Dos semanas después de que el Estado suspendiera el vínculo que mantenía con el consorcio de empresas que controlaba el sistema de boleto electrónico de transporte público, Sube, la Auditoría General de la Nación (AGN) difundió un informe financiero en el que señaló las “falencias” del Banco Mundial (BM) en su rol de contralor de todas las etapas de la contratación.

Explica la investigación que la entidad crediticia internacional debía dar su “no objeción” a los distintos trámites que tuvieran que ver con la Sube y que, en ese sentido, mantenía contacto con la Secretaría de Transporte de la Nación mediante mails que no tenían firmas oficiales que validen su contenido.

Para otorgarle magnitud a su hallazgo, la AGN destacó que en uno de esos correos se solicitó la aprobación de un presupuesto oficial de 10,5 millones de dólares, que duplicaba los cálculos iniciales sin justificación alguna. Y el Banco no objetó.

Puede leerse en el acta de reunión del Colegio de Auditores donde se aprobó el informe, que hubo “incompetencia en la actuación de los funcionarios” de la entidad crediticia.

Contexto

El proyecto Sube era llevado adelante por una unión transitoria de empresas conformada por las compañías Global Infraestructure (GI, británica), Ingeniería en Relevamientos Viales S.A.,  Ingeniería en Asistencia Técnica Argentina S.A. de Servicios Profesionales, y la firma González Fisher & Asociados.

Más allá del desempeño del Banco Mundial, la AGN remarca la “demora en todo el proceso -de contratación- que inició en junio de 2009 y culminó en marzo de 2011”; fueron 21 meses “sin que se encuentre ningún fundamento que los justifique”, dice el informe y añade que en ese lapso hubieron cinco meses de “inactividad administrativa”.

La adjudicación, valga la redundancia, se hizo en marzo del año pasado mediante una nota firmada por el Secretario de Transporte (la número 789/11). A este trámite, la Auditoría le encontró dos perlas: “La nota mencionada no constituye una autorización suficiente, ya que no reviste el carácter de acto administrativo en los términos previstos en la Ley 19.549 (de Procedimientos Administrativos). Además, la oferta técnica y financiera ganadora del proceso de selección superó el presupuesto estimado en un 18%”. Es que el cálculo original, en pesos, era de 40.845.000, pero finalmente se adjudicaron $ 48.456.759.

El 24 de julio de este año, el Estado nacional decidió suspender el contrato con el consorcio de empresas que controlaba el proyecto Sube, con sus correspondientes pagos, tras la difusión de una investigación del diario La Nación en la que se destacaban irregularidades, sobre todo de la firma británica GI; por ejemplo, la existencia de “empleados fantasmas”, y la declaración de un domicilio en Londres donde en realidad funcionaba una peluquería.

Quince días después, el 8 de agosto, se aprobó el informe de la Auditoría General de la Nación que sirve de fuente a esta nota.

Aquella suspensión de julio fue prorrogada en dos oportunidades hasta que finalmente el 4 octubre el contrato se canceló.

Actualmente, hay una investigación judicial por este tema, a cargo del juez federal Sergio Torres. Y una copia del informe de la AGN fue remitida a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4, en relación a la causa caratulada como “NN sobre delito de acción pública”.

Más observaciones de la Auditoría

Con respecto a los mails enviados desde Transporte hacia el Banco Mundial, opina la AGN que “la precariedad del medio empleado no puede ser entendido como solicitud oficial”. El tema es que, tras una consulta de los auditores, el propio organismo argentino reconoció que esa metodología “es habitual en este tipo de proyectos”, y que “la institución crediticia acepta y considera válidas las comunicaciones y notificaciones mediante correo electrónico”.

La “no objeción” al presupuesto de 10,5 millones de dólares no fue el único mail en cuestión. En julio de 2010, y también a partir de esta forma de comunicación, el BM dio el visto bueno a la evaluación de la propuesta técnica presentada por el consorcio de empresas. Sin embargo, la Auditoría afirmó: “No se ha visualizado cuál fue la documentación sometida a consideración del Banco Mundial en esta instancia”. En pocas palabras, no se pudo saber en base a qué datos la entidad crediticia tomó su decisión.

Ante este panorama, el organismo de control recomendó “instrumentar mecanismos que permitan validar el intercambio epistolar efectuado con la entidad crediticia, puesto que en nuestro sistema de derecho la vía empleada -el correo electrónico- si bien resulta útil para `adelantar´ información, no reúne los requisitos sustanciales de validez”.

Volviendo a la reunión en la que se aprobó esta investigación, las propias autoridades de la AGN destacaron el “posicionamiento” tomado por el ministro del Interior y Transporte ante las observaciones y recomendaciones del informe financiero. Y, a su vez, señalaron que el tenor de los hallazgos justifica que en el futuro se programe una auditoría de gestión sobre este tema.