Publicado: 23-03-2012 
  
Capital Federal.- Las decisiones administrativas del APE quedaron en el centro de atención de la justicia, pero también de la propia presidenta. Este año, el organismo deberá asignar 1200 millones de pesos en compensación por tratamientos de alta complejidad realizados por las obras sociales.

Hasta hace 15 días, el APE tenía autarquía administrativa, económica y financiera. Sin embargo, el lunes 12 de marzo, con la publicación del Decreto 344/2012, Cristina Fernández designó a la politóloga Beatriz Liliana Korenfeld en la gerencia general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Korenfeld estuvo a cargo, hasta diciembre, de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Renunció cuando un sector del oficialismo santacruceño se retiró de la gestión del gobernador Daniel Peralta en oposición a algunos recortes presupuestarios.

Korenfeld asumió en la Superintendencia con un mandato expreso de Cristina. Le ordenó que se hiciera cargo en persona del control del APE, con la autoridad para decidir la evolución de los expedientes del organismo. Con esta decisión, el APE perdió su potestad de ente descentralizado. El nombramiento coincidió con la difusión de un informe crítico sobre la gestión del APE en el período 2005/2010 realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN). La auditoría de AGN, que entre otras irregularidades denuncia la entrega de prótesis a pacientes de 178 años, compromete al abogado Juan Rinaldi (titular del APE entre enero de 2006 y noviembre de 2008); a su sucesor, Hugo Sola (gerente de prestaciones médicas a cargo del organismo hasta octubre de 2009), y al también abogado Daniel Colombo Russell, titular del APE entre 2009 y abril de 2011. Rinaldi y Colombo Russell fueron abogados de Camioneros.