La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre lo que fue, hasta hace unos cinco años, el “programa más significativo” de viviendas del país y, si bien detectó mejoras en relación a investigaciones anteriores, como el acceso de las nuevas casas a los servicios públicos, volvió a remarcar irregularidades vinculadas, por ejemplo, a la falta de rendición de cuentas. 

La iniciativa en cuestión es (era) Techo Digno, un programa lanzado en 2008 bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat. El proyecto fue discontinuado en 2017, cuando se creó el Plan Nacional de Vivienda, y todo pasó al Ministerio del Interior y Obras Públicas.

Este último trabajo de la AGN, aprobado en agosto, abarcó desde 2012 hasta 2015. Para tener una magnitud de la importancia del programa, el organismo de control reveló que en esos cuatro años, Techo Digno “recibió en promedio un 45,7% del total de transferencias destinadas a los Planes Federales de Vivienda”. 

A pesar de esa relevancia, la Auditoría observó que la entonces Subsecretaría a cargo del programa “no exigió la presentación completa de las rendiciones de cuentas” sobre los fondos transferidos, “ni controló su exactitud y consistencia”.

El informe marcó que, según la reglamentación de Techo Digno, el incumplimiento en las justificaciones de los gastos habilitaba al Estado a “intimar para que en el plazo de 30 días se presente (la documentación) correctamente”. Y, si aun así persistía la irregularidad, se debía “detener o interrumpir el envío de fondos y adoptar las acciones que jurídicamente correspondan”.

Sin embargo, los técnicos recordaron que en Mendoza, por ejemplo, “el 48% de las rendiciones estaban incompletas”, y, ante ese panorama, la Subsecretaría no exigió ni intimó su presentación”. Además, “tampoco afectó el envío de fondos”. 

Entre 2012 y 2015, Techo Digno recibió, en promedio, el 45% del total de transferencias destinadas a los Planes Federales de Vivienda 

Para la AGN, el hecho de que “los beneficiarios no presentaran la documentación de la rendición ni los extractos bancarios”, generaba que “la Subsecretaría no tuviera certeza del destinatario” de las transferencias.

Esta no es la primera vez que la Auditoría habla de la falta de rendiciones de cuenta. En un informe aprobado en 2014, el organismo ya había señalado que el 88% de las justificaciones de los fondos entregados por Nación eran “incompletas”.  

Por otra parte, el informe remarcó que no se tomaron las medidas para asegurar el cumplimiento de los plazos de obra ante las “demoras verificadas en la ejecución de las viviendas”. 

Es que, según el relevamiento, “no se respetó el Plan de trabajo acordado en los convenios” y, de hecho, “las 38 obras analizadas registraron demoras en su ejecución física, de las cuales el 76% presentó (retrasos de) entre uno y cuatro años”.

Frente a esto, “la Subsecretaría no ejerció ninguna acción para regularizar” la situación, y hasta “siguió girando fondos”, concluyeron los técnicos. Asimismo, el informe añadió que “no se otorgó en término las escrituras traslativas de dominio”. 

Para completar, el organismo de control notó que, en el marco de Techo Digno, “se entregó la No Objeción Técnica (NOT) a proyectos que no preveían satisfacer como mínimo un 5% de las viviendas para personas con capacidades diferentes de acuerdo a la normativa vigente”.

Y además, “la Subsecretaría no elaboró indicadores que evalúen la efectividad del programa Techo Digno para disminuir las necesidades habitacionales”, sentenció el informe a pesar de que ese era, justamente, el “objetivo principal” de la iniciativa. 

La buena

El cambio destacado como positivo por el organismo de control tiene que ver con el acceso de las viviendas a los servicios públicos, algo que es considerado “un pilar de las buenas prácticas en los planes habitacionales”.

Es que, en el ya mencionado informe de 2014, se había objetado el avance de obras pese a la falta de servicios. Por ejemplo, en el barrio El Garrote, de Tigre, se levantó un barrio cuyas casas “no pudieron ser entregadas por la falta de obras de los nexos de infraestructura a los servicios de agua, cloaca o gas”, decía la anterior investigación.

Dato al margen, las viviendas quedaron a medio hacer y fueron intrusadas por unas 80 familias el último domingo. 

Asimismo, en los barrios Favaloro y María Teresa de Calcuta, de José C. Paz, se observó que "no había instituciones educativas, ni públicas ni privadas, ni existía un centro de salud ambulante, y tampoco se disponía de espacios para actividades recreativas, deportivas ni sociales”. En ese entonces, en el barrio vivían unas 1.850 familias.

Pues en esta oportunidad, la Auditoría General de la Nación reconoció que “las viviendas visitadas contaban con acceso a los servicios públicos y estaban integradas a la comunidad”.