Publicado: 28-04-2012

Santa Fe.- El diputado radical Boscarol ingresó un proyecto de ley sobre la materia. Afirma que hoy en la provincia los haberes no se encuentran protegidos frente a retenciones o débitos de entidades bancarias. El legislador, autor de la iniciativa.

El diputado radical Darío Boscarol -con apoyo de varios de sus pares- ingresó a debate un proyecto de ley para la protección de la integridad del salario de los empleados y funcionarios públicos de la administración central, organismos descentralizados y demás poderes constitucionales de la provincia, incluida municipalidades y comunas, sean agentes activos o pasivos.

El proyecto afirma que los depósitos en concepto de salario y haberes previsionales correspondientes a los agentes, efectuados en caja de ahorro de entidades financieras, denominada Cuenta Sueldo, "conservan su naturaleza jurídica eminentemente alimentaria y por ello resultan intangibles". Acota el texto propuesto que "los bancos no podrán deducir de la Cuenta Sueldo ningún tipo de servicio (préstamos personales, tarjetas de crédito, seguros, cuentas, etc.) que dicha entidad otorgue a clientes en estas condiciones".

"El objetivo principal es proteger el salario y las prestaciones provisionales de los agentes activos o pasivos de la administración central de la provincial, organismos descentralizados y demás poderes constitucionales", señaló el legislador. Enseguida, acotó que "es un objetivo político crear mecanismos legales que lo protejan, ordenando la inembargabilidad e intangibilidad, al ser los ingresos de la clase trabajadora su medio de vida, dependiendo de él la satisfacción de sus necesidades básicas, su alimento, vivienda, hábitat, educación y salud".


La situación hoy

El legislador aclaró que hoy "los salarios y los haberes previsionales no se encuentran protegidos frente a las retenciones o débitos que realizan las entidades bancarias con las que los mismos operan al encontrarse bancarizado su ingreso a través de las denominadas Cuenta Sueldo. Sin ningún tipo de límite, dichas entidades realizan descuentos mensuales dejando al trabajador sin posibilidad de recibir en su totalidad su salario, siendo que el mismo se encuentra amparado por la Constitución Nacional".

Hoy, en la provincia se protege al trabajador del sistema actual de otorgamiento de Código de Descuento reglamentado por el decreto Nº 2.420/2011. Con este sistema, los descuentos solicitados por los titulares de códigos de descuento no se autorizarán cuando superen en su conjunto el 50 % de los haberes mensuales, pero el resto de los ingresos que percibe el trabajador puede ser tomado por las entidades financieras para efectuar descuentos por los restantes servicios que éstas brindan, utilizando así la Cuenta Sueldo. De esta manera, hoy se realizan descuentos por los créditos u otros servicios que ofrecen las entidades bancarias.

"Con el proyecto, no se está privando a las entidades financieras que realicen descuentos a los trabajadores por los servicios que les brindan. Lo que se intenta es impedir que los descuentos se realicen sobre las Cuentas Sueldo, ya que el salario es intangible e inembargable", explicó Boscarol.

El informe de la OIT del 2003, referido a la protección del salario, advierte una tendencia al aumento de los descuentos de la que resulta una necesidad cada vez mayor de contar con normas protectorias e integrales para evitar descuentos a los salarios de los trabajadores que superen niveles socialmente aceptables. "Según la OIT, hay tres principios básicos: el primero la legitimidad del descuento, el segundo es el límite del descuento y por último el derecho a la información previa, continua y constante", enumeró.

"Hoy podemos ver cómo estos principios se encuentran vulnerados con el sistema de Código de Descuento y apropiación de entidades financieras que actualmente rige en la provincia", concluyó.

Presidente

Durante un acto que se realizó ayer, Gerardo Gasparrini asumió la presidencia del Tribunal de Cuentas de la provincia. Al acto asistieron autoridades del TC, representantes de Apoc (Asociación del Personal de los Organismos de Control) e invitados. Gasparrini sucede en el cargo a María del Carmen Crescimano.