Aunque parezca increíble sucedió. Pasó en 2007, en el Municipio salteño de Coronel Moldes. Lo advirtió la Auditoría General de Salta cuando solicitó el Presupuesto de ese año y recibió “un documento llamado `Ordenanza Ad Referéndum Nº 1/07´ de presupuestos de recursos y gastos”. El ejecutivo local lo elaboró sin la participación del Concejo Deliberante amparándose en el artículo 30 de la ley 1349  que prevé  un mecanismo para la sanción de normas que puede ser utilizado exclusivamente  en “situaciones de extrema urgencia, catástrofes o casos de fuerza mayor”.

Si bien la Auditoría señaló que “no se verificó ningún escenario de extrema urgencia” parece que para el municipio sí existía. Incluso estaban tan apurados por presentarle la ordenanza al Concejo Deliberante que decidieron pasarle el documento, literalmente, por debajo la puerta. Según consta la cédula de notificación  presentada el 5 de enero, “como no se encontraba persona alguna en el lugar, pese a que era un día hábil, se procedió a dejar una copia de la misma por debajo de la puerta del domicilio indicado”.

¿Quiénes efectuaron la notificación? Es otra incógnita que nos plantean los auditores porque “no se sabe a quién corresponden las firmas inscriptas en la cédula” ya que “no aclaran nombre, apellido, ni cargo de los agentes municipales”. De hecho, aunque asentaron sus Documentos de Identidad (DNI), los números del documento de uno de los dos agentes actuantes eran “ilegible”.

¿Cómo hubiera sido correcta la presentación presupuestaria? La Ley provincial de Municipalidades establece que antes del 30 de noviembre de cada año, el intendente debe presentar a su Concejo Deliberante el proyecto para su discusión y aprobación. Si por algún motivo “eso no sucede antes del primero de enero, se toma como vigente el presupuesto del año anterior”. Como vemos, ni aún en situaciones de fuerza mayor correspondía una “ordenanza ad referéndum” porque automáticamente se prorrogaba el cálculo de gastos y recursos del año 2006, en este caso.

Los auditores también señalaron que el Poder Ejecutivo municipal “no confeccionó la cuenta general del ejercicio en los tiempos señalados” y que “no remitió dicho balance a la propia auditoría provincial, tal como lo establece la legislación vigente (7.103)”. A estas falencias se les suma que tampoco “estaba actualizada ni completa la registración contable del ejercicio en cuestión”, ya que “numerosas operaciones se encontraban sin registrar y otras presentaban inconsistencias”.

Por su parte, la Auditoría de Salta se tomó tres años para aprobar este informe, que recordemos, examinó las cuentas del 2007. En marzo de este año, se dio el visto bueno a la versión definitiva de un trabajo que había finalizado sus tareas de campo en abril de 2009.

El organismo de control explica que el ex intendente del Municipio de Coronel Moldes “presentó aclaraciones sobre las observaciones formuladas el 28 de diciembre de 2010”. ¿Qué día es? “El de los santos inocentes”, no lo dice el informe pero tampoco hace falta.