El Servicio Penitenciario Federal (SPF) custodia a un total de 11.311 personas en establecimientos penitenciarios distribuidos en 15 provincias, incluyendo cárceles, alcaidías y sujetos bajo monitoreo electrónico. 

El SPF es la institución del Estado Nacional encargada de la gestión y administración de los establecimientos penitenciarios, así como de la implementación de programas destinados a ayudar a las personas privadas de libertad a desarrollar habilidades y pautas de comportamiento que faciliten su reinserción en la sociedad.

En este contexto, la Auditoría General de la Nación (AGN) -a través de un informe de seguimiento- evaluó el nivel de cumplimiento del Programa de Seguridad y Rehabilitación del Interno entre enero de 2017 y diciembre de 2019. El objetivo de esta política pública es que el interno condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, facilitando así su reinserción en la sociedad.

La AGN concluyó que el SPF tuvo un “escaso cumplimiento” de las recomendaciones realizadas en el informe de auditoría anterior. De las 46 recomendaciones efectuadas por el organismo de control, solo se cumplieron siete, otras tres de manera parcial y las restantes 36 siguen sin regularización.

Alojamiento de condenados

La Ley de Ejecución de la Pena (24.660) establece que "los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar condenados". Sin embargo, la AGN observó que en la mayoría de las unidades penitenciarias persiste la situación de alojamiento simultáneo de internos condenados y procesados.

Al 31 de diciembre de 2017, el 57,09% de la población penal total estaba compuesta por procesados (6.770 procesados y 5.087 condenados). Al 31 de diciembre de 2018, el porcentaje de procesados aumentó a 57,94% (7.740 procesados y 5.615 condenados). Finalmente, al 31 de diciembre de 2019, el 54,73% de la población penal seguía siendo procesada (7.598 procesados y 6.282 condenados). Estos datos demuestran que la recomendación de separar a procesados y condenados no fue cumplida.

Digitalización

El organismo de control recomendó -en un informe anterior- implementar el Sistema “Legajo Personal Único de Internos” (LPU), y la digitalización de las historias clínicas de los internos. El organismo de control verificó la aplicación de los legajos. La finalidad del sistema mencionado es brindar información veraz y consistente en tiempo real de la situación de las personas privadas de su libertad, alojadas en establecimientos penitenciarios federales. 

En cuanto a la digitalización de las historias clínicas de los internos, la auditoría advirtió que se encuentra pendiente la habilitación para el acceso a la información del área de Sanidad, por lo que la recomendación fue parcialmente cumplida. 

Por otro lado, la AGN -en el documento previo- sugirió desarrollar e implementar un sistema computarizado de información sobre los traslados que se realizan. La auditoría halló deficiencias en este punto. “La Dirección de Traslados continúa efectuando un registro estadístico individual mediante sistemas manuales o computarizados independientes entre sí”, indicó el documento.  

Información desactualizada

El informe de la auditoría -aprobado en 2024- verificó que, al cierre de los ejercicios relevados (2017; 2018 y 2019), “el SPF poseía información desactualizada en relación a la cantidad de internos a disposición de la justicia federal o nacional alojados en otras jurisdicciones”. 

En detalle, en el apartado referido a 2017 y 2018 se observan jurisdicciones que presentan información de hasta 2, 4 y 6 años anteriores, situación que, si bien se fue regularizando en el año 2019, persistía en algunas provincias. 

De las 46 recomendaciones efectuadas por el organismo de control, solo se cumplieron siete.

Traslados de presos

La Dirección General del Cuerpo Penitenciario informó que -al 31 de diciembre de 2019- el avión perteneciente al SPF se encontraba “fuera de servicio activo y por normas vigentes no puede ser utilizada en la actualidad”. En concreto, debido a problemas de mantenimiento y falta de fondos, el SPF tuvo que suspender los traslados aéreos de reclusos, complicando la logística y la seguridad en el manejo de la población carcelaria.

La nave se encuentra en el Aeropuerto Internacional de San Fernando generando un “dispendio económico a la institución, tanto en el pago por la guarda del bien mueble, como por la contratación de la correspondiente póliza de seguro”, según el informe de auditoría. La AGN manifestó, además, que el organismo “no posee personal idóneo y capacitado en la materia”.

En lo que respecta a los autos utilizados por el SPF, la AGN -en el informe anterior, recomendó “disminuir la permanencia de vehículos fuera de servicio, en particular los utilizados para el traslado de los internos”. 

Sin embargo, durante los ejercicios de 2017, 2018 y 2019, se verificó que el 59,78%, 74,76% y 71,26% de la totalidad de los móviles, respectivamente, se encontraban fuera de servicio. Esto indica un aumento en el porcentaje de móviles inoperativos durante este período. Por lo tanto, la recomendación previamente formulada no fue modificada debido a la persistencia de esta problemática.

Gestión de internos de otras jurisdicciones

En referencia a los internos de otras jurisdicciones, las recomendaciones de la AGN no se cumplieron. Se había sugerido solicitar al Ministerio de Justicia que, al definir el monto por el alojamiento y atención integral recíproca de internos de extraña jurisdicción en establecimientos penitenciarios federales y provinciales, se contemple el costo diario por interno establecido por el SPF y que se consideren todos los gastos de alojamiento y atención integral de los detenidos. 

Además, se recomendó “agilizar la cobranza de los importes adeudados por las distintas jurisdicciones provinciales por los servicios prestados por el SPF," cuyo monto adeudado ascendía a $476.169.307,87 al 31 de diciembre de 2019.

Evaluación de cárceles del interior

Por otro lado, la auditoría recomendó “arbitrar los recursos necesarios para completar los relevamientos de seguridad de las unidades penitenciarias del interior”. De la documentación aportada por la Dirección Principal de Seguridad, surge que se realizaron relevamientos en materia de seguridad en los establecimientos penitenciarios del Noroeste Argentino (Chaco, Formosa y Misiones) y en la provincia de La Pampa, quedando pendientes los relevamientos en el resto de los establecimientos penitenciarios ubicados en otras regiones del país.

Situación sanitaria 

En el informe anterior, la Dirección de Sanidad emitió varias recomendaciones que la nueva auditoría consideró “no cumplidas”, entre ellas la falta de relación entre pacientes agrupados por diagnósticos; la solicitud y compra de medicamentos; y la falta de información sobre los medicamentos del Programa Remediar. 

Además, se recomendó el restablecimiento completo del uso del Hospital Central de Ezeiza y la designación de profesionales médicos en las Direcciones Médicas de las Unidades Penales del Interior U6, U8, U12, U14 y U16, aspectos que aún no se han abordado adecuadamente.

Muertes dudosas en el encierro

El equipo auditor mantuvo la recomendación sobre la “falta de información en las autopsias de muertes dudosas”, pero la modificó tras nueva información de la Dirección General del Régimen Correccional sobre la necesidad de autorización judicial para acceder a los informes forenses. La recomendación ahora establece que la Dirección de Sanidad, al realizar los informes de mortalidad anuales, debe indicar si solicitó acceso a los informes de los médicos forenses en casos de muertes dudosas, cumpliendo así con las buenas prácticas de transparencia.