Un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires analizó la gestión de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), dependiente del Ministerio de Trabajo provincial. La auditoría, que abarcó el período entre 2018 y 2020, reveló preocupantes carencias en recursos, coordinación y alcance de las políticas destinadas a combatir el trabajo infantil.

Según el documento, en la Provincia de Buenos Aires se identifican zonas de alto riesgo con probable existencia de trabajo infantil. Se estima que 8 de cada 10 chicos o chicas que habitan en estos lugares trabajan. Son zonas rurales o periurbanas y se desarrollan mayormente en el marco de la actividad hortícola y ladrillera, así como en talleres y mediante la recolección de residuos, el trabajo en la calle, y el trabajo doméstico intensivo.

A pesar de la gravedad del problema, en el informe se indica que la Copreti opera con presupuestos limitados y enfrenta dificultades para coordinar acciones con otros organismos clave, como el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y el Ministerio Público Fiscal. 

La Comisión fue creada en 2005 dentro del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Su marco legal incluyó el Decreto 1303/05 y la Ley 13.803 de 2008, que estableció el Programa Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Su misión es coordinar, evaluar y supervisar políticas para prevenir y eliminar progresivamente el trabajo infantil, en línea con la Convención de los Derechos del Niño y leyes provinciales relacionadas.

Hasta 2021, "la Copreti careció de un presupuesto adecuado para abordar la complejidad del trabajo infantil”, señala el documento. Esto limitó sus objetivos y la obligó a centrarse en el “trabajo infantil peligroso”, identificado como prioridad.

La auditoría indicó, por otro lado, “problemas de fragmentación, superposición y duplicidad de programas provinciales”, lo que dificultó el abordaje del trabajo infantil, condicionó la acción de Copreti y afectó el cumplimiento de sus objetivos.

El Plan Provincial presentó líneas de acción “menos ambiciosas” en algunos casos y omitió aspectos clave. Entre ellos, el Tribunal de Cuentas destacó la “falta de estudios y diagnósticos sostenidos, una interacción limitada con actores públicos y privados, una gestión deficiente de información específica sobre el trabajo infantil y la ausencia de mecanismos sistemáticos para monitorear y seguir casos detectados”.

“No hay actividades conjuntas entre la Copetri y la Subsecretaría de Inspecciones Laborales del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”, manifestó el Tribunal de Cuentas en otro tramo de su informe. 

Sin registros ni reportes

La auditoría, aprobada en 2022, también da cuenta de que muchas escuelas “no registran ni reportan adecuadamente los casos de trabajo infantil”, lo que dificultó su abordaje efectivo.

El informe señaló, además, la necesidad urgente de “actualizar protocolos, mejorar la capacitación de actores clave y fortalecer los sistemas de información” para hacer frente a este flagelo, que perpetúa la pobreza y vulnera los derechos fundamentales de los niños y niñas.

Las escuelas, a pesar de la coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación, “no lograron identificar ni reportar de manera efectiva los casos de trabajo infantil”. Esto afectó tanto el abordaje por parte de los Servicios Locales como el monitoreo por la Copreti.

Entre las principales causas de estas deficiencias se encontraron la “desactualización de los protocolos y el desconocimiento de estos por parte de docentes y directivos”. Asimismo, muchas instituciones educativas ignoraron la existencia de la "Guía Protocolo de Articulación para el Abordaje del TI en la PBA" (COPRETI-UNICEF).

Además, se mantuvo la “naturalización o justificación del trabajo infantil” en algunas escuelas, lo que agravó la problemática. Este panorama se agravó debido a la escasa visibilidad de la Copreti en el ámbito educativo, lo que dificultó su labor de prevención y monitoreo.

La auditoría manifestó deficiencias en la “articulación con el sector de la salud”, lo que impidió que todos los casos de trabajo infantil detectados en el ámbito sanitario fueran registrados y reportados adecuadamente.

Limitaciones de la Copreti

La Comisión enfrenta hoy la falta de recursos financieros y humanos, sistemas de información deficientes, escaso compromiso de actores clave y ausencia de metas claras y plazos definidos. Estas limitaciones dificultan el seguimiento y la efectividad de las medidas destinadas a proteger los derechos de niños y adolescentes afectados.

Las acciones de la Copreti tienen una cobertura limitada, dejando sin atención sectores como la pesca, la construcción y la mendicidad. Entre 2017 y 2019, solo se intervino en el 23% de las 42 zonas previstas en el Plan Operativo Anual (POA) 2020. A pesar de su alto riesgo de trabajo infantil, la pesca y la albañilería no recibieron acciones significativas. “La mendicidad, aunque fuera de las cadenas productivas, representa el 23% de las denuncias por trabajo infantil y conlleva graves riesgos socioambientales”, expuso el documento.