Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) explicó que la enfermedad de Chagas “es silenciosa por sus características específicas (no suele presentar síntomas) y silenciada por afectar mayoritariamente a sectores de menor capacidad económica y visibilidad”. A pesar de que en la Argentina habría “1.6 millones de individuos afectados” y “alrededor de 1200 muertes al año”, disminuyeron los recursos asignados.

Esta patología es producida por “la infección con Trypanosoma Cruzi, un parásito que se transmite a través de la vinchuca”. Es “la principal endemia del país y se vincula con el ambiente construido bajo condiciones de pobreza”, sostiene el informe. Hay dos formas de contraer la enfermedad: una que es directamente por medio del insecto, y representa un 85% de los casos, y la otra es la no vectorial, que puede ser por transfusión de sangre, de madre embarazada a hijo durante la gestación, por ingesta de parásitos o trasplante de órganos”.

En concordancia con las características de la endemia, en 2007 “el Programa Nacional de Chagas (PNCH) fue declarado de interés nacional, a través de la ley 26.281, y se le asignó carácter prioritario a la prevención y control de la enfermedad, estableciendo la obligatoriedad de realizar pruebas diagnósticas a toda mujer embarazada, recién nacidos de madres infectadas, a los niños entre 6 y 12 años y a los donantes y receptores de órganos”.

Sin embargo, no sólo “no se reglamento la ley 26.281” sino que el PNCH “perdió asignación presupuestaria entre el 2009 y 2011”. Respectivamente se registró una suma de $28.420.900 para el primer año y otra de $14.571.950, lo que representa una disminución a la mitad del dinero girado en dos años.

Tampoco se realizaron las pruebas diagnósticas correspondientes a mujeres embarazadas: “La estimación más elevada de controles a mujeres que van a ser madres, en el sector público, es de 200.000, -lo que representa- el 48% de los nacidos”. Además, según informó la AGN, en 2010 solo se realizó el estudio para recién nacidos cuyas madres estaban enfermas, al 23,1% del total estimado para esa fecha.

Según el organismo de control, el Programa Nacional también “es el responsable de emitir las normativas técnicas para las acciones de control vectorial y no vectorial, de realizar la evaluación y supervisión de las acciones realizadas por las provincias y de proveer los insumos para realizar las acciones programadas”. Sin embargo, las observaciones de la AGN muestran falencias en todas sus responsabilidades.

Si bien es propia de la región Norte, Oeste y Centro de la Argentina -13 provincias-, la enfermedad “se encuentra extendida en todo el país por las inmigraciones internas y las vías de transmisión no vectorial”. De hecho, se registraron casos en provincias que no poseen ese riesgo, es decir, donde no hay vinchucas. Según el informe, de los “143 recién nacidos con infección chagásica”, detectados en 2009, “51 casos” corresponden a la Ciudad de Buenos Aires.

Para la Auditoría, el Programa presenta una “debilidad en el funcionamiento implementado para recibir información de las provincias” sobre el estado de la endemia, y cita como ejemplo el caso de Chaco, que “tiene un alto riesgo” pero que sin embargo, “no brindó información sobre controles de embarazadas y recién nacidos ni de niños de hasta 14 años”.

A pesar de que “es un malestar cuya emergencia está directamente relacionada con las condiciones sociales y habitacionales, no hay información sobre acciones coordinadas desde el organismo con otras áreas del gobierno”, por ejemplo, “en cuanto a la construcción de viviendas o readecuación de éstas en las áreas de mayor de la enfermedad”.

El informe, aprobado este año, asegura que tampoco “hay una vigilancia entomológica en relación al estudio de los insectos. El control de la vinchuca -en las casas- continúa siendo uno de los aspectos más débiles del programa”. En 2009 hubo un monitoreo instalado solamente en el 26% de las localidades del área endémica.

La Auditoría Nacional señaló que “los programas provinciales elaboran sus metas anuales en función de la capacidad operativa” y que “la distribución de insumos para el combate de la vinchuca depende de la disponibilidad nacional”. Ante ello, el organismo auditor recomendó al Ministerio de Salud de la Nación “prestar asistencia técnica y financiera a las provincias a fin de que las programaciones se elaboren en función de los diagnósticos”. En pocas palabras, que los recursos se ajusten a las acciones necesarias y no al revés.

También afirmó que  en el período auditado (2009) “no se pudo tomar conocimiento de la realización de acciones y campañas masivas tendientes a la concientización de la sociedad a nivel nacional sobre características de la enfermedad, número de afectados y medidas de prevención” entre otras cuestiones.

Acerca de la estructura del programa se hizo hincapié en que “la organización en tres áreas (Córdoba –donde funciona la Coordinación Nacional del control de Vectores-, las bases provinciales y el Ministerio de Salud) se lleva a cabo sin una unidad centralizadora”, lo que “debilita no solo la relación entre el control vectorial y las actividades de prevención de la vinchuca , detección, diagnostico y tratamiento de la persona afectada sino en definitiva la posibilidad de un abordaje integral de la enfermedad en sus diversas dimensiones”.