Pese a que en la provincia de Salta rige una ley que obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas antes y después de ejercer la función pública, la Auditoría local (AGPS) detectó que tras las elecciones de 2015 hubo 25 intendentes que dejaron sus cargos sin transparentar la evolución de sus patrimonios.

Los comicios en cuestión se celebraron el 17 de mayo de aquel año, cuando se eligieron gobernador y vice, 11 senadores y 30 diputados provinciales, 60 intendentes y 340 concejales.

El organismo de control centró su análisis en estas dos últimas categorías; puntualmente, la Auditoría salteña intentó medir el cumplimiento de la normativa vigente y, en ese sentido, observó quienes no presentaron sus declaraciones juradas 30 días antes de abandonar el poder fueron los alcaldes salientes de Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín V. González, San Lorenzo, El Bordo y General Güemes.

 

En Apolinario Saravia no hubo DDJJ del alcalde entrante ni del saliente.

 

También aparecen en esta lista los jefes comunales salientes de Guachipas, Iruya, Isla de las Cañas, El Jardín, La Poma, Coronel Moldes, La Viña, San Antonio de los Cobres, Aguas Blancas, Colonia Santa Rosa e Hipólito Yrigoyen. 

La nómina se completa con las localidades de Santa Victoria Este, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Embarcación, Mosconi, Salvador Mazza y Santa Victoria Oeste. 

La palabra del control

En los últimos años, varias han sido las investigaciones que trascendieron en torno a las gestiones de algunos de estos municipios. Tal es el caso de Coronel Moldes y la, por lo menos, curiosa forma en la que el Ejecutivo local le envió un proyecto de presupuesto al Concejo Deliberante; la no menos curiosa cantidad de observaciones que hizo la Auditoría provincial a la comuna de Salvador Mazza; y la escasa información brindada por la gobierno de Santa Victoria Este, que llevó al organismo de control a no poder emitir ninguna opinión sobre la marcha de esa administración.

La mitad de los concejales entrantes tampoco cumplió con la normativa vigente.

Los que asumieron

Por otra parte, la Auditoría descubrió que, de los 60 intendentes que triunfaron en aquellas elecciones de 2015, 17 tampoco presentaron sus declaraciones juradas 30 días antes de asumir. 

Ocurrió en las ciudades de Apolinario Saravia, General Pizarro, Joaquín V. González, Payogasta, Cafayate, Guachipas, Iruya, Isla de Cañas, La Caldera, Coronel Moldes, La Viña, Molinos, Aguas Blancas, Colonia Santa Rosa, Santa Victoria Este, Campo Quijano y Salvador Mazza.

Quienes frecuenten este medio ya habrán notado que el incumplimiento de la Ley provincial 6.547 se repitió en varios municipios o, dicho de otra manera, que en 12 localidades no se transparentaron los patrimonios de alcaldes salientes ni entrantes

 

En Las Lajitas tampoco hubo datos del intendente entrante ni del saliente

 

Concejales

Como ya se dijo, en los comicios de 2015 hubo un recambio de 340 ediles en 60 departamentos.

Por el lado de los salientes, la Auditoría reveló que 204 no presentaron sus declaraciones juradas. Se trata de un 60 por ciento del total, es decir, seis de cada 10 casos.

Y hubo municipios en los que ninguno de los concejales electos difundió su patrimonio. Esto ocurrió en El Quebrachal, General Pizarro, Guachipas, Iruya, Isla de Cañas, La Viña, Río Piedras, Aguas Blancas, Colonia Santa Rosa, Pichanal, San Carlos, Los Toldos, Nazareno, Santa Victoria Oeste y Rivadavia Banda Norte, donde el organismo de control también comprobó hechos, por lo menos, curiosos.

 

En La Viña no hubo datos del intendente entrante, el saliente ni de los concejales.

 

La normativa solo se cumplió en tres departamentos: Rosario de la Frontera, El Galpón y Campo Santo. 

Por otra parte, la mitad de los concejales entrantes no presentó sus declaraciones juradas porque, siempre según la Auditoría, de los 340 cargos en juego, 170 no completaron ese trámite. 

Para más detalles, click en FUENTE AGPS.PDF.

Los ni-ni-ni-ni

Para completar el cuadro, el organismo de control salteño informó que hubo cuatro departamentos en los que no se cumplió la ley en ninguna de las categorías en juego: se trató de Iruya, La Viña, Aguas Blancas y Colonia Santa Rosa, municipios en los que fue imposible conocer el patrimonio de intendentes entrantes y salientes, y concejales ídem.

Adelanto. Para la próxima entrega, se hará un repaso de los hallazgos que obtuvo el organismo de control tras analizar la gestión del Escribano de Gobierno provincial, que es el encargado de hacer cumplir la Ley de las declaraciones juradas.