Publicado: 09-05-2012 
  
Salta.- Diputados de cinco agrupaciones políticas pidieron al titular de la Auditoría General de la Provincia, Oscar Salvatierra, que se realice en forma urgente una auditoría al proceso de licitación de la obra de pavimentación de la ruta provincial 54, que se realiza con recursos del Fondo de Reparación Histórica.

Los legisladores solicitan que se determine si el pliego de bases y condiciones generales y particulares se ajusta a la normativa aplicable y si el presupuesto, fijado en $ 525.000.000, se corresponde con el costo de las obras previstas.

La nota fue elevada por los diputados Virginia Cornejo y Mario Abalos (PPS); Virginia Diéguez (Identidad Renovadora); Javier David, Ricardo Alonso y Silvia Romero (Frente Salteño) y también adhieren los diputados Román Villanueva (UCR); Silvia Jarzún y Manuel Pailler (Frente Salteño); Liliana Mazzone y Marcelo Bernard (Salta Somos Todos) y la senadora Silvina Vargas (UCR).

Solicitan que la Auditoría ejerza las atribuciones del sistema de control no jurisdiccional que establece la ley 7103 para "prevenir daños patrimoniales al fisco". Sostienen que un análisis preliminar al pliego indica "un direccionamiento de la licitación porque se limita, de diversas formas, la participación de oferentes".

También pidieron que se investigue cómo se presupuestó la cifra de 525 millones de pesos.

"Estas circunstancias ponen en evidencia la necesidad de inmediata intervención de la Auditoría, ya que se podría estar violando el artículo 7 de la ley 6838, que establece que las contrataciones deben ajustarse, bajo pena de nulidad, entre otros, al principio de igualdad de posibilidades para oferentes e interesados y el de la promoción de la mayor concurrencia de oferentes en busca del mejor precio", sostienen los diputados opositores.


Explicaciones técnicas

Ante el planteo del grupo opositor, el oficialismo buscó que el coordinador del Fondo, Rodolfo Urtubey, se reúna con la bicameral de control.

Pero por la tarde, a la presidencia de la Cámara baja se presentaron el secretario de Obras Públicas, Carlos Galarza y el titular de Vialidad provincial, Gerardo Villalba. En forma imprevista, también se sumó el ministro político, Julio César Loutaif.


"Si va ser candidato, deje el cargo"

En el tramo de las manifestaciones, y mientras se refería a la necesidad de controlar el proceso licitatorio de la ruta 54, el diputado por Cerrillos Mario Abalos, del PPS, consideró que Rodolfo Urtubey tiene que dejar el cargo de coordinador del Fondo de Reparación Histórica (FRH) si va a ser candidato a senador nacional el próximo año. El cerrillano reflotó la versión que se instaló en el ámbito político provincial apenas se conoció la decisión del gobernador Juan Manuel Urtubey de designar a su hermano para que maneje los 185 millones de dólares con los que se realizarán obras en 14 municipios de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. La única defensa en este sentido la esgrimió el diputado del PJ Mariano San Millán, quien señaló que Urtubey solo se dedica al FRH.

Otra polémica surgió cuando Antonio Hucena planteó anoche que los diputados del PJ no deben participar en actividades que no están contempladas en el bloque. La advertencia fue lanzada por el representante de Orán y titular del bloque del PJ al referirse a la visita a Tartagal de los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, quienes estuvieron con los legisladores provinciales Tito Angel (PJ) y Darío Valenzuela (PRS). No todos coincidieron con el criterio de Hucena, a quien le señalaron que nada impide que un legislador provincial esté junto a sus pares nacionales.


Plumada y la Palau

La diputada Valeria Orozco no logró el apoyo que esperaba para que la Cámara baja se pronuncie por la rescisión del contrato con Plumada, concesionaria de explotar y comercializar agua mineral Palau en Rosario de la Frontera.

Sobre el rechazo unánime, el diputado Antonio Hucena explicó que el bloque del PJ concluyó que para una expresión de esa naturaleza la cámara tendría que tener razones, pruebas y fundamentos concretos.

"El proyecto carece de fundamentos respecto a incumplimientos del contrato y tampoco podemos, con una declaración de toda la cámara, sembrar una suerte de inseguridad jurídica de manera mediática, como yo la considero", sostuvo Hucena.