Entre 2003 y 2011, la empresa Ferrovías recibió subsidios del Estado por $ 1.463.001.812,12, pero un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indica que hay dos organismos que no pueden determinar si esas ayudas económicas fueron razonables o no.

Ferrovías explota desde 1994 la línea que une Retiro con Villa Rosa y los entes estatales encargados de chequear, entre otras cosas, los subsidios que se le transfieren a la firma son la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Los subsidios en detalle

El contrato entre Ferrovías y el Estado Nacional establece que “se procederá a la redeterminación de la tarifa propia, subsidio o canon, cuando alguna de las partes invoque, fundadamente, un incremento o una disminución (de costos) superior al 6% en cualquiera de los subrubros de la explotación”.

La Auditoría dice que entre 2003 y 2011, la empresa pidió que le aumenten las transferencias de dinero unas 17 veces, y que en ese lapso “el monto de subsidio de explotación mensual se vio incrementado en un 445,13% como consecuencia de las sucesivas redeterminaciones”.

Además, de esos casi $ 1.500 millones enviados, la mayoría se destinó al “aumento de gastos en personal, ya sea por incrementos salariales o por incorporación” de empleados.

En cuanto a cómo impactaron esas ayudas económicas en los números de Ferrovías, la AGN detalló que “en 2004 los subsidios representaban el 66,96% de los ingresos de explotación”, es decir que de cada tres pesos que recaudó la empresa, dos llegaron desde las arcas del Estado Nacional. Ya para 2011 “ese porcentaje pasó al 83,82%”, completa la investigación, y añade que el subsidio por pasajero transportado registró un aumento del 197,53% entre 2004 y el año pasado.

De controles y debilidades

“La mayoría de los reconocimientos correspondientes a ajustes en el rubro Personal se han realizado apartándose del procedimiento establecido en la normativa”, afirma la AGN que, asimismo, observó “debilidades en los controles llevados a cabo en el proceso de redeterminación de subsidios por las áreas técnicas y de asesoría de la Secretaría de Transporte y de la CNRT”.

Por ejemplo, la CNRT elaboró informes técnicos en los que, según la Auditoría, “solo se contempla la verificación de los cálculos aritméticos, sin expedirse con relación a la aplicación de la metodología vigente, la procedencia de los reclamos (de Ferrovías) y si los mismos resultan razonables en función del nivel de actividad de la explotación”.

El trabajo de la AGN también afirma que, si bien la mayoría de los pedidos de subsidios fueron por el aumento de gastos de personal, “en los controles que hace la Secretaría de Transporte se omite verificar fehacientemente que la totalidad del personal incorporado realice las tareas que justificaron su incorporación”.

Pero hay una tercera oficina pública que también llamó la atención de los auditores. Se trata de la Jefatura del Gabinete de Asesores de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. En los informes emitidos desde esta área se detectaron “cálculos aritméticos erróneos, sin respaldo documental y donde no se explica el criterio por el cual no corresponde reconocer mayores costos solicitados por el concesionario”.

El tiempo es dinero

La investigación de la Auditoría explica que el organismo encargado de resolver los reclamos de las concesionarias, en este caso Ferrovías, es la Secretaría de Transporte de la Nación. Según el contrato vigente, el tiempo establecido para responder los pedidos de la empresa es de 30 días. Sin embargo, el organismo de control detectó “demoras” que generaron un “crédito en concepto de intereses y a cuenta de lo que surja de la renegociación, que podrían haberse evitado, de cumplir con los plazos previstos en la normativa aplicable”. Por ejemplo, en nueve de los 13 expedientes analizados por la AGN “se verificó que transcurrieron entre 103 y 292 días corridos entre la nota de Ferrovías solicitando el reconocimiento de mayores costos y la resolución respectiva que los aprueba. Tal situación  implicó que se pagaran en concepto de retroactivo e intereses $ 291.647.670,11 desde enero 2003 hasta octubre 2011”.

Esta situación fue observada incluso por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que en sus informes sobre el sistema de control interno del período 2007-2010 alertó: “Las demoras incurridas en el trámite de algunos expedientes han generado un perjuicio económico para el Estado Nacional por el pago de intereses o actualizaciones”.

La elipsis de la AFIP

Por otra parte, la Auditoría nacional verificó que, sobre los subsidios analizados no se efectuaron las retenciones previstas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en concepto de Impuesto a las Ganancias. El dato fue confirmado por la propia Ferrovías.

El tema es que, como tampoco existe ninguna reglamentación que establezca que las ayudas económicas están exentas de esa retención, la AGN le consultó a la AFIP si esos subsidios deben ser alcanzados por sus normativas. Y el organismo recaudador respondió: “No se efectuará apreciaciones de índole sustancial en cuanto a la temática que es objeto de consulta (…) toda vez que no se cuentan con los contratos y addendas respectivas”, es decir, no pueden responder la pregunta porque no tienen los papeles que detallan las transferencias de dinero que recibe Ferrovías.