Para cuando la Auditoría General de Salta finalizó sus tareas de control, en el Municipio de Cafayate faltaban $59.203,47 de una cuenta bancaria, existían diferencias entre algunos pagos y sus comprobantes, no se había designado un contador y el registro de operaciones financieras era “confuso”.

Estas falencias en el área contable fueron algunas de las que el organismo pudo registrar en su informe aprobado el año pasado, sobre el período 2010 y el primer cuatrimestre de 2011. Durante la auditoría se pudieron constatar “órdenes de pago en las que no tenían adjuntos todos los comprobantes” y cita como ejemplo la operación Nº 5.658 que “fue emitida por $22.492,13 y anexa documentación respaldatoria de –tan solo- $12.578,16”.

Se crearon varios plazos fijos con dinero del municipio que se encontraba depositado en una cuenta bancaria. Los auditores detectaron débitos por los plazos fijos de $2.850.000 mientras verificaron acreditaciones por $2.747.000 y $43.796,53, éste último monto en concepto de intereses. A partir de los valores registrados, “hay una diferencia de $59.203,47 que todavía no había sido ingresada a la cuenta bancaria al cierre de la auditoría”.

Por otro lado, se observó que el registro de las operaciones en el `libro banco´ es “confuso debido a que no pueden identificarse con claridad (o directamente no se describen) el concepto y/o el beneficiario de los distintos movimientos, el día o la fecha en que se produjeron o el número del cheque original de la operación”.

Estructura

En el informe, aprobado en noviembre de 2011, se detalla que “falta la designación del Contador General del municipio y una propuesta de terna para la designación del Juez Municipal de Cuentas”.

Además, el trabajo de auditoría indica que “no se creó el Boletín Oficial Municipal para que la publicación de los actos de gobierno tengan un alcance general, según lo previsto en el artículo 24 de la Carta Orgánica Municipal”.

Y agrega que “las ordenanzas que aprueban los Presupuestos Generales de los ejercicios 2010 y 2011 están sin numero, ni fecha cierta de aprobación por parte del Consejo Deliberante”. Tampoco “se dispusieron sus publicaciones por parte del Ejecutivo Municipal, ni se decretó el uso de las autorizaciones para utilizar los recursos necesarios para su financiamiento”.

A ello se suma que “no se estructuró un archivo que asegure la recopilación y guarda de los textos originales de las ordenanzas, decretos, resoluciones y documentos públicos”. De igual manera, tampoco se encontró organizado el registro de las operaciones financieras y patrimoniales.

Los auditores salteños señalaron que “no se implementó un régimen, reglamento u ordenamiento relativo a la utilización de los vehículos, maquinarias o herramientas de propiedad municipal”. Sobre este último punto el informe explica que “no se confeccionan respecto a cada unidad las fichas de mantenimiento que registren el estado mecánico, mantenimiento” y demás cuestiones.

En relación al sector de recursos humanos del municipio, el organismo de control indicó que “no se encuentran definidas las cuestiones relacionadas a la competencia profesional –como es- la selección, formación, evaluación y promoción para cubrir cada puesto”.

Como si lo enumerado fuera poco, los auditores salteños detectaron que “la asignación de misiones y funciones a unidades organizativas se realiza de modo erróneo” y cita como ejemplo que las materias de “bienestar deportivo” están bajo la órbita del área de Turismo y Cultura. A su vez, las tareas de las diferentes áreas “se desempeñan sin un marco de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades sean planeadas, efectuadas y controladas”.

Construcciones

Para todo lo relacionado con “la factibilidad de una edificación”, es decir con la posibilidad de su construcción, es necesario el visado de documentación técnica por parte de un profesional idóneo con título habilitante. Sin embargo la Auditoría salteña descubrió que esa función es desarrollada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, “quien no cumple con ese requisito”.