En el cierre de la semana pasada, El Auditor.info publicó que en la intendencia de Coronel Moldes el poder legislativo fue notificado del presupuesto anual mediante una copia que insólitamente fue dejada por “debajo de la puerta” del edificio del Concejo Deliberante. Pero la Auditoría encontró más, esta vez relacionado a un conflicto con Agua y Energías Eléctrica Sociedad del Estado y un asesoramiento jurídico que no fue.

Todo comienza con la falta de pago de la Tasa Municipal por parte de la empresa de agua y energía por la actividad que desarrolló en la planta de Cabra Corral entre 1981 y 1988. En agosto de 2005, el entonces intendente de Moldes “firmó un acta por más de $4.7 millones” por el que se saldaba la deuda, pero se “renunciaba a toda acción judicial o extrajudicial”.

En esta situación, el municipio celebró un convenio “de Gestión de Consultoría” con la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva DAR “para que realice las gestiones a fin de que la comuna pueda cobrar” ese dinero. A cambio, la sociedad recibiría el 6,5 % de la suma total que entrara a la intendencia. El monto percibido por la Asociación, en noviembre de 2007, ascendió a $ 582.000.

Sin embargo, los auditores señalaron que “la Municipalidad de Moldes pagó por un servicio profesional que no recibió” ya que “no les fueron entregadas las constancias de la gestión que realizó la Asociación DAR en relación al convenio”.

Pero eso no es todo, la Auditoría salteña pudo constatar que “el presidente de la Asociación trabaja en el domicilio del asesor jurídico de la intendencia y que de diversos escritos surge que era su secretario”.

A esto se suma que, cuando el 31 de julio de 2006 se suscribió el convenio con DAR para que le brinde asesoramiento a la intendencia, la Asociación “estaba inhabilitada para ser contratada” ya que “el trámite para la aprobación del estatuto y otorgamiento de la personería jurídica fue iniciado recién el 8 de septiembre de ese año y concedido un mes después”.

El informe también aclara que “la sociedad no tenía en su objeto social la prestación de servicios jurídicos mediante la contratación de terceros” y que “no hay constancia de que estuviera registrada como proveedora del Estado”.

En el balance anual, la intendencia registró, bajo el ítem “Rentas Devengadas en Ejercicios Anteriores - Juicios”, $1,6 millones que correspondían a las acreditaciones del mes de septiembre. Pero no se asentaron “el resto de las operaciones realizadas hasta el cierre del ejercicio”. Es importante aclarar que “por la venta de los bonos del estado el municipio termino recibiendo $ 6.8 millones.

Ante esta situación, la Auditoría de Salta expresó que “la inscripción presupuestaria contable y financiera fue parcial e incompleta”. Paralelamente, el organismo de control también indicó que “en los registros contables de la asociación no figuran ingresos por el convenio celebrado con el municipio”.