Publicado: 15-05-2012 
  
En una decisión inconsulta y que despertó un fuerte malestar en Montevideo, el canciller argentino Héctor Timerman convocó ayer al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Guillermo Pomi, para exigir al gobierno de José Mujica que "ante las graves denuncias publicadas por medios de su país respecto de supuestos hechos de corrupción relacionados con el mantenimiento del canal Martín García" se inicie en 24 horas una auditoría especial conjunta del contrato.

La Argentina designará a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que está a cargo de Daniel Reposo, el funcionario que fue propuesto por la Casa Rosada para ser procurador general, y le reclamó a Uruguay que designe un organismo de control con competencia similar. En una carta enviada al canciller Luis Almagro, Timerman dijo que la intención de la Argentina es "mantener los compromisos asumidos sobre el mantenimiento y dragado del canal". Y subrayó: "Pero consideramos que es prioritario el esclarecimiento de las supuestas irregularidades descriptas por la prensa".

Los partidos de la oposición, Colorado y Nacional (blanco) de Uruguay, interpelarán mañana en el Parlamento al canciller Almagro por las relaciones con el gobierno argentino y le pedirán esclarecer los acuerdos alcanzados en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), que generaron sospechas de corrupción.

Según la oposición uruguaya cuando vencía el contrato con la empresa holandesa Riovía, que mantenía las obras del canal Martín García en el Río de la Plata, Uruguay propuso una licitación para el nuevo concesionario. Riovía cobraba US$ 12 millones anuales y otra empresa, también de Holanda, planteó efectuar el mismo trabajo por US$ 9 millones, pero la competencia se suspendió. Al final, se aceptó seguir con Riovía y pagar US$ 15 millones anuales. Ayer Timerman dijo que el precio se aprobó de "común acuerdo" en febrero de este año.

Este contrato es el que está bajo sospecha. Mujica dijo en los últimos días que si hay dudas por el contrato se deben presentar pruebas en la Justicia. Sin embargo, como el tema creció en los medios, la Argentina buscó dar un golpe de efecto con la convocatoria urgente a una auditoría.

"Uruguay nunca avaló la idea dehacer una auditoría conjunta porque esto opacará aún más el polémico tema. La solución más práctica es que el que tiene dudas lleve pruebas a la Justicia", confió ayer a LA NACION una destacada fuente diplomática de Uruguay. No obstante, Mujica dio instrucciones a su gabinete para que no se formulen declaraciones críticas al gobierno de Cristina Kirchner o al manejo de las relaciones bilaterales. Ayer, el embajador Pomi no respondió las llamadas que hizo LA NACION.

La carta de Timerman a Uruguay insta a los gobiernos a "avanzar en el llamado a licitación para la contratación de trabajos de profundización y mantenimiento de los canales del Río de la Plata entre el kilómetro 37 y el kilómetro 0 del río Uruguay hasta tanto se esclarezcan las denuncias difundidas por la prensa".

Timerman pidió esclarecer el asunto con una auditoría conjunta antes de que se prorrogue el contrato. Pero al parecer Mujica no estaba muy conforme con esto. Mucho menos dos días antes de la visita de su canciller al Congreso.