Las falencias en la entrega de subsidios del programa de Asignación Universal por Hijo para Protección Social, fueron descubiertas por la Auditoría General de la Nación (AGN), tras el cruce de datos entre las liquidaciones del plan y la base de datos de fallecidos obtenida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A partir de este trabajo, la Auditoría observó 211 adultos, con hijos beneficiarios a su cargo, que fallecieron durante febrero de 2010 -mes analizado-. De todas estas personas, 145 cobraron el subsidio pese a haber fallecido con anterioridad. Se observaron “54 defunciones en 2009, año de creación del programa, nueve corresponden a fallecimientos de antigua data y los restantes entre enero y febrero de 2010”.

El informe aprobado el año pasado, sobre datos del período 2009-2010, asegura que el organismo no emprendió “un plan” para recuperar el pago de percepciones “indebidas” una vez que las detectó. Del mismo modo, agrega que en febrero de 2010, hubo “158 casos de hijos que fallecieron y se encontraban incluidos en la liquidación”. De ese total, 105 subsidios figuran como “pagados”.

El organismo de control sostiene que los datos demoran un promedio de “144 días hábiles” en ser cargados en la “base de personas” de la ANSES y fue éste desfasaje temporal lo que “determinó el pago indebido de la asignación”.

La AGN también examinó el funcionamiento del programa en la Unidad de Atención Integral de la ANSES, ubicada en el barrio porteño Monserrat. Los auditores tomaron una muestra de 116 legajos de subsidios liquidados durante diciembre de 2009 y detectaron que “se liquida a mayor cantidad de hijos que los correspondientes”. También detallaron que hubo “liquidaciones a menor cantidad de hijos”.

Del mismo análisis surge que, en tres casos se pagó la asignación pese a que no contaban con los datos de ambos padres en la “base de datos de personas” de ANSES. Según la Auditoría, “esta situación impide corroborar que el solicitante reúna los requisitos para el otorgamiento” de esta bonificación. En otros tres casos, se liquidó el beneficio pese a que los padres del menor se encontraban trabajando formalmente, y “estar desempleado” es un requisito excluyente.

A los efectos de chequear los controles que debe realizar la ANSES, previo al pago de la asignación universal por hijo, la AGN analizó las bases de datos de beneficiarios de los distintos planes sociales de las provincias de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La Auditoría señala que “la información suministrada -en la base de ANSES- presenta “inconsistencias”. En este sentido, indica que “no puede determinarse el `período liquidado´ y, por lo tanto, se desconoce si al momento del pago, el plan (social) estaba vigente”.