Publicado: 26-05-2012

Río Negro.- Son compras y contrataciones realizadas por tres exfuncionarios provinciales que se pagaron con fondos reservados para casos de extrema urgencia, sin justificación aparente.

El Tribunal de Cuentas promovió un proceso sancionatorio para tres ex funcionarios por pagos de servicios mediante un mecanismo presuntamente irregular. Los expedientes involucran al exministro de Familia y hoy legislador, Alfredo Pega; al exfiscal de Estado, Alberto Carosio, y al extitular de la Agencia de Deportes, Ricardo Vélez. Además, el Tribunal comunicó a la Legislatura los dos expedientes de Pega que están en trámite, a la espera de la conclusión de su mandato o el retiro de sus fueros.

En la totalidad de los procesos, el órgano de control cuestiona la utilización de "Legítimo Abono" que es "un procedimiento sólo admisible ante circunstancias imprevisibles perfectamente justificadas" y "debe ser utilizado en situaciones excepcionales de extrema urgencia". El Tribunal analiza la "responsabilidad administrativa" de esos exfuncionarios y, eventualmente, la fijación de una multa que podría alcanzar el 50 por ciento del equivalente del haber del cargo actual.

En el caso de Deportes, el Tribunal -que preside Juan Huentelaf- cuestionó ese mecanismo y, además, la compra por 24.600 pesos de 200 remeras, 80 chalecos y 40 conjuntos para los Juegos Patagónicos Deportivos (Epade) 2009 y la primera reunión Binacional de la Araucanía. Calificó de "llamativo" que la entrega se realizó el 18 de agosto del 2009, aunque la factura lleva fecha del 24 de febrero del 2010, es decir, seis meses después. Detectó que el duplicado de la boleta -entregado por el proveedor- "carece de fecha, lo que lleva a presumir que el original fue entregado a Vélez -quien lo firmó al dorso-, sin fecha y que se le habría colocado la misma con posterioridad a su recepción".

Además, el Tribunal advierte que la recepción -según el remito- fue posterior a los juegos en cuestión. "Resulta imposible" su entrega para "los juegos Epade que se cumplieron hasta el 9 de mayo del 2009" mientras que el remito tiene fecha 18 de agosto de ese año.

A Carosio, el órgano de control le imputa el pago de un contrato de servicios a una profesional incorporada a la Fiscalía de Estado, durante seis meses en el 2011, a quien se le pagó más de 60.622 pesos. Entendió que "no se encuentra acreditada la necesidad imperiosa" aducida por el ex Fiscal ni urgencia imprevisible alguna que pudiera haber habilitado al funcionario a contratar servicios profesionales de asesoría legal sin seguir los pasos regulares establecidos. Destaca además que la Fiscalía es la encargado "de velar por la legalidad de los procedimientos administrativos ".

En referencia al ex ministro de Familia, el Tribunal de Cuentas observó dos cancelaciones por "legitimo abono". La primera relacionada con un contrato con una ONG de Cinco Saltos, por cinco ancianos que se encontraban internados, por valor de 22.500 pesos. Indicó que "no se acreditó la urgencia", denunciando que los abuelos inicialmente fueron alojados en un establecimiento aún no habilitado por Salud, lo "que denota una grave irregularidad".

El otro expediente conforma un pago por casi 44.000 pesos para el arreglo de un vehículo Chevrolet Blazer para "la provisión y reemplazo de la bomba de alta presión, inyectores common rail y riel de inyección, con sus caños". El mayor cuestionamiento es que todo el trámite se inició y se completó con la firma del chofer del ex ministro. La firma de Pega "al pie de la nota importa una evidente irregularidad, porque autoriza una contratación solicitada por un chofer". Frente a otros avales, el Tribunal extiende la responsabilidad de Pega a más exfuncionarios de Familia, como el subdirector de Intendencia, Juan Rodríguez; el director General de Administración, Francisco Catellani, y la secretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Rossio. Ninguno de ellos "tuvo objeciones", sabiendo que era un simple "chofer de la privada quien había certificado que los trabajos y el cambio de costosos repuestos".