Por el “efecto muy significativo” de las limitaciones a su trabajo de investigación, y las “incertidumbres” que generaron los datos recabados, la Auditoría General de la Nación (AGN) se abstuvo de opinar sobre los estados contables de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado. El tema es que, aunque la información se conoció este año, la valoración del organismo de control corresponde al ejercicio 2004.

Esta calificación se obtiene cuando un auditor no puede emitir juicio sobre los balances de algún ente, en este caso, el que administra la actividad portuaria.

Entre las incertidumbres que motivaron la abstención de la AGN, se destaca que no fue posible calcular cuánto dinero le debía la Administración de Puertos a la Dirección de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires por el pago de Ingresos Brutos. El reclamo no es nuevo, corresponde a los períodos 1988-1989, y 1990-1999. Y, si bien el ente portuario estimó unos $ 88 millones para afrontar ese compromiso, el cálculo está hecho sólo hasta septiembre de 1999 y no se registran movimientos al 31 de diciembre de 2004, en rigor, el fin del ejercicio analizado. “Se desconoce el monto no registrado que podría afectar los resultados de la entidad”, dice la Auditoría y agrega que la Administración también rechazó un intento de verificación que quiso hacer Rentas, porque -se argumentó- la oficina porteña carecía de competencia impositiva.

También generó incertidumbres en la Auditoría, el hecho de que la Administración de Puertos tenga varios frentes judiciales abiertos. Algunos surgieron por las medidas que adoptó el ente en materia cambiara tras la salida de convertibilidad, allá por enero de 2002. Estos planteos “se encuentran en proceso de resolución a la fecha del presente informe”, dice la AGN, lo que incide directamente en el cálculo del dinero previsto para afrontar juicios.

Otras demandas que no figuran en los estados contables de la Administración tienen que ver con el Fondo Estímulo previsto en su propio Estatuto, y cuya resolución judicial, según la Auditoría, “es incierta a la fecha” de la investigación. 

Pero eso no es todo. En materia de juicios, la Auditoría detectó que el ente de puertos calcula el dinero que necesita para enfrentar demandas en su contra “sin considerar actualizaciones e intereses, que en algunos casos llegan a superar el 60%. Asimismo se verificaron 119 causas, en diferentes etapas probatorias, sin especificar el monto de la demanda. Por lo expuesto, no se ha podido verificar en cuánto podría afectar (esto) a los resultados” de los balances de la Administración.

Asimismo, el organismo de control señala que, en los activos del ente portuario, no se incluyen unos $ 5.800.000 correspondientes a “Pagos Diversos a Recuperar Particulares”; esto está vinculado con desembolsos hechos al expersonal de una empresa llamada Intefema SA, cuando se rescindió un contrato de concesión en la Terminal 6 del Puerto Nuevo.

Por otra parte, desde 2003 la Administración de Puertos comenzó a usar un nuevo sistema operativo  que no ayudó a la investigación de la AGN. Es que el mecanismo era alimentado por vía manual y computarizada, “que no (habían) sido probadas formalmente, no satisfaciendo requerimientos de confiabilidad e integridad”, sentencia el informe. ¿Qué consecuencias tiene esto?, que falte documentación respaldatoria, y que se registren atrasos en la información suministrada por el ente portuario, lo que, además, “denota un bajo grado de confiabilidad en los sistemas y circuitos administrativos contables”.

Más allá del balance del ejercicio 2004, la AGN también emitió informes sobre cómo se cumplían las condiciones contractuales de las Terminales Portuarias, tanto en aquel año, como en 2005, 2008 y 2009. En esos trabajos “se pusieron de manifiesto irregularidades que atentan sobre la administración y control de la actividad de los concesionarios”, que en definitiva constituyeron limitaciones al alcance de la auditoría.

Para completar el cuadro, la AGN añade que no pudo encontrar información sobre cómo hace la Administración de Puertos para calcular el Impuesto a las Ganancias, y la Ganancia Presunta Mínima. De hecho, puntualiza el informe que “la liquidación impositiva de los ejercicios 2003 y 2004 se realizaron con balances sin auditar, difiriendo sustancialmente de los resultados contables de los Estados auditados”.

Todo esto, limitaciones al alcance de la investigación, y la incertidumbres por los datos obtenidos, provocaron que el organismo de control de abstuviera de opinar sobre los estados contables de la Administración de Puertos correspondientes a 2004. Algo parecido ocurrió en 2011, cuando, por los mismos motivos, la AGN también se abstuvo de opinar con respecto al balance del ejercicio 2003.