La Auditoría General de la Nación (AGN) verificó el cumplimiento de los programas de construcción y mejoramiento de viviendas, durante 2017 y 2018, de la entonces Secretaría de Infraestructura Urbana. De acuerdo al informe del organismo, "no se cumplieron" las pautas con relación a la rendición de cuentas y "hubo atrasos" en la presentación de los certificados de avance de obra. 

En detalle, se registraron incumplimientos con los cronogramas de pago establecidos, no se hizo un seguimiento, ni control de los fondos públicos transferidos, ni se respetaron los tiempos establecidos para el inicio de las obras, entre las principales irregularidades. 

Entre 2017 y 2018, sólo tres de los 44 convenios de las obras iniciaron en los plazos establecidos. 

Los planes "Nacional de Vivienda" y "Nacional Hábitat" fueron lanzados en 2016 bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y su objetivo fue mejorar las áreas precarias urbanas y las localidades más vulnerables del país, a través de la inversión en obras de infraestructura básica, vehicular y peatonal, espacios públicos, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda.

Este último trabajo de la AGN, aprobado en marzo, abarcó desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018. En ese periodo se creó la Base Única de Beneficiarios (BUB) que tuvo por objeto el registro y actualización de la información referida a los beneficiarios de los aludidos planes. Sin embargo, en el análisis no se ha podido constatar su implementación. 

Para tener una magnitud de la importancia del programa, el organismo de control reveló que en los dos años auditados, Hábitat Nación recibió un crédito inicial de $4.591.244.159 en 2017 y de $3.079.267.816 en 2018. A pesar de la disminución presupuestaria, durante el segundo período relevado las obras terminadas aumentaron 198% (pasaron de 135 a 403), esto representa un total de “179.387 familias atendidas” durante 2018, 119.387 más que en 2017. 

La Auditoría observó que la entonces Secretaría a cargo del programa advirtió “debilidades significativas en la planificación de las metas físicas y asignaciones presupuestarias en la gestión de la Secretaría de Infraestructura Urbana (SUI)”. 

El informe marcó que, en el período analizado, “no se cumplieron con las normas en relación a la rendición de cuentas gubernamental”. Del mismo modo, las irregularidades se trasladaron a las rendiciones de los certificados de avances de obra presentados “fuera de término”. 

Según el relevamiento, el programa presentó un “sistema de control interno con debilidades estructurales”.

Por otra parte, el organismo acentuó que no fueron respetadas las medidas para asegurar el cumplimiento de los plazos de obra, ni sus inicios ante las “demoras verificadas en la ejecución de las viviendas”. 

Acorde a la audiencia de control, “de los 44 expedientes en análisis, sólo tres convenios iniciaron las obras en los plazos establecidos”. Por otro lado, “se ha visto amenazada la continuidad del 75% de los proyectos observados”.

Según el relevamiento, el programa presentó un “sistema de control interno con debilidades estructurales de considerable relevancia administrativa”. En detalle, no se demostró “un adecuado nivel de confiabilidad”. Para completar, la AGN observó que tampoco existe un “manual de procedimientos administrativos”.

La AGN observó que la ex Secretaría de Infraestructura Urbana al mando del programa “no exigió la presentación completa de las rendiciones de cuentas” sobre los fondos públicos transferidos, “ni controló su exactitud, consistencia, ni el nivel de cumplimiento”. 

Distintas auditorías, mismos resultados

Esta no es la primera vez que la Auditoría habla de la falta de rendiciones de cuenta. Informes aprobados en 2020 y 2014 señalaron que las justificaciones de los fondos entregados por Nación eran “incompletas”. Además, relevamientos previos detallaron demoras tanto “en la ejecución de las viviendas", como en su inicio.