Publicado: 02-06-2012

Buenos Aires.- La denuncia penal de concejales del Frente para la Victoria por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social sufrió un severo traspié al conocerse un informe enviado por el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) avalando lo actuado por los funcionarios municipales del área en los últimos cinco años.

El informe había sido solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 21, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 1917/11. Entre otras diligencias pertinentes para esta etapa del proceso, el instructor judicial Boris Barisic remitió un oficio al Tribunal de Cuentas para pedirle a ese organismo de control bonaerense un detalle desde el año 2008 sobre la gestión del área que encabeza Oscar Teruggi, sucesor en ese cargo de Julio Elichiribehety.

Para satisfacer el requerimiento judicial y allanar el camino de la investigación se llevó a cabo un estudio sobre la rendición de cuentas de la Municipalidad de Tandil, más precisamente de la Secretaría de Desarrollo Social. "No surgieron observaciones sobre irregularidades en el otorgamiento de ayudas sociales directas", reza el informe oficial del organismo presidido por el Dr. Eduardo Benjamín Grinberg.

El informe del HTC se considera importante en el marco de la investigación por las facultades de auditoría que reviste y ejerce el área, y que le dan la capacidad y autoridad para indagar en el desarrollo de la gestión de los municipios.

Cabe recordar que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires tiene como misión -precisamente- controlar la percepción e inversión de los dineros públicos, aprobar o desaprobar las cuentas y detectar y prevenir irregularidades respecto a organismos públicos.

La denuncia contra los funcionarios de la cartera Social fue motorizada por concejales de la oposición, quienes señalaron una "posible comisión de delitos de Acción Pública".

Como se recordará, los concejales justicialistas -asesorados por el abogado Ariel Pellegrino- dijeron en sede judicial que formularon la denuncia "a los fines que se investiguen los delitos previstos en el Código Penal de la República Argentina bajo el titulo malversación de caudales públicos".

Ahora, con el informe del Honorable Tribunal de Cuentas que ratifica las actuaciones de los funcionarios en el sentido de que no se hallaron evidencias de manejos irregulares, la acusación del FpV ha comenzado a tambalearse.

Para retomar la iniciativa y hacer pie en el terreno resbaladizo de la judicialización de la política deberá producir pruebas contundentes que atestigüen las acusaciones.