La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) sostiene que se detectaron “debilidades” en la Dirección de Fiscalización y Control (DGFyC), como “la insuficiente dotación de inspectores y la falta de un padrón confiable y homogéneo de establecimientos geriátricos habilitados en funcionamiento”,  pero que, pese a ello, “se produjeron progresos en la labor inspectiva”, mediante protocolos y manuales operativos.

Los geriátricos privados de la Ciudad deben estar inscriptos en el Registro Único de la “Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores” (UGCOR) y, previamente, habilitados por la “Agencia Gubernamental de Control” (AGC). No obstante, el organismo de control, detectó que los lugares habilitados, pero no inscriptos, no son intimados a la inscripción en el registro correspondiente.

Según la Auditoría, “el 36% -de los hogares- no se encontraba inscripto en la base de datos de la UGCOR”, aunque “figuraban como habilitados en los registros de la AGC”. De la misma forma, “el 2,1% del total de establecimientos inscriptos en la UGCOR, no estaban en la base de datos de geriátricos habilitados por la AGC”.

El informe aprobado en diciembre de 2011 sobre datos de 2010, explicó que del total de geriátricos que debía inspeccionar la Dirección según los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual, “no cumplió con el 20%”.

Observaciones de la AGCBA sobre la inspección de boliches

La AGCBA evaluó la actividad de la DGFyC sobre la inspección de locales bailables, clase C. Hasta el momento de la auditoría, “había 102 locales registrados en el Registro Público de Lugares Bailables (RPLB)”. Aunque la dependencia “inspeccionó la totalidad de los lugares, un 11,6% no tuvieron resultado efectivo”, dado que “el local se encontraba cerrado al momento de la inspección”. Cabe señalar, que el “96% de las controles se hicieron en fin de semana”.

El informe sostiene que “la dotación de inspectores resulta insuficiente para un eficiente ejercicio del poder de policía”. El Departamento de Actividad Nocturna tuvo que utilizar “99 agentes de otros departamentos inspectivos, para poder fiscalizar los locales de baile inscriptos”.

En tanto, la auditoría sostiene que la dependencia no tiene un criterio homogéneo frente a una misma irregularidad. En el listado de inspecciones efectuadas por el Departamento de Actividad Nocturna sobre locales de baile, surge que “bajo idéntico concepto existieron locales intimados y locales clausurados preventivamente”. 

La DGyFC no recibe los listados con “la información requerida sobre las empresas y personal de seguridad de los locales de baile” –que debería enviar la Dirección General de Seguridad Privada-, sumado esto a la “no emisión de credenciales habilitantes a dicho personal, dificultan el control” en este aspecto.

Además, hay “falta de control sobre las cámaras de seguridad ubicadas en los ingresos y egresos de los locales de baile” y recibe “certificados de revalidación trimestral de bomberos” que “no son confiables” porque “tienen desactualizadas las fechas de vencimiento”.

Conclusión de la AGCBA

Según el informe, las responsabilidades del área auditada “conllevan un alto riesgo”. El ejercicio del poder de policía sobre locales de baile y establecimientos geriátricos, “actividades que concentran una importante cantidad de jóvenes y personas mayores” y en las cuales “ocurrieron con anterioridad lamentables sucesos”, requiere de la “permanente coordinación de acciones con los diversos organismos que intervienen en las etapas de habilitación, inscripción, control y eventual sanción de dichas actividades (DGHyP, DGFyCO, DG Seguridad Privada, UGCOR, Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales (UAAFE), Superintendencia de Bomberos)”.

Por último, pese a las irregularidades detectadas, el organismo de control señaló “progresos en la labor inspectiva”. De este modo, sostiene que “es importante señalar el dictado de diversas normas tendientes a mejorar el control interno de la organización”, como un protocolo que “estableció procedimientos y circuitos de programación”, la correspondiente confección de “herramientas de aplicación” y la aprobación de “un manual de procedimientos en materia de inspecciones”. A través de éste último, “se estandarizaron los aspectos a fiscalizar según tipo de actividad a partir de la generación de “check list” para la elaboración de los informes de inspección”.