Publicado: 29-03-2012 
  
El organismo aprobó la investigación que revela el desmanejo en los fondos para obras sociales.

Después de dos años de dilaciones, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó el informe que deja al descubierto el descontrol que en la última década reinó en la Administración de Programas Especiales (APE) y decidió enviarlo hoy mismo a la Justicia para que investigue la comisión de posibles delitos.

Falta de rendición y recupero de casi 700 millones de pesos que le deben las obras sociales, más de dos millones de pesos de gastos en prestaciones a beneficiarios que habían fallecido, troqueles de medicamentos falsos y pagos a prestadores no inscriptos en ningún registro son algunas de las irregularidades más gruesas del informe que ayer se hizo público y que la última semana había adelantado LA NACION.

Hasta hace pocos, la APE (el órgano destinado a dar asistencia financiera a las obras sociales para que puedan pagar prestaciones de alto costo) tenía una fuerte presencia del líder camionero Hugo Moyano.

Pero en los círculos políticos y gremiales no llamó la atención que después de dos años la mayoría kirchnerista que controla la AGN (tiene 4 de 7 auditores) se haya decidido a iluminar esta caja negra: todos lo leyeron como otra forma de soltarle la mano al jefe de la CGT.

Así las cosas, en la reunión de ayer el radical Leandro Despouy, presidente de la AGN, pudo por fin leer las lapidarias conclusiones del informe final, que los auditores aprobaron por unanimidad.

El dato más llamativo es que entre 1999 y 2010 APE les adelantó subsidios a las obras sociales por un total de $ 1200 millones (a cuenta de las prestaciones y tratamientos que ellas otorgarían), pero hasta ahora las obras sociales sólo rindieron cuentas por el 34% de ese monto ($ 405 millones), mientras que hay un 57% ($ 689 millones) por el que no presentaron los avales ni documentación correspondiente, y hay otro 5% que las obras sociales devolvieron y un 4% de montos revocados.

El informe también habla de subsidios otorgados a beneficiarios fallecidos. Son 168 prácticas médicas por un total de 2,19 millones de pesos.

Además, en un muestreo azaroso, detectaron afiliados que figuraban como recibiendo una prestación, pero algunos nunca la reclamaron y otros sí, pero nunca la recibieron.

En todos los ítems el dato que se repite es el faltante o los errores en la carga de datos en el sistema, ya sea de los beneficiarios o de los prestadores, lo que en muchos casos hizo imposible un control efectivo. Increíblemente uno de cada cuatro expedientes tramitados en la APE presentaba este problema.

Hasta la semana pasada el área de sistemas del organismo estuvo a cargo de Christian Asorey, yerno de Moyano, pero cuando empezaron a conocerse los primeros datos del escándalo el Gobierno decidió removerlo y puso a la APE bajo la órbita de la nueva gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, ex funcionaria kirchnerista en Santa Cruz.


Mafia de los medicamentos

El tema reviste tal gravedad que la AGN decidió remitir el informe completo (unas 300 páginas) a la Justicia. Lo enviarán a los juzgados de Norberto Oyarbide y de Claudio Bonadio, porque ambos magistrados investigan irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte de obras sociales.

Justamente, uno de los temas que descubrió la auditoría es que se otorgaron subsidios por medicamentos identificados con troqueles falsos. En una muestra de 45 laboratorios consultados, 12 de ellos "no pudieron identificar los troqueles como propios" dice el informe.

También se descubrieron pagos realizados a prestadores no inscriptos en los registros habilitantes. De 153 casos testeados, hubo 57 prestadores (médicos o farmacéuticos) que no figuraban en los registros o tenían su habilitación vencida. Irregularidades similares se comprobaron en los certificados médicos, con muchos profesionales a los que no se les pudo verificar la matrícula o la firma.


Discrecionalidad

Como había adelantado LA NACION el domingo, la auditoría habla directamente de "discrecionalidad o favoritismo en el tratamiento de las solicitudes", porque no se respeta el criterio de "primero entrado-primero salido" para aprobar los expedientes. Y menciona que mientras en 2009 el tiempo promedio del trámite fue de 136 días, sindicatos como camioneros, gastronómicos, personal civil de la Nación y la Uocra lograron que les pagaran prestaciones en 30 días.

También critica que se use el circuito de la APE (creada para financiar prácticas caras o enfermedades crónicas) para costear, por ejemplo, nacimientos, y que no se hayan implementado programas de salud que sí habían sido aprobados por el organismo, como el que buscaba pagar implantes cocleares en hipoacúsicos o atender el mal de Chagas.

Como frutilla del postre, la auditoría dice que el 73,17% de los expedientes aprobados no tiene documentación respaldatoria suficiente. Su rendición de cuentas fue incompleta.

"El informe ratifica y amplía las presentaciones judiciales que lograron procesar a sindicalistas, empresarios de la salud y funcionarios y espero que con esto la Justicia pueda seguir avanzando", señaló anoche a La Nacion la diputada Graciela Ocaña, que como ministra de Salud había reclamado la auditoría de la APE y después motorizó varias denuncias por este tema.