La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que al 13 de diciembre de 2024 se registraron 39 fallecimientos bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Cada año, la PPN elabora y publica un informe anual donde evalúan los problemas más graves que condicionan la vigencia de los derechos humanos en los lugares de detención.

La Procuración fue creada en 1993 con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad dentro del régimen penitenciario federal, incluyendo comisarías, alcaidías y cualquier tipo de locales donde se encuentren personas privadas de la libertad, así como de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren presos en establecimientos provinciales. 

El trabajo prioritario de la Procuración es visibilizar la realidad que viven las personas privadas de libertad, identificar las causas sistémicas de vulneración a los derechos humanos, promover la erradicación de las prácticas de tortura y trabajar para producir cambios en las condiciones del encierro. 

Leandro Halperin, abogado especializado en prevención en contexto de encierro y que actualmente se desempeña como comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aclara que “el aumento viene siendo sostenido en los últimos años en cuanto a las muertes no violentas, así como hay una baja en relación a las muertes violentas”.

En este sentido, explica que la razón del aumento de fallecimientos por razones no violentas se debe a que la atención de la salud en los contextos de encierro es “sumamente deficiente” y que durante el último año “se han agravado esas condiciones”.

"El segundo factor - amplía Halperín - que incide y también debe ser considerado en profundidad es que las personas que ingresan en la prisión ya provienen, en general, de contextos no saludables y esta situación se agrava en las cárceles federales donde la atención de la salud es mala”.  

El abogado sostiene que la atención médica en las cárceles es mínima y a demanda, “las menos de las veces que se requiere atención de salud, el sistema de salud llega, y en general la devolución son placebos o psicofármacos. Hay muy poca respuesta eficaz a los tratamientos médicos que se requieren; la atención primaria en los centros penitenciarios es prácticamente nula”.

El informe de la PROCUVIN

Por otra parte, en las últimas semanas la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) dio a conocer un informe sobre el primer semestre del año. Según el documento, durante esos seis meses hubo 15 muertes en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

Desde el 2013 la Procuraduría de Violencia Institucional contabiliza y analiza las muertes de personas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.  Los datos relevados de los 30 establecimientos que componen el SPF son publicados a través del documento Muerte en cárceles federales.

Si bien la cifra muestra una baja en comparación al mismo periodo del 2022, en ese momento se registraron 17 muertes, en relación al año 2023 se dio un notorio crecimiento, pasando de 8 muertes en el 2023 a 15 en los primeros 6 meses del 2024. 

La Procuraduría indicó que nueve de las muertes fueron por causas no traumáticas, entendidas como aquellas que suceden como desenlace de padecimientos físicos y/o de enfermedades diagnosticadas, sin desconocer que el contexto en que se producen esos fallecimientos es estructuralmente violento; y cinco por razones traumáticas, fallecimiento que suceden como desenlace de actos lesivos dirigidos a producir la muerte como su principal causal, entre los que predominan las muertes por ahorcamiento, ahogamiento y quemaduras. De los nueve fallecimientos no traumáticos, ocho se dieron extramuros, es decir en un hospital, el restante se dio en un establecimiento penitenciario. 

De los 15 fallecidos 14 eran varones y una mujer. En relación a la edad, siete tenían menos de 40 años. Por otro lado, el informe precisa que cinco de las personas fallecidas llevaban menos de dos años detenidas y que otras tres llevaban menos de un año privadas de su libertad. 

En 10 de los 30 establecimientos que integran el SPF se registraron muertes de personas. El Complejo Federal I de Ezeiza concentró el mayor número de decesos con 5 muertes, luego está la Unidad 10 de Formosa, con 2 casos. Se registró un caso en el CPF II de Marcos Paz, la Unidad N° 8 Jujuy, la Unidad N° 7 de Resistencia, el CPF VI de Cuyo, la Unidad N° 6 de Rawson, el CPF III de Güemes (Salta), el CPF V de Senillosa, y en la Colonia Penal Federal de Jóvenes Adultos (CPFJA) de Marcos Paz.