Aunque suene paradójico, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) tiene una oficina que parece ser el peligro en sí mismo. 

Es que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en Cipoletti -Río Negro- funciona el Centro de Documentación de Presas, dependiente del ORSEP, que “adolece” de señales para emergencias, de hecho no se vieron carteles que indiquen las salidas, y tampoco tiene un sistema de prevención contra incendios. 

Por si fuera poco, la AGN añadió que al momento de la investigación “la carga de matafuegos se encontraba vencida y la ubicación de los mismos era incorrecta”. Para entender la magnitud de su observación, los mismos técnicos completaron: “Es de destacar que los materiales (que están en la oficina) son altamente inflamables tanto por cantidad como por calidad”. 

No obstante, hubo otra particularidad del Centro de Documentación de Cipoletti que llamó la atención de la Auditoría. Dice el texto: “No se pudo obtener una evaluación técnica de la capacidad estructural de las salas de archivo (que demuestren) si soporta el significativo peso de sus instalaciones. Esto se evidenció al notar que hay numerosos estantes de gran altura y densamente cargados”.

Sofisma

La AGN analizó varios aspectos del funcionamiento del ORSEP, a casi seis años de la última investigación que le dedicó al ente y que fuera oportunamente reflejada por este medio (ver El Auditor.info). 

Una de esas aristas fue la cuestión contable. En ese sentido, se aclara que el organismo tiene dos fuentes de financiamiento. La primera surge de los convenios que firma con provincias e instituciones para prestar asistencia técnica en lo que se supone que es su especialidad, la seguridad.

La AGN quiso saber detalles sobre esta modalidad de recaudación y desde el ORSEP se informó que en 2011 los Ingresos por Convenios habían ascendido a $ 298.100. El problema era que ese monto difería del que fue registrado y dado a conocer por el área contable para el mismo ejercicio: $ 159.315.

Para más –en realidad, para menos-, la Contaduría General de la Nación recibió un tercer número, que finalmente fue volcado a la Cuenta de Inversión 2011. En ese documento, donde aparecen todos los movimientos contables del Estado, los Ingresos por Convenios del ORSEP ascienden a $ 0.

La otra fuente de ingresos del organismo es el Canon que le cobra a las 13 concesionarias de los emprendimientos hidroeléctricos. Por este concepto, el ORSEP percibió $ 11.997.785,50 durante  2011. 

Los auditores compararon ese dato con los registros contables y detectaron que allí “no figuran pagos de varios meses en distintas hidroeléctricas, de los cuales sí se constató la existencia de los respectivos comprobantes (de desembolsos)”.  

Asimismo, se observaron “pagos dobles en un mismo mes”, y, al igual que lo advertido con los Ingresos por Convenios, en el concepto Canon tampoco coincidieron los valores expresados con los que finalmente se informó a la Contaduría nacional para la Cuenta de Inversión 2011.

Por todo esto, el informe concluye que “el procedimiento de registro, contabilidad y control de los recursos del ORSEP resulta deficiente e incongruente”.

Sanciones

De las 70 represas que hay en el país, el ORSEP tiene jurisdicción sobre 31, que están concesionadas por 13 operadoras y distribuidas en cuatro regiones (Norte, Cuyo-Centro, Comahue y Patagónica).

La forma de determinar cuánto es el canon que deben pagar las concesionarias surge de las declaraciones juradas que presentan las mismas operadoras. Esta metodología está expresada en una resolución del propio ORSEP, la que sin embargo nada dice sobre las sanciones que se deben aplicar en caso de incumplimientos. 

Sobre esto, la AGN observó que “de las 13 concesionarias hidroeléctricas, nueve presentan todos los meses la declaración jurada según el modelo establecido”, mientras que las cuatro restantes informan algunos datos, aunque sin respetar el modelo impuesto.

Sin embargo, la Auditoría dice que “el ORSEP no ha intimado” a las concesionarias para que regularicen su situación, y ni siquiera valida la información provista por las operadoras respecto a los montos depositados por canon, pese a que es su principal fuente de ingresos.
 
Alguien PIDE seguridad

En su informe, la AGN deja otra perla: “El ORSEP no ha elaborado el Plan Interno Durante Emergencias (PIDE) de la Unidad Presidencia”. 

El PIDE es un protocolo que debe mantenerse actualizado y ejercitado para asegurar que todo el organismo sepa cómo actuar ante eventuales situaciones de crisis.

Como se dijo, la sede central del ORSEP nunca elaboró su correspondiente PIDE, algo que sí hicieron las cuatro delegaciones regionales. 

Otras obligaciones

Según la normativa vigente, el ORSEP está obligado a elevar Informes Anuales sobre el estado de las presas, embalses y obras auxiliares y complementarias ante la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Ministerio de Planificación Federal. 

Sin embargo, los auditores detectaron que el ente “no eleva en tiempo y forma” estos relevamientos, y tampoco hay constancias de que la SOP los haya reclamado.

La cosa no quedó ahí porque, con el objetivo de avanzar en la investigación, la AGN provocó casi sin querer que el ORSEP cumpla con su obligación. Es que, para conocer detalles sobre estos informes, los auditores se los solicitaron a la misma Secretaría de Obras Públicas, la que, ante esto, debió pedirlos en forma urgente al Organismo de Presas. Sólo así fue posible acceder a la información correspondiente al periodo 1999-2011.

¿Y sobre la seguridad?

Existe dentro del ORSEP el llamado Procedimiento General de Fiscalización de Seguridad de Presas, que consiste en la elaboración de informes mensuales y anuales a partir de controles e inspecciones de Ensayos de Equipamiento Hidroelectromecánico. Estos datos deben ser volcados en tres planillas con un formato –supuestamente- ya establecido. 

No obstante, la AGN remarcó que las delegaciones del organismo “no siguen criterios homogéneos” para rellenar las planillas, y amplió: “La información (vertida en los documentos) carece de uniformidad/homogeneidad entre las regionales -lo que- dificulta las tareas de seguimiento desde la Presidencia o desde la Unidad de Auditoría Interna del ORSEP”.

Aquel Procedimiento también establece que se debe presentar en cada diciembre un Plan de Actividades de Fiscalización para el año venidero. En este caso, la Auditoría sostiene que las oficinas regionales sí entregan sus proyecciones, aunque “en forma diferente, incompleta y poco clara”, porque “no se especifica un formato” que rija el armado de los documentos; una situación que, en definitiva, “dificulta las tareas de control” y de seguimiento de la gestión.

Asimismo, estas diferencias se advierten en otro aspecto; es que como la oficina central “no ha desarrollado un sistema informático que registre todas las tareas de fiscalización y control de las presas bajo su jurisdicción”, cada delegación usa su propia metodología. Por ejemplo, la AGN enumera que “la Regional Patagonia utiliza un software SIADOC provisto por ORSEP; la Regional Cuyo-Centro (lo hace) mediante planillas tipo Excel, y la Regional Norte, una base de datos (distinta del SIADOC) para cargar notas e informes mensuales”.

Desorden y receptividad 

En el informe aprobado en 2008 por la AGN se advertía sobre las dificultades en la estructura organizativa del ORSEP. Pues en la reciente investigación, esta observación vuelve, pero ampliada.

Dice textual: “La entidad no ha consolidado aún la estructura organizativa, y la articulación entre las distintas Direcciones Regionales y la Presidencia no es dinámica ni flexible. El organigrama es aún una tarea pendiente, teniendo en cuenta que el Organismo fue creado en 1999. (También) persiste un elevado grado de desorden dentro de su estructura interna”. 

Y completa: “En conclusión, la estructura interna del organismo resulta confusa”. 

Volviendo a aquel relevamiento de hace seis años, la Auditoría había dejado asentadas unas 18 observaciones relacionadas con diversos aspectos de la gestión del organismo. Ya en el informe aprobado en mayo de este año se advierte que nueve “han sido subsanadas”, lo que llevó a la AGN a concluir que “tanto la Secretaría de Obras Públicas como el ORSEP muestran una mediana receptividad respecto a las recomendaciones efectuadas oportunamente”.