En 2019, Argentina presentó el Cuarto Plan de Acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). En estos documentos, los gobiernos se comprometen a realizar acciones concretas para promover la transparencia, luchar contra la corrupción y mejorar los servicios públicos. ElAuditor.info dialogó con Rosario Pavese, coordinadora de Apoyo a Gobiernos - Américas de la Alianza, para conocer los avances que tuvo el país en esta materia. 

- De los 16 compromisos asumidos en el Plan de Acción 2019-2021 ¿Cuáles llegó a cumplir Argentina? ¿Cuáles quedan pendientes? ¿Cuáles no se podrán cumplir?
 
OGP cuenta con un Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) por sus siglas en inglés, que está encargado de evaluar el cumplimiento de los estándares requeridos por OGP en el proceso de desarrollo del plan de acción y la capacidad transformadora de los compromisos. El informe final todavía no ha sido publicado pero será compartido para comentarios del público en la página de OGP. 
 
Este informe se producirá al finalizar el proceso de implementación del plan de acción. Es importante tener en cuenta que debido a la crisis sanitaria global, OGP emitió una flexibilización de las reglas para este año, por la cual se le permitió a los países extender por un año la implementación de sus planes. Argentina adoptó esa extensión a partir de la decisión de su foro multiactor (compuesto por representantes de sociedad civil y de gobierno), por lo cual el plan 2019 - 2021, ahora finalizará el 31 de agosto de 2022. Actualmente la Mesa de Gobierno Abierto se encuentra realizando los últimos ajustes a este plan extendido. 
 
-¿Cómo afectó la pandemia (para bien o para mal) en el desarrollo de los compromisos?
 
Estas medidas de flexibilización de las reglas que mencionamos en el punto anterior se adoptaron teniendo en cuenta la dificultad para la ejecución de muchas de las actividades que habían sido planteadas, la mayoría de ellas con un componente fuerte de presencialidad. Sin embargo, es importante destacar que la emergencia no pone en pausa la agenda de gobierno abierto. 
 
Muy por el contrario, la pandemia de COVID-19 demostró que los valores de participación, colaboración y rendición de cuentas son más relevantes que nunca. Por ese motivo, OGP lanzó la campaña Respuesta Abierta + Recuperación Abierta, la cual hace un llamado a todos los países a combatir la pandemia a través de iniciativas de gobierno abierto y asegurarse que la respuesta y recuperación a la pandemia sean abiertas, transparentes, participativas y beneficien a quienes más lo necesitan. OGP hizo un esfuerzo para centralizar recursos, aprendizajes, eventos y recomendaciones pertinentes que resultaron en la Guía de Gobierno Abierto y Covid, que fue co-creada a nivel global, e incluye ejemplos de diversas partes del mundo acerca de cómo los países están aplicando un enfoque abierto para brindar mejores soluciones en el contexto de la emergencia. Argentina por ejemplo, decidió publicar los datos de ATE e IFE en su portal de datos abiertos, para mejorar la transparencia activa en este punto.
 
Al mostrar cómo el gobierno abierto sustenta una respuesta efectiva, OGP ayudó a mantener estos problemas en la mente de reformadores y apoyó los esfuerzos de la sociedad civil para hacerle frente a problemas importantes como el cierre del espacio cívico durante la pandemia. 
 
- ¿Cuáles son los desafíos a futuro que debe plantear Argentina?
 
Desde OGP entendemos que el foco de Argentina y de la región va a estar en el proceso de lo que denominamos “recuperación abierta”. Durante la Cumbre Virtual de Líderes de OGP, el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, mencionó por ejemplo que alrededor del 5.5% del PIB está siendo invertido en la recuperación de Argentina a la pandemia. Con montos de tal magnitud, es clave que apliquemos los valores de transparencia, rendición de cuentas y colaboración entre sectores y gobierno, para garantizar que el gasto público sea utilizado eficientemente. 

Para que los miembros de OGP como Argentina se puedan recuperar completamente de la crisis sanitaria y económica, la primera prioridad debe ser garantizar la transparencia, participación ciudadana y supervisión pública sobre los millones que se están invirtiendo a nivel mundial en redes de estímulo y seguridad. Cuando tanto dinero se mueve tan rápido, existe un alto riesgo de corrupción, captura y desperdicio. Por ello, es necesario contratos abiertos, presupuestos abiertos y empoderar a la ciudadanía a que sigan el dinero. Organizaciones como Poder Ciudadano, por ejemplo, han hecho un esfuerzo importante para poder centralizar y poner a disposición la información de compras para hacerla accesible. Otras como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) han puesto el énfasis en la necesidad de que la justicia sea “abierta” y garantice el acceso para toda la ciudadanía aún en contextos de emergencia. Estos son tan solo algunos ejemplos de muchos, pero demuestran el aporte clave de la sociedad civil en estos procesos.  

La respuesta también debe ser abordada desde una perspectiva de inclusión y género también, para asegurarnos que la ciudadanía entera, especialmente quienes han sido históricamente marginadas y marginados, participen en la toma de decisiones que les afecta. 

Es importante también hacerle frente a las restricciones a las libertades cívicas y asegurarnos que los gobiernos reviertan las medidas tomadas en pos de la pandemia para mejorar el espacio cívico. Todo esto es importante para reconstruir la confianza entre la ciudadanía y el gobierno para crear democracias resilientes, más abiertas y más inclusivas que respondan a las necesidades de todas y todos.