tampoco hay planos de infraestructura eléctrica aprobados por autoridad competente. 

Para completar, “en materia de infraestructura edilicia, ninguno de los CDI visitados cumplen con los estándares de calidad planteados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

En cuanto a los hallazgos particulares se destaca, por ejemplo, que el Centro La Merced, ubicado en la localidad homónima, “funciona en un edificio del Estado provincial que tiene más de 100 años de antigüedad”. La Auditoría visitó esa sede el 9 de diciembre de 2015  y descubrió que “la única persona presente en el lugar” era la jefa del CDI, quien, según trascendió, “se dispuso terminar las actividades con anticipación a lo usual -el 30 de noviembre-, debido al peligro de derrumbe que sufre el edificio en ciertos ambientes”, alertó el informe.

El organismo de control detectó que uno de los sectores del edificio, el ala norte, “en la que se desarrollan actividades cotidianas con niños y agentes, se encuentra fuera de funcionamiento por el peligro latente de derrumbe, dada la antigüedad del edificio y los recientes movimientos sísmicos registrados en la zona”.

Entre otras observaciones figura que “el sistema eléctrico fue suspendido preventivamente por humedad”; hay “una piscina fuera de uso, sin agua ni rejas, que constituía un peligro latente para los niños; no hay baños con un inodoro cada seis chicos -lo mismo ocurre con los sanitarios para empleados-; no hay luces de emergencia y los tomacorriente no tienen tapas protectoras”.

Por otra parte, en el CDI Solidaridad, de la capital provincial, la Auditoría observó que falta el cerco perimetral lo que “sumado a la situación de inseguridad de la zona, determina la imposibilidad de los niños de utilizar espacios a cielo abierto, como asimismo, facilita el acceso nocturno de terceros con fines delictivos”.

Y el CDI Hijos de María, que funciona en una parcela privada de la finca La Población, en la localidad de El Carril, departamento de Chicoana, directamente es “un galpón con techos de chapa, paredes de bloques con revoque grueso y piso de tierra”, notaron los investigadores. 

Eso no es todo: dentro del galpón “no se evidencia separaciones de ambientes, por lo que las distintas actividades (salitas, guarderías, comedor, salón de actos, sectores administrativos, cocina) se desarrollan en el mismo espacio físico”, y además “se evidencian interrupciones cotidianas del servicio eléctrico, lo que ocasiona el deterioro de los alimentos perecederos; hay intermitencia de agua, los sanitarios son precarios, con pozo ciego, y compartidos con el personal de la finca”, narró el informe.

No obstante, la Auditoría salteña remarcó la “importancia” de este Centro de Desarrollo Infantil “desde el punto de vista asistencial, nutricional y educativo”, ya que, según el informe del Equipo Técnico, “la población de asistidos asciende a 45 niños, de los cuales el 21% se encuentra con riesgo de bajo peso. Se asiste, a la vez, a niñas y niños mayores a 6 años con déficit nutricional”.