Publicado: 26-04-2012 
  
Santa Cruz.- El diputado por pueblo de Caleta Olivia y Cañadón Seco, Alexis Quintana, es el autor de un proyecto de ley que pretende crear, en el ámbito de la Legislatura santacruceña, la Auditoría General de la provincia. La figura propuesta contempla ser una "instancia legislativa de contralor de la ejecución presupuestaria de la provincia".

En caso de ser aprobada la creación del nuevo organismo, dicha auditoría quedaría conformada por 5 diputados en ejercicio, provenientes tanto del oficialismo como de la oposición. "Si bien la administración es quien ejecuta el Presupuesto, esta Legislatura sigue siendo quien lo sanciona. Y, más allá del control ex post que realiza, por mandato constitucional, el Tribunal de Cuentas de la provincia, entendemos necesaria la existencia de un órgano propio de la Legislatura que efectúe un control de la ejecución presupuestaria en tiempo real", expresa el proyecto en los considerandos.

Por otra parte, en su artículo tercero, el instrumento legal propuesto establece la competencia del organismo y menciona como tal: "el control externo de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración provincial, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos".

Finalmente, al ser consultado el diputado Quintana acerca de la propuesta, señaló que la misma tiene antecedentes en previsiones de la Ley de Administración Financiera Federal, "que fusiona en un solo órgano diversas competencias de la Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral permanente de Revisión de Cuentas.

Como lo decimos en el proyecto, optamos por proponer esta unión y que las autoridades sean diputados en ejercicio, a efectos de minimizar el impacto presupuestario. La crisis financiera provincial nos exige, como representantes, que llevemos tranquilidad a la comunidad respecto del destino de los fondos públicos administrados por el Estado. La mejor forma de hacerlo es desarrollar políticas que despejen cualquier duda que pueda surgir en el seno de la sociedad. Este es el objetivo", señaló.