En Salta rige una Ley que obliga a funcionarios a presentar declaraciones juradas antes y después de asumir los cargos. El texto indica que, si esto no se cumple, la Escribanía de Gobierno provincial debe conminar a los responsables a que acaten la norma. Pues bien, según un informe de la Auditoría local (AGPS), la empresa de correos contratada para esa misión perdió varias de las intimaciones.

Las cartas en cuestión habían sido enviadas tras las elecciones de mayo de 2015, en la que los salteños votaron gobernador y vice, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 340 concejales. En estas últimas dos categorías hubo varios incumplimientos, de los que este medio dio cuenta hace dos semanas.

El organismo de control apuntó que la empresa encargada de repartir las intimaciones fue OCASA y añadió que, además de las cartas extraviadas, “algunas notificaciones se enviaron fuera de tiempo”. 

Un año después de la elección, la empresa recibió una queja por el servicio.

Asimismo, la Auditoría salteña observó que la Escribanía no hizo un relevamiento oportuno de las direcciones de quienes debían mostrar sus bienes. Como respuesta, el propio ente explicó que “la obtención de los domicilios particulares de los funcionarios del Ejecutivo Municipal representa en muchos casos un problema debido a que la fuente son las Declaraciones Juradas Patrimoniales y, de acuerdo a nuestras estadísticas, este es el Poder que más incumple la Ley”.

A esto se sumó una particularidad de la empresa: “En otros casos -siguió argumentando la Escribanía-, a los agentes de OCASA se les dificulta localizar los domicilios declarados, debido a que se encuentran en parajes difíciles de acceder, o la numeración de las casas no existe”.

¿Qué hizo la Escribanía ante este panorama? En mayo de 2016, a un año de las elecciones y cinco meses después de los traspasos de mando, pidió por nota a distintos municipios que le informen dónde vivían los funcionarios que cesaron e iniciaron funciones en diciembre de 2015. 

Si bien la Escribanía pidió información, la colaboración de los municipios fue "escasa". 

Pero, como las respuestas fueron “escasas”, según la propia Escribanía, dos meses después, en julio de 2016, se insistió con el trámite, esta vez puntualizando el pedido en las casas particulares de los concejales salientes. 

Sin embargo “nuevamente la respuesta fue escasa, solo el 17 por ciento (de las comunas) cumplió con nuestra solicitud”, explicó la Escribanía, y agregó: “La falta de colaboración de los Municipios nos dificulta la actual tarea de notificación de cese de funciones en domicilios particulares. Es por ello que se enviará al domicilio laboral un ‘Recordatorio de presentación de Declaración Jurada’, donde se informará sobre tal obligación. De esta manera -completó-, nos aseguraremos que todos los funcionarios sean notificados, aun si desconocemos su domicilio particular”.

Unos meses después, el 23 de noviembre de 2016, la Escribanía de Gobierno salteña reclamó a la empresa OCASA por el servicio prestado. 

Otras falencias

La Auditoría salteña también detectó “fallas de control interno” reconocidas por el propio ente analizado. Por ejemplo, trascendió que “hubo funcionarios que no fueron intimados” por un “error involuntario de la persona encargada de generar las notificaciones”

Según la investigación, esto se debió, por un lado, “al volumen de notas que se preparaban todos los días” y, por el otro, a que algunos funcionarios que cesaron en 2015 no habían presentado sus declaraciones juradas al momento de comenzar sus cargos, “es por esto que no teníamos un domicilio para notificaros”, aclaró la Escribanía. 

 

La Ley que obliga a la presentación de Declaraciones Juradas data de 1989.

 

Sobre el volumen de trabajo, el organismo de control provincial descubrió que la carga de la base de datos de los sujetos obligados a transparentar sus bienes “se centraliza en dos personas”, por lo que “resulta necesario” que se capaciten a otros agentes. 

Además de todos sus hallazgos, la Auditoría concluyó que “la Escribanía de Gobierno no cumplimentó en término la obligación de publicar en el Boletín Oficial los nombres de los funcionarios públicos que omitieron la presentación de las declaraciones juradas”. Es que, si bien la mencionada Ley le da un plazo de 180 días para cumplir esta misión, la confección de la lista de intendentes y concejales “incumplientes” (SIC) se difundió oficialmente el 12 de diciembre de 2016.